Mientras que países como México y Colombia han adoptado protocolos propuestos por diversas organizaciones para respetar a las personas trans al momento de que estas voten, en Venezuela hay una ausencia total de normativas y educación al respecto.
Caracas. El pasado 31 de marzo se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Trans. En Venezuela, a propósito de la fecha, personas de la comunidad de lesbianas, geis, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ+) realizaron una protesta en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Entre sus demandas está el reconocimiento de su derecho a la identidad por parte del Estado.
Además del derecho a poder llevar un nombre que se corresponda con su expresión de género (algo garantizado por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Código Civil), uno de los derechos más importantes dentro de una República democrática es el derecho al voto.
Referente al derecho al voto, al momento de sufragar la experiencia de una persona trans no necesariamente es similar a la de una persona cisgénero, como se llama cuando la identidad de género de una persona coincide con el sexo asignado.
Richelle Briceño, mujer trans, abogada y defensora de derechos humanos, contó que su experiencia se puede “dividir en dos fases”: una en la que contaba con una cédula cuya fotografía no se correspondía con su expresión de género y otra en la que sí.
Briceño enfatizó que al tener una cédula en la que la fotografía que aparece no concuerda con el aspecto de la persona cuando ejerce el derecho al voto, se crea un espacio para la discriminación y el maltrato.
Cuando no tenía esa cédula que se correspondía con mi expresión de género el proceso era más discriminatorio porque se tiene la foto de una persona que no se parece a la persona que está votando, esto aún cuando pasas por un captahuellas y se determina que, en efecto, la persona que coloca el dedo es quien aparece pantalla”, dijo.
Richelle dijo que no existe una “igualdad de condiciones” para poder ejercer el derecho al voto, y añadió que una vez que aparece esta diferencia de aspectos (entre la cédula y la persona que está votando) se da inicio al cuestionamiento de la identidad, la discriminación e inclusive la obstaculización del voto.
“De hecho hay personas trans que inclusive dejan de ejercer este derecho para no pasar por esto”, comentó.
Sin preparación para eventos electorales
Desirée Pérez es una mujer trans que ha participado desde hace varios años en procesos electorales, no solo como una de las votantes, sino también como una de las testigos de mesa en un centro electoral de Caracas.
Desirée aclaró que nunca ha tenido problemas para poder ejercer su derecho al voto ni para ser testigo. No obstante, dijo que eso se debe a que trabaja desde hace muchos años en las jornadas de elección. Como ella lo define “la comunidad ya me conoce y saben de mi condición de mujer”.
Pese a esto, ella comentó que no existe ningún protocolo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre cómo tratar con respeto a una persona trans que vaya a votar. De hecho, explicó que todavía para poder obtener sus credenciales de miembro de mesa, debe registrarse con su nombre legal. Es decir, el que no se corresponde con su expresión de género.
Te tienes que registrar para las credenciales con tu nombre legal lo cual es discordante con tu identidad de género (…) Es algo incongruente tener que usar ese nombre aunque mi firma sea Desirée Pérez”, dijo .
Alejados de la norma en la región
Tamara Adrián es la primera diputada trans de la República. A lo largo de su carrera, además de la lucha política, se ha encargado de defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país.
A su parecer, la ausencia de un protocolo para proteger, respetar e incentivar el voto trans en el país no es la norma en la región. La abogada detalló que, de hecho, en países como Colombia, México, Costa Rica y Perú existen normativas enfocadas en esto.
Básicamente, no tienen una política, por lo cual se está en presencia de una situación de exclusión que promueve el CNE con su inacción. El año pasado (2022), tratamos de hacer incidencia con el CNE e inclusive cuando lanzamos el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans invitamos a que participaran los rectores de manera virtual. Ninguno participó”, dijo.
El hecho de que no exista un protocolo adoptado por el CNE expone a las personas trans a malos momentos durante el proceso del voto. Adrián reiteró que esto es algo que ha cambiado en la región, pero no en Venezuela.
“En Venezuela, si una persona llega con un nombre masculino y es una mujer trans, o viceversa, hay cuestionamientos”, expuso. Esto es algo que posiblemente podría cambiar con medidas para la defensa del voto trans. Sin embargo, para ella es algo poco probable que ocurra.
“Probablemente, un curso sí ayudaría. Por eso digo que existen estos protocolos en México y Colombia justamente para formar tanto a los miembros de mesa como a las personas del sistema electoral. Si se aplicaran, el caso sería distinto, pero en Venezuela no pasa por la intolerancia del CNE. Es una intolerancia que es terrible”, dijo.
Uno de los principales documentos que pueden ser usados como referencia para el buen trato de las personas trans antes y durante los procesos electorales se titula Medidas para Garantizar el Derecho al Voto de las Personas Trans en los Países de América Latina y el Caribe. El texto se puede consultar en este enlace.
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