La medida fue impuesta a los alcaldes de El Hatillo y Los Salias, Elías Sayegh y Josy Fernández, respectivamente, y a los dirigentes de Primero Justicia Tomás Guanipa, Carlos Ocariz y Juan Carlos Caldera.
Caracas. La Contraloría General de la República dio a conocer este miércoles, 24 de abril, la inhabilitación política para ejercer cargos de elección popular de cinco nuevos opositores: Carlos Ocariz, José Antonio (Josy) Fernández López, Tomás Guanipa, Elías Sayegh y Juan Carlos Caldera.
En un documento publicado en el portal web de la institución, figuran los nombres de tres opositores (Guanipa, Ocariz y Caldera) pertenecientes a la organización Primero Justicia, cuya tarjeta, nombre, símbolos y logo los entregaron esta misma semana al diputado de la Asamblea Nacional de 2020 y disidente de la oposición mayoritaria, José Brito.
El listado lo completan los alcaldes en ejercicio de los municipios El Hatillo y Los Salias, Sayegh y Fernández, respectivamente, lo que les imposibilita poder optar a una reelección o a cualquier otro cargo popular en comicios regionales por venir.
Todos los mencionados fueron inhabilitados por 15 años, menos Caldera, a quien la Contraloría le impuso la medida por un lapso de 12 meses.
Sayegