La Asamblea Nacional ofreció protección a los efectivos que respalden la lucha por la democracia: se respetarán rangos, comandos y ascensos; quedó sin efecto la desincorporación de un centenar de oficiales dictada por Maduro el 27-F. Diputados autorizaron a Guaidó para nombrar directiva ad hoc de Pequiven y para designar a 7 nuevos representantes diplomáticos.
Caracas. A eso de las 11:15 a. m. de este martes, un grupo de periodistas salió del Palacio Federal por la puerta Este para constatar la supuesta presencia de civiles pro Maduro, que amedrentaban a trabajadores públicos que marchaban hacia la Asamblea Nacional (AN).
Un teniente coronel los amenazó a gritos: “¡Señores periodistas, si no se van de aquí, si no quieren entrar al Palacio, entonces quiere decir que no quieren estar allá adentro. Y si no quieren estar allá adentro entonces los vamos a sacar y no los vamos a dejar entrar. Vamos, retírense de aquí, hacia atrás!”.
Los periodistas, en su mayoría mujeres, replicaron que estaban trabajando, que la noticia estaba ocurriendo afuera, no adentro, y que por eso estaban ahí. “¿Por qué no usa esa misma determinación, ese mismo tono para desalojar a los colectivos? ¿Por qué no le habla así a los colectivos cuando nos agreden?”, le replicó una de las reporteras.
El uniformado se volteó, la miró con una expresión de ira y se fue visiblemente molesto por la interpelación.
El debate central que la plenaria daría minutos después del incidente era justamente sobre la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Prometen eliminar control cubano de la FANB
El punto fue presentado por el flamante presidente de la comisión de Defensa, Eliecer Sirit (AD-Falcón), que había tomado posesión de su nueva responsabilidad un par de horas antes.
Sirit destacó la concatenación del acuerdo que sometía a consideración del cuerpo con el proyecto de ley de amnistía para presos políticos, garantías constitucionales para civiles y militares que contribuyan con la recuperación de la democracia. También intervinieron el expresidente de la AN, Henry Ramos Allup (AD-Caracas), Franco Casella (VP-Miranda), Luis Barragán (VV-Aragua) y Ángel Medina (PJ-Bolivar).
Sin embargo, fue la intervención del expresidente Omar Barboza (UNT-Zulia) la que ofreció una retrospectiva de cómo y por qué ocurrió un desmantelamiento de la FANB al nivel actual, donde un uniformado es capaz de amparar la actuación de civiles armados de forma irregular, tal como lo evidenció en uno de sus informes sobre Venezuela publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2017.
Ningún modelo totalitario está interesado en unas fuerzas armadas democráticas e institucionales. Es por ello que este proyecto que tanto daño le ha hecho a Venezuela comienza a sentar las bases para partidizar a la fuerzas armadas nacionales y utilizarlas como instrumento político introduciendo en la constitución disposiciones que no existían”, dijo Barboza.
A continuación, enumeró las que, a su juicio son la causa raíz de la crisis institucional de la FANB: primero, el haber eliminado la autorización de los ascensos militares por parte del Poder Legislativo y dejar este procedimiento únicamente en manos del Ejecutivo. “Por allí comienza el control. Ellos decían que los ascensos manejados por el Congreso politizaban a la FANB pero impusieron esa disposición para ascender a quienes se adaptaran a su interés político”.
Segundo, el haber aprobado el voto a los militares activos “para convertir a la FANB en una fuerza deliberante y armada para ponerla al servicio del proyecto totalitario”.
En tercer lugar, se refirió a la política de gobierno aplicada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro de entregarle a los militares parte de la administración pública “para ganarse aún más el apoyo de ese instrumento armado”.
“Los convirtieron en toderos. Controlan los alimentos, controlan las cabillas y las desaparecen, controlan el cemento y lo desaparecen. El Gobierno les entrega todos esos privilegios a cambio del apoyo”, afirmó.
Como cuarto mecanismo de destrucción de la institucionalidad militar, dijo Barboza, los excusan de cumplir su obligación de defender la soberanía:
Por ejemplo se olvidaron de defender el Esequibo, se olvidaron también de defender la soberanía cuando permiten por razones supuestamente ideológicas que la guerrilla colombiana narcotraficante actúe en nuestro territorio con la permisividad de la FANB, y además permiten el control militar cubano”.
