Los trabajadores de la ONG Azul Positivo fueron acusados por delitos de «manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales». La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por los recientes ataques a las organizaciones que presentan ayuda humanitaria a los sectores más vulnerables.

Caracas. El Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia dictó medida preventiva de libertad en contra de los directivos de la ONG Azul Positivo. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez) serán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Maracaibo. 

La causa de los trabajadores, que permanecen detenidos desde el pasado el 12 de enero cuando al menos 15 funcionarios de la Dgcim practicaron un allanamiento en las oficinas de la fundación, en el municipio San Francisco; la lleva la fiscalía 77 con competencia nacional en los delitos económicos y fronterizos, a cargo de José Gregorio Rondón, fiscal titular.

Los directivos de la ONG Azul Positivo fueron acusados por delitos de «manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales», informó Codhez en su cuenta de Twitter.

Aunque inicialmente se había informado que los defensores de derechos humanos serían presentados ante un tribunal militar este declinó la competencia. 

Durante el operativo, en el que fueron detenidos e interrogados por más de seis horas los directores de la ONG, efectivos indicaron que estaban levantando un procedimiento administrativo relacionado con las labores de la organización. Decomisaron tres computadoras, 12 tarjetas de beneficio de programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco celulares. 

El director de Azul Positivo, Juan León Reyes, fue trasladado a la sede de la Zodi Zulia, junto con sus compañeros Jordi Bermúdez, Lainer Gutiérrez Díaz, Miguel Guerra y Alejandro Gómez. 

Entre 2015 y 2020 la organización no gubernamental Azul Positivo ha beneficiado a 43.992 personas con sus actividades en el estado Zulia. No solo brindan información acerca del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), también entregan insumos, medicamentos y ofrecen atención médica y psicológica. 

Juan Berríos, representante de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), contó que la labor humanitaria de la fundación comenzó en 2004. Desde entonces se han dedicado a la formación, educación y ayuda de los pacientes con VIH en zonas vulnerables y fronterizas del estado Zulia. Solo entre junio y noviembre de 2020 hicieron 999 pruebas rápidas de forma gratuita.

Además del trabajo comunitario, Azul Positivo apoya a la Secretaría de Salud del estado Zulia y al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Su labor es con el apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida). 

“Exigimos la liberación inmediata, sin cargos, sin procesos judiciales y exigimos el cese del hostigamiento y la criminalización de la labor humanitaria. Es obligación del Estado asegurar un espacio humanitario seguro para las personas que más lo necesitan”, dijo Berríos, durante una rueda de prensa este jueves, en apoyo a las ONG.

Por su parte, la organización Codhez que indicó que la decisión tomada por el Tribunal de Zulia representa un riesgos para la vida de las personas con VIH de la zona. «Deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas». En este sentido, hizo un llamado al sistema humanitario internacional instalado en Venezuela a pronunciarse ante el cierre de espacios para la asistencia humanitaria de los ciudadanos.

Lee también
Expertos de la ONU pidieron retirar los cargos contra activistas de Azul Positivo
Amenazas y ataques contra las ONG

Este miércoles 13 de enero de 2021 Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ordenó abrir una investigación contra Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización Provea, luego de que el defensor de los derechos humanos escribiera en su Twitter que el partido político también se beneficiaba de fondos del gobierno británico. 

  • En febrero de 2020 Cabello anunció una ley para controlar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y amenazó de una investigación a Provea. 
  • En diciembre de ese mismo año las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron la sede de Convite, una organización que trabaja por los derechos de los adultos mayores. Los funcionarios decomisaron equipos y los directivos de la ONG, Luis Francisco Cabezas y Patrizzia Latini, fueron interrogados durante dos horas.
  • En noviembre de 2020 también Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive fueron víctimas de hostigamiento. La fundación, que tiene comedores en comunidades, fue allanada y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. 
  • En septiembre, miembros de la ONG Acción Solidaria fueron detenidos, alegaron que vendían y distribuían medicamentos vencidos. La organización lucha contra el VIH. Y a principios de 2020, en enero, la fundación Prepara Familia también recibió la visita de la policía y allanaron suministros y donaciones que distribuyen a pacientes del J. M. de los Ríos.
  • En febrero de 2019 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron la sede de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) en el estado Carabobo. Los efectivos alegaron haber recibido denuncias por entrega de medicamentos vencidos.  
Preocupación en la Oficina para los DD. HH. de la ONU

Los recientes ataques a la diversas ONG que brindan ayuda humanitaria a los sectores más vulnerables de la población venezolana también causaron preocupación en la Oficina para los Derecho Humanos de las Naciones Unidas. 

Marta Hurtado, la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos sobre Venezuela, señaló que están “profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares.

Recuerdan que esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. “Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”.

Asimismo, señalan que  al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. “Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”.

En ese sentido, instan a las autoridades “a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida».


Participa en la conversación