El 90 % de los ataques ocurrieron desde que Nicolás Maduro declaró el estado de alarma para combatir la pandemia del COVID-19, informó el Centro para los Defensores y la Justicia.
Caracas. El COVID-19 no solo hizo de 2020 un mal año para la salud y la economía, sino también para la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Al menos así lo aseguró el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el cual el año pasado contabilizó 303 ataques contra defensores, activistas y organizaciones humanitarias, caritativas y pro garantías fundamentales, de los cuales 90 % (272) se registraron desde que Nicolás Maduro impusiera el estado de alarma para combatir la pandemia.
Los datos figuran en el informe Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela, publicado este miércoles, en el cual se denuncia que “el entorno para la defensa de los Derechos Humanos se vuelve cada vez más hostil y restrictivo”.
En el reporte se informa que la mayoría de los ataques contra defensores y organizaciones de DD. HH. (198) fueron actos de “estigmatización”, sobre todo a través de los medios del Estado; seguidos por “intimidación y hostigamiento” (47). En tercer lugar se registraron 19 “amenazas” de detención o muerte y, en cuarto puesto, se produjeron 15 detenciones arbitrarias.
Campaña electoral o contra la sociedad civil
Tras revelar que el 63 % de los ataques contra defensores y organizaciones de DD. HH. estuvieron dirigidos contra organizaciones y el 37 % contra activistas de carne y hueso, el CDJ informó que los últimos cuatro meses del año fueron los peores, porque contabilizó entre 20 y 31 ataques contra agrupaciones y 19 a 17 contra miembros de las mismas. Este período coincidió con la campaña para las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre pasado, las cuales fueron desconocidas por el grueso de la oposición y por gobiernos como los de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) e instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Entre los hechos más relevantes destacamos los allanamientos realizados contra de las organizaciones Prepara Familia, Acción Solidaria, Alimenta la Solidaridad y Convite A.C., así como los constantes actos de intimidación y campañas de estigmatización contra las organizaciones Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Transparencia Venezuela, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero marzo de 1989 (Cofavic), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID Carabobo) y Convite Asociación Civil y las organizaciones de las regiones del país”, se lee en el reporte.
Respecto a los responsables, el CDJ reveló que la mayoría (34 %) de los ataques fueron perpetrados desde los medios de comunicación públicos y en segundo lugar fueron realizados por funcionarios públicos (25 %).
En 2020, el hoy diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello aprovechó que ocupaba la presidencia de la cuestionada Asamblea Constituyente para arremeter contra organizaciones como Provea, a la que acusó de “desestabilizar” y, por ello, pidió que se revisaran las leyes para restringir el financiamiento internacional a las agrupaciones de la sociedad civil.
Durante este mismo período, el Gobierno instruyó a la Superintendencia de Instituciones Financieras (Sudeban) para monitorear las cuentas de las organizaciones caritativas y de Derechos Humanos; y además los ministerios del Interior y Exteriores emitieron una resolución conjunta, en la cual crean un registro en el que deben inscribirse todas las instituciones internacionales no domiciliadas en el país y que hagan labores sociales, humanitarias o en pro de las garantías fundamentales.
Empezando mal 2021
Pero si 2020 no fue un buen año para dedicarse a la defensa de los Derechos Humanos, 2021 no luce mucho mejor. El pasado 12 de enero agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) allanaron a la sede de Azul Positivo, una agrupación zuliana que se dedica a la atención de las personas con VIH-sida. Horas después se conoció que el Tribunal 4 de Control de Zulia ordenó la detención preventiva de libertad de cinco de los miembros de la organización, a los que acusa de delitos como legitimación de capitales.
Este caso ha disparado las alarmas internacionalmente. Así la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, lo condenó; y Amnistía Internacional ayer mismo calificó a los aprehendidos como “presos de conciencia”, porque su detención fue “motivada políticamente”.
Mientras tanto, activistas de derechos humanos en Caracas protestaron ante la Fiscalía para exigir la liberación de los cinco trabajadores de la ONG zuliana Azul Positivo.
Activistas de derechos humanos en #Caracas realizan protesta ante la Fiscalía exigiendo la libertad de defensores DDHH de la organización Azul Positivo #AzulPositivoLibre https://t.co/2bye6D0jpM
— PROVEA (@_Provea) January 20, 2021
En su cuenta de Twitter, Provea señaló que “nuevamente hoy, como ya viene ocurriendo en varias protestas en Caracas, funcionarios del Sebin además de la PNB estuvieron vigilando la protesta en el Ministerio Público; aunque la actitud de los funcionarios no fue agresiva, la presencia de la policía política es cuestionable”.
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