El Inameh, en su monitoreo diario durante la temporada seca en el territorio nacional, utiliza el índice de Armstrong a través de la generación de indicadores y rangos de peligrosidad, para calcular el riesgo de incendios forestales, que va desde los 2,5 hasta los 5,5. Aragua está entre los 3,5 a 4,5. De allí que en las últimas semanas se propaguen con mayor frecuencia los incendios de vegetación.

Maracay. Aunque desde diciembre del 2018 fue activado el Comando Nacional Unificado para la Prevención y Control de Incendios Forestales ubicado en la Base Aérea El Libertador, en el estado Aragua, los incendios forestales dentro del Parque Nacional Henri Pittier siguen propagándose, no solo dentro del parque nacional, sino también fuera de él, lo que constituye no solo un peligro para la flora y la fauna del estado, sino también para la ciudadanía.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emite regularmente un boletín diario de Alerta temprana al riesgo de incendios forestales, en el que Aragua se ubica entre los índices de mayor peligrosidad. El Inameh utiliza el índice de Armstrong, a través de la generación de indicadores y rangos de peligrosidad, para la clasificación que se usa para calcular el riesgo de incendios forestales, que va desde los 2,5 hasta los 5,5.

Aragua está entre los 3,5 a 4,5. De allí que en las últimas semanas los incendios de vegetación se propaguen con mayor frecuencia, aunque el G/D Nicodemo Ramos, comandante de la Zona de Defensa Integral en Aragua (Zodi), informó que en “lo que va de 2020 los incendios forestales en la entidad solo han afectado unas 18 hectáreas en zonas no comprometidas”.

Foto: Cortesía

La autoridad única de ambiente en la región dio cuenta sobre las 2000 hectáreas afectadas por los incendios forestales durante el 2019.

Según reportes de la secretaria de Ambiente y Minas del estado Aragua, Carmen Cannata, para el 20 de enero del presente año habían ocurrido tres incendios forestales que afectaron 12,8 hectáreas del parque Henri Pittier.

Pero para Enrique García, director de la ONG ambientalista Sembramos Todos, tales cifras están maquilladas. “Esas cifras son falsas. Solo en los terrenos militares de La Placera han quemado más de 30 hectáreas en lo que va de año”, sostiene.

Prueba de ello fue el incendio registrado el pasado 25 de enero, detrás de la escuela de Policía y a escasos 300 metros del cuartel de los Bomberos del estado Aragua; el que se registró el 24 de enero en la zona perimetral del hospital militar Elbano Paredes Vivas y el cual amenazaba con cubrir un cilindro de gas que surte al centro asistencial; el incendio registrado el 22 de enero a las 9:30 de la noche en la Escuela Práctica de Agricultura (EPA), ubicada en la Intercomunal Turmero Maracay; o el que se registró la noche de este domingo 26 de enero en la Urbanización El paseo en Mario Briceño Iragorry, solo por mencionar algunos.

También son incontables y frecuentes los incendios que casi a diario se registran en las orillas de la autopista regional del centro.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Parques (Inparques) en la región dio a conocer el inicio del proceso de actualización y regularización del voluntariado en Aragua, con miras a realizar mesas de trabajo en febrero con las agrupaciones voluntarias para “tratar aspectos técnicos relacionados con el combate, prevención y educación en materia ambiental y de incendios forestales, en esta temporada seca”.

En diciembre de 2018, el gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, y el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez Araguayán, anunciaban la dotación de ocho helicópteros, además de un avión Hercúles C-130 con capacidad de hasta 10.000 litros de agua, para labores de rescate y combate de incendios en la región.

La vida de los aragüeños en riesgo

Los incendios de vegetación o incendios forestales constituyen un peligro para la naturaleza y también para las personas.

La muerte de 11 jóvenes entre 10 a 18 años, quienes fallecieron calcinados en medio de un incendio en un cañaveral en el municipio Sucre, reactivó las alarmas de la ciudadanía y de los grupos ambientalistas de la región, para quienes las llamadas quemas en los cañaverales también son incendios forestales.

La trágica muerte de estos adolescentes ocurrió en un cañaveral propiedad de Agrícola El Lago, miembro de la Sociedad de cañicultores del estado Aragua (Socaragua) y de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca). Ambas organizaciones expresaron a través de un comunicado la consternación del sector cañicultor nacional por los hechos ocurridos en Cagua, que cobraron la vida de 11 personas y afectaron a uno de sus agremiados.

