Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó un informe oral de actualización sobre la situación de DD. HH. en Venezuela. Mostró preocupación por las muertes extrajudiciales a manos de las FAES, la criminalización de la protesta y la participación de «colectivos armados progubernamentales» en ellas. Así como también, el alcance de los daños y número de víctimas que pudo haber dejado el apagón.

Caracas. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, manifestó en el 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, estar preocupada particularmente “por los informes que indican que las operaciones” de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) “se utilizan como una forma de represalia e intimidación”.

Esta declaración forma parte del informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, un mandato que dio la Asamblea General de la ONU a Bachelet en septiembre de 2018 para que produjera un informe exhaustivo por escrito sobre el país.

Este informe sería presentado oralmente en el 40 periodo de sesiones del consejo y sometido a diálogo el 41 periodo de sesiones. También hizo un reporte oral sobre la situación de derechos humanos en Yemen, Irán, Honduras, Guatemala, Chipre y Colombia.

Este periodo de sesiones se inició el 25 de febrero y culminará el 22 de marzo.

Bachelet dijo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Acnudh) investiga las denuncias “de posibles muertes extrajudiciales” por las FAES. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, indicó.

Sostuvo que podría existir un patrón similar en estas ejecuciones, que consiste en allanamientos ilegales por las FAES a domicilios y posteriormente “estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.

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En determinados casos, dijo, la Oficina del fiscal general se había negado a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES, según parientes de las víctimas.

La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación, lamentó Bachelet.

La preocupación de Bachelet por las persecuciones que suceden en Venezuela se extiende a la criminalización de la protesta y la disidencia pacífica. En las manifestaciones ocurridas en enero, la “oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales [grupos de choque]”.

En este contexto, mencionó uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación.

Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto, precisó.

Bachelet hizo mención a las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como también, a alegatos del uso arbitrario de la normativa contra el odio —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017— para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes. “Lo cual termina por generar autocensura».

Derechos sociales y económicos en deterioro

Cuando el país cumplía cuatro días con el servicio eléctrico interrumpido, llegó a Venezuela el equipo técnico de la Acnudh. Bachelet se refirió a este apagón que afectó a toda la nación, expresó que esto “ha agravado” la situación “al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales”.

Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales, señaló.

Lamentó el no reconocimiento por parte de las autoridades de la gravedad y dimensiones de la crisis en materia de profesionales de la salud, alimentación y servicios básicos, por lo que precisó que “las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.

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Calificó la situación del país como “una vasta crisis humanitaria”, como resultado, más de 3 millones de personas han huido en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Una migración que sucede en precarias condiciones de salud y poco dinero.

Considera que la presencia del equipo técnico de su oficina que se encuentra en el país “es una primera medida positiva” que conducirá a un acceso continuo del organismo en el futuro. Y aclaró: “Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.

Bachelet expresó que, desde junio de 2018, cuando se publicó un informe sobre Venezuela, “el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”.

Agregó: “Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.

Citó una encuesta reciente en que da como resultado que más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.

Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población, destacó Bachelet.

Concluyó en la necesidad de que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos.

Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país. Y quiero insistir en el compromiso permanente de mi oficina de trabajar con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela, dijo Bachelet.


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