Por su parte, Casella se refirió a los 188 militares que hoy son presos políticos (23 de la Armada, 19 de la Aviación, 72 de la GNB y 74 del Ejército) y a los más de 700 que cruzaron la frontera hacia Brasil y Colombia desde el 23 de febrero pasado para reconocer a Juan Guaidó como comandante en jefe y pedir la restitución de la Constitución: “Mientras damos este debate, hombres y mujeres de uniforme están siendo torturados en los calabozos de la Dgcim y perseguidos. No se puede llamar desertor al que cumple la Constitución ni al que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado”.
El diputado Ángel Medina centró su discurso en la necesidad de que la Asamblea Nacional y un eventual gobierno de transición garanticen la aplicación del artículo 326 constitucional que se refiere al rol y corresponsabilidad de la fuerza armada en el desarrollo nacional.
“El desarrollo nacional va más allá de la defensa de las fronteras. Cuando en un país mueren niños en los hospitales, cuando en un país no hay luz, cuando en un país no hay comida, ni gas, ni agua, ustedes, militares, tienen que actuar. Es momento de que sean corresponsables en la reconstrucción nacional y no responsables de la destrucción”, sostuvo Medina.
El acuerdo
El acuerdo aprobado expresa el respaldo de la AN y de su presidente y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, para que los militares venezolanos “se incorporen activamente en el rescate del orden constitucional”.
En tal sentido, la AN realizó dos ofertas directas que tocan la cultura e intereses de la denominada “familia militar”. Por un lado, la AN se compromete a respetar la cadena de mando, los grados y jerarquías militares, así como “sus posiciones de mando o comando actuales”. Y por el otro, garantiza que realizará “las reformas legales necesarias en materia de estabilidad e independencia de la profesión militar y en materia de seguridad social para lograr mejores niveles de vida para el profesional militar y su familia”.
Como cuarto punto, el acuerdo compromete al Parlamento en cuanto a que “no se le exigirá a ninguno de los profesionales militares ni a la institución el favorecer o pertenecer a una organización política. Se garantiza que solo estarán al servicio de la nación. En especial se garantiza que nunca nuestra FAN estará sometida a dominación, supervisión o dirección de ninguna potencia extranjera”.
Además, la AN declaró la nulidad del decreto 3776 de fecha 27 de febrero publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6430 por medio de la cual se degradó y expulsó de la FANB a un centenar de efectivos militares que hasta ese momento habían declarado públicamente su respaldo y reconocimiento a Juan Guaidó. La lista está encabezada por el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos, coronal Pedro José Dorante Chirinos, a otros dos coroneles, dos mayores, tenientes, primeros tenientes, tenientes de segunda y tercera, tenientes de fragata, sargentos, sargentos mayores de primera, segunda y tercera.
Y por último, el acuerdo garantiza a todos los militares que decidan “actuar para reponer el orden constitucional y no obedecer a quien usurpa el poder, será igualmente reincorporado a la FANB, respetándosele todos sus derechos tanto en grado como en condecoraciones”.
Otros puntos
El pleno también autorizó a Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado para designar una junta directiva ad hoc de Pequiven, con el propósito de que la misma nombre a una nueva junta directiva de la filial Monómeros Colombo Venezolanos SA, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla.
El presidente de la comisión de Energía y Petróleo, Elías Matta (UNT-Zulia) explicó que esta empresa fue creada en el año 2006 y que el gobierno venezolano adquirió 96 % de las acciones y pasó de generar una ganancia de 150 millones de dólares a tan solo 24 millones de dólares en 2017.
La junta directiva ad hoc de Pequiven quedó integrada por Jon Bilbao, Enrique Torres, Fernando Asenio, Iván Ivanoff Socorro, Rogelio Lozada. Mientras la junta directiva de Monómeros Colombo Venezolanos quedará conformada por Jon Bilbao, que será además el presidente y gerente general de la empresa; Carmen Elisa Hernández, José Deantonio, José Ignacio González y Yadid Jalaf Reyes.
La plenaria también autorizó a Guaidó para designar a 7 nuevos representantes diplomáticos: para Reino Unido, Vanessa Neumann, en sustitución de Paola Romero que había sido designada para este cargo el 19 de febrero. Para Hungría, Enrique Alvarado; para Bulgaria, Estefania Meléndez; para República Checa, a la defensora Derechos Humanos, Tamara Suju; para Polonia quedó nombrada Ana Medina; y para Marruecos, el exsecretario de la Asamblea Nacional, Jose Ignacio Guédez.
Los diputados aprobaron finalmente un acuerdo de ratificación de la designación del abogado José Ignacio Hernández como Procurador General Especial.
Video: Maru Morales P.
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