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Foto: Gregoria Díaz

“El sector cañicultor se encuentra todos los años afectado por quemas no controladas de caña por parte de personas ajenas, lo que genera daños en los cultivos e implica severos riesgos, como quedó evidenciado con lo ocurrido este jueves”, señala el comunicado.

La cosecha de Agrícola El Lago estaba programada para el 10 de febrero, fecha para la que la caña estaría madura y óptima para su aprovechamiento, así como “activadas todas las precauciones habituales del proceso de cosecha”.

A raíz de la tragedia en la Carpiera de Cagua, la vieja práctica de la quema de la caña de azúcar nuevamente se pone en entredicho.

“No porque sea tradicional, es buena”, dice enfático Enrique García de Sembremos Todos, para quien la quema en cañaverales trae incidencias negativas sobre el ambiente y las personas.

La quema en los cañaverales origina severos daños, tales como disminución del material orgánico disponible en el terreno, deterioro en la tierra, pérdida de nitrógeno, entre otros.

En los cultivos de caña de azúcar se realizan las llamadas quemas controladas, es decir, “un fuego provocado intencionalmente a material vegetal, bajo un plan preestablecido, en el cual se asumen todas las medidas preventivas para mitigar daños a los recursos naturales y propiedades colindantes, la cual se realiza con fines fitosanitarios, facilitación de cosechas o limpieza de terrenos”.

Pero aun siendo controladas, los daños que estas quemas o incendios producen en la atmósfera van desde emisión de humo y gas, incremento de los niveles de ozono en la baja atmósfera y del monóxido de carbono, incremento de contaminación del aire, hasta la posibilidad de pérdida de control del fuego en los campos, la destrucción de fauna nativa, enfermedades respiratorias y gases efecto invernadero.

¿Es la quema de caña de azúcar un mal necesario? Para los cañicultores sí, pues además de una añeja costumbre, obedece a lo ahorrativo de su práctica y porque constituye la única manera de limpiar el rastrojo en los terrenos, el follaje seco, y elimina arañas, roedores y garrapatas.

Aunque aún no se han determinado las causas que originaron el incendio en el cañaveral el pasado 23 de enero, distintas versiones se lo atribuyen a los fuertes vientos que soplaron esa tarde y a los focos de calor que se han registrado en la zona, por una parte, o a la negligencia o impericia por parte de la empresa propietaria del cañaveral al no hacer la quema de la caña en horas de la noche, como es costumbre, y cuando las temperaturas son más bajas y existe menos riesgo para quienes viven en la zona.

Algunos vecinos de la Carpiera han denunciado que desde hace años los propietarios de la finca no utilizan cortafuegos para controlar las llamas y que no es la primera vez que los cañicultores hacen las quemas durante el día y sin previsiones.

El 28 de febrero de 1997, siete voluntarios combatientes de incendios: Víctor Manuel Blanco, Antonio Villegas, Ángel García, Héctor Celis, Javier Páez, Gregorio Javier Solís y Douglas Olivo Castillo, pertenecientes a la Brigada Tragahumos de Santa Eduvigis, perdieron la vida luchando por detener el fuego que había iniciado en la zona militar de Cavim.

En ese entonces, el ecologista Edward Castillo expresó que pese haber advertido a las autoridades de instalaciones públicas colindantes con el parque que evitaran quemar la vegetación en épocas de sequía, los incendios continuaban. El incidente en Cavim no fue avistado, ni combatido a tiempo e Inparques buscó a la Brigada de Voluntarios de Santa Eduvigis cuando ya era tarde. Las víctimas, en palabras de Castillo, se sacrificaron en vano y sus familias nunca fueron indemnizadas.

Ellos fueron buscados por un órgano del Estado para apagar un incendio de una instalación del Estado, que solo pudo haber iniciado el personal de esa instalación y los dejaron allí abandonados a su suerte, sin plan de escape ni recursos. Por si fuera poco, no existe sala de cuidados intensivos para quemaduras, denunció el también secretario sectorial para la Protección Ambiental y el Ordenamiento Territorial en Aragua durante la gestión de Tareck El Aissami.