Uno de los riesgos clave que encontró CaLP, el consorcio global de actores humanitarios, fueron las “restricciones gubernamentales” sobre los Programas de Transferencias Monetarias de la OCHA. Según el tablero del Plan de Respuesta Humanitaria, 73.930 personas recibieron asistencia alimentaria, dinero en efectivo o cupones.
Caracas. En 2019 comenzaron las pruebas piloto para los Programas de Transferencias Monetarias (PTM) en Venezuela. CaLP (Cash Learning Partnership) es el consorcio global de actores humanitarios, que incluye agencias de las Naciones Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ONG locales e internacionales, donantes y organizaciones del sector privado.
En diciembre de ese año, CaLP levantó un informe en el país que llamó “Hallazgos de la misión CaLP en Venezuela”. El equipo de CaLP entrevistó a actores operativos involucrados en la implementación y coordinación del PTM.
Para entonces, cuatro organizaciones humanitarias, no se especifica cuáles, estaban implementado directamente pruebas piloto de PTM. Estas abarcaban cerca de 300 hogares con cupones de papel, cupones electrónicos y efectivo de entre 30 a 150 dólares en períodos de uno a seis meses.
Las organizaciones operativas, los donantes y CaLP identificaron riesgos relacionados con la hiperinflación, protección, funcionalidad del mercado y el acceso. También mencionaron algunas medidas de mitigación.
Uno de los riesgos clave que encontró CaLP fueron “restricciones gubernamentales sobre los PTM”. En su informe, publicado el 19 de marzo de 2020, escribieron: “El gobierno impone restricciones al uso de los PTM, lo que podría afectar la cantidad, el mecanismo de entrega, los implementadores involucrados y/o prohibir el uso de los PTM humanitarios por completo”.
Este lunes 18 de enero la OCHA decidió suspender “de forma temporal” las transferencias. En un documento firmado Peter Grohmann, coordinador residente humanitario, se lee que no hay claridad sobre el marco constitucional financiero/bancario respecto al uso de la modalidad PTM.
“Estamos trabajando con las autoridades competentes para llegar a un procedimiento acordado, en línea con el marco jurídico nacional, que permita seguir lo antes posible con esta modalidad de gran importancia para la acción humanitaria”, escribió Grohmann. Y agregó: “Estamos conscientes del posible impacto que tendría esta medida sobre la vida de las personas beneficiarias de tales programas”.
Hasta septiembre de 2020, según el tablero del Plan de Respuesta Humanitaria de la OCHA, 73.930 personas recibieron asistencia alimentaria, dinero en efectivo o cupones. Estos son destinados, principalmente, según el reporte del informe de situación, a hogares vulnerables donde la mujer es cabeza de familia.
La decisión de suspender el PTM fue tomada seis días después de que cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo fueran detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Zulia. Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrabuz. Fueron acusados por delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.
Sin embargo, ya en octubre de 2020 la OCHA decía que si bien “las modalidades de asistencia de transferencias monetarias o cupones pueden ser un mecanismo efectivo para responder a las necesidades alimentarias de emergencia”, advertía que era necesario que “se aclaren las condiciones fiscales y el marco legal de este tipo de asistencia”.
La ONG Azul Positivo trabaja con recursos derogados de la oficina del PNUD y sus lineamientos. En 2020 se registraron 303 ataques contra defensores y organizaciones de derechos humanos.
De Colombia a Mozambique
The Cash Learning Partnership se creó en 2005, concebida como una modalidad de provisión de ayuda y una herramienta clave de la respuesta humanitaria por su “eficacia”, “eficiencia” y “rendición de cuentas”, se lee en el informe anual de 2019.
El PTM está presente en el mundo, desde Colombia a Mozambique. El CaLP cuenta en su informe 2019 que en Líbano y Siria, por ejemplo, el Comité Internacional de Rescate ha incluido las transferencias monetarias en sus respuestas en el ámbito de la protección, “con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptación de las personas y familias refugiadas, a través de una inyección puntual de efectivo que les ayude a hacer frente a una crisis importante o inesperada”.
En Venezuela, el Plan de Respuesta Humanitaria 2020 tenía previsto abordar con el PTM la falta de acceso financiero a bienes y servicios esenciales. 57 proyectos recibirían algún componente de transferencias monetarias: Seguridad Alimentaria y medios de vida (19), Educación (10), Agua, Saneamiento e Higiene (9), Protección (8), Salud (4), Nutrición (4), Alojamiento, Energía y Enseres (3). De esos, 8 % serían transferencias monetarias, 3 % cupones y 89 % otras modalidades.
De hecho, bajo el Plan de 2019; 15 organizaciones propusieron, aproximadamente, 14 millones de dólares en PTM. Fue entonces cuando se iniciaron las pruebas piloto y se planificaron seis para principios de 2020.
En la región también ha funcionado un PTM en la respuesta a la crisis de refugiados y migrantes de Venezuela.
Desde 2018 Naciones Unidas comenzó ampliar la prestación de asistencia humanitaria en el país, “complementando las acciones de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales”, se lee en el sitio web de la OCHA.
Ya en 2019 se inició la coordinación humanitaria, con una estructura de acuerdo con las normas internacionales, es decir, un equipo humanitario en el país, la activación de ocho clústeres temáticos, dos áreas de responsabilidad para operacionalizar la respuesta y cuatro centros de coordinación sobre el terreno para asegurar la asistencia.
El dato
El volumen total de ayuda humanitaria canalizada a través de programas de transferencias monetarias se incrementó en 68 % entre 2016 y 2018, hasta alcanzar un total de 4700 millones de dólares, según el informe Global Humanitarian Assistance de Development Initiatives.
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