El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, indicó que tanto funcionarios de la Alcaldía de Bejuma como su alcalde, Rafael Morales, serán investigados por presuntamente estar vinculados a bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro. Morales salió al paso a los señalamientos al indicar que los presuntos funcionarios no tienen vínculos con su administración.
Valencia. Los organismos oficiales de Carabobo vuelven a ser noticia por presuntos actos de corrupción. Durante un mensaje emitido el pasado jueves 29 de octubre, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció que investigarán a la Alcaldía de Bejuma por supuestas conexiones con grupos delictivos.
Saab reveló que fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Control del estado Carabobo dos funcionarios del Cicpc, uno de la Policía Nacional Bolivariana y dos civiles vinculados a la Alcaldía del municipio Bejuma porque, presuntamente, integran una banda dedicada a la extorsión y secuestro en esa localidad.
El fiscal sostuvo que el grupo era liderado por Claudia Ávila (presunta hermana del secretario de seguridad del estado Carabobo José Ávila), quien fungía como secretaria de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento, además se solicitó orden de aprehensión e investigación contra el alcalde de Bejuma, Rafael Morales, por posible vinculación con la banda delincuencial.
Tras las declaraciones del fiscal, en las que también sostuvo que realizarán una intervención a la Alcaldía de Bejuma, la sede fue cerrada y el personal salió del organismo.
Sobre los hechos delictivos, Saab informó que desde hace un mes las personas mencionadas habrían secuestrado a tres ciudadanos de nacionalidad asiática y dos venezolanos a quienes les solicitaron la cantidad de $100.000 y 200 cauchos de moto, los cuales reposan en el Cuerpo de Policía Municipal de Bejuma.
Detalló que el pasado 14 de octubre se les imputó por la presunta comisión de trato cruel, violación de domicilio, uso indebido de arma orgánica, porte ilícito de arma de fuego, secuestro agravado y asociación para delinquir en contra de Tito José González Darrín, a quien secuestraron cuando se movilizaba en su vehículo.
“Lo llevaron a su casa y lo amenazaron a él y a su familia para que entregara dinero, acceso a cuentas y otros bienes”.
Explicó que al fracasar en el intento por sustraer los bienes materiales, lo trasladaron a la sede de la Fuerza de Acciones Especiales en ese municipio, donde pretendieron hacer pasar el secuestro como un procedimiento policial. Dijo que cuando vieron la actitud contradictoria y que se trasladaban en vehículos particulares, los funcionarios del FAES decidieron detenerlos.
Alcalde desmiente a Saab
Rafael Morales, alcalde del municipio Bejuma, desmintió los señalamientos que hiciera Saab, quien manifestó que haría investigaciones por implicación de funcionarios de esa alcaldía con bandas delictivas.
Morales aseguró que Claudia Ávila, quien fue señalada de haber presuntamente participado en secuestro y que era secretaria de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bejuma, no pertenece a la estructura organizativa del ayuntamiento, y reveló que puede ser evidenciado en el Decreto 001 publicado en enero de 2020. Asimismo dijo que ese cargo no está estipulado en el tren ejecutivo de su administración.
En un video publicado en redes sociales, Morales fue enfático al asegurar que no está implicado en ningún procedimiento ilegal que viole las leyes y la justicia de Venezuela.
Además dijo que está dispuesto a colaborar con las investigaciones que realice el Ministerio Público y que si hay algún funcionario o personal de la alcaldía implicado en algún acto delictivo, debe pagar de forma individual.
Escándalos anteriores
El pasado 21 de abril fue destituido José Domínguez, secretario de Seguridad Ciudadana y jefe de la Delegación Estadal Carabobo, del Cicpc. La orden provino de Néstor Reverol, para entonces ministro de Interior y Justicia. En esa oportunidad también fueron destituidos de sus cargos: José Aldama, jefe de la subdelegación del Cicpc Carabobo, y Pedro Velasco, director de la policía estadal.
Para ese momento se desconocían los motivos de la destitución de esos funcionarios. Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, informó en aquella oportunidad a través de redes sociales que, por órdenes de Reverol, en Carabobo se realizaban allanamientos contra presuntas bandas de narcotraficantes.
El 13 de septiembre fue destituido Juan Carlos Yánez, quien fue presidente de Insalud desde 2017. La decisión fue tomada por Lacava, debido a presuntas irregularidades ocurridas en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet), donde el médico residente Antonio José Amell Cantillo y Francis Margarita Aguiar Salazar fueron grabados negociando la venta de ampollas de Remdesivir (tratamiento para el COVID-19), según video expuesto por Nicolás Maduro en transmisión a través del canal del estado.
El 17 de septiembre se le dictó privativa de libertad a Juan Carlos Yánez, y le imputaron los delitos de contrabando de extracción y peculado doloso propio.
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