Asamblea Nacional: Maduro amenazó pero no habló de los problemas de la gente

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La plenaria declaró el incumplimiento del artículo 237 constitucional que ordena al presidente de la República presentar su informe de gestión ante el Poder Legislativo y no ante la Constituyente, aún si fuera legítima.

Caracas. El acto constitucional de presentación de Memoria y Cuenta por parte del presidente de la República establecido en el artículo 237 “no se cumplió”. Así lo determinó este martes el pleno de la Asamblea Nacional (AN) luego de evaluar la intervención de Nicolás Maduro ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) registrada el pasado lunes.

En el debate, ese incumplimiento tuvo dos vertientes: por un lado, el hecho jurídico de que el Presidente no rindió cuentas ante el Poder Legislativo como lo manda la Carta Magna, y en segundo lugar, porque consideraron que la exposición ofrecida por Maduro en la ANC no registró la gravedad de la crisis social y económica atravesada en 2017 ni tampoco presentó las cuentas del Gobierno.

Alfonso Marquina (PJ-Lara) le recriminó a Maduro no haber hablado de la inflación de cuatro dígitos pese a contar con un decreto de emergencia económica, ni de la contracción de la economía durante 16 trimestres seguidos, ni del destino de los recursos que ingresaron por el aumento promedio de 11$ por barril de la cesta petrolera entre 2016 y 2017, ni de las muertes por difteria y paludismo, ni de la fuga masiva de jóvenes, entre otros asuntos.

Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) se preguntó: “¿En dónde está la inversión social de 74,1 % del PIB” de la que habló el mandatario la noche del lunes, y repudió que prometiera para 2018 “la ampliación y expansión del mecanismo de control social diseñado entre los Clap [Comités Locales de Abastecimiento y Producción] y el carnet de la Patria”.

El diputado Luis Silva mostró en un cartel su opinión acerca de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro.

Carlos Paparoni (PJ-Mérida) fustigó a Maduro con cifras sobre la monumental caída de la producción agrícola y pecuaria:

En 2017, en sorgo cosechamos solo 4 % de los requerimiento de consumo; en maíz, estuvimos por debajo del 20 % del consumo; en soya, 0 %; en arroz, 10 %. En 2017 se sembró sin abono. Por cada kilo de carne regulada el productor perdió entre 62.000 y 70.000 bolívares. El ‘plan conejo’ anunciado por Bernal fracasó porque por cada conejo que se cría, nosotros criamos 32 gallinas. De eso no habló Maduro.

Reiteran la necesidad de la ayuda internacional en materia de salud

La plenaria también discutió y aprobó un acuerdo sobre la situación de la salud en el marco de crisis humanitaria, que ratifica la declaratoria de emergencia humanitaria, mantiene exigencia al Gobierno de solicitar ayuda internacional y convoca a ONG y Cámaras Farmacéuticas para encontrar soluciones.

En medio del debate, la directiva concedió un derecho de palabra a Francisco Valencia y a Natasha Albarrán, ambos pacientes trasplantados, quienes relataron la indefensión y riesgo de muerte que enfrentan porque el Estado no les proporciona los medicamentos para que sus órganos funcionen.

José Manuel Olivares (PJ-Vargas) ofreció cifras actualizadas de la comisión de Salud de la AN:

Los pacientes trasplantados tienen 4 meses sin recibir medicinas. Somos el único país de Latinoamérica donde no hay trasplantes de órganos de cadáveres. Tenemos 90 % de escasez de quimioterapias; somos el país de Latinoamérica donde más mueren los pacientes de cáncer. Hay una escasez de antibióticos de 75 %; de los 12 antibióticos existentes, solo llegan 3. Solo 5 % de los hospitales públicos puede tratar o diagnosticar un infarto. De 3500 niños cardiópatas, en 2017 solo operaron a 400.

AN rechazó en pleno prórroga de Estado de Excepción

El pleno también acordó rechazar y negar la nueva prórroga dictada por el Ejecutivo al Estado de Excepción y emergencia económica, vigente desde enero de 2016. Como se sabe, la Constitución y la Ley orgánica de estado de excepción y emergencia solo permiten que dichos mecanismos tengan una duración máxima de 120 días.

José Guerra (PJ-Caracas) dijo que en dos años de inconstitucional vigencia, el decreto de emergencia solo ha servido para “desatar la inflación en 3200 % desde enero de 2016; hundir la economía en la recesión, perdiendo casi 30 %; desatar la devaluación de la moneda con una depreciación del bolívar de 19.000 % desde enero de 2016 a enero de 2018; y para empobrecer a las familias”.

La AN discutió además sobre la situación de los trabajadores de Pdvsa y para ello concedió un derecho de palabra a Iván Freites, dirigente sindical de la industria petrolera venezolana.

Freites reveló que en las áreas operacionales de Pdvsa no hay agua, en los comedores solo sirven arroz con arvejas, les quitaron el HCM, les quitaron el servicio de transporte, los jubilados son maltratados, el salario promedio de los obreros es equivalente a 3 dólares y hay persecución por disentir del Gobierno. Freites consignó al Parlamento una propuesta de ley de salario en dólares para intentar palear la inflación, propuso un “frente nacional contra el hambre y por el derecho a la vida”, e instó a todos los trabajadores “este 23 de enero a una movilización nacional en todo el país”.

Los diputados también repasaron el deterioro de Pdvsa en términos de exploración, explotación, producción y refinación de crudo para llegar a la conclusión de que la principal industria del país fue llevada a la quiebra por los gobierno sucesivos de Chávez y Maduro y las prácticas de corrupción que se desataron. La AN designó una comisión especial que haga seguimiento a las denuncias formuladas por los trabajadores.

Fotos: Luis Miguel Cáceres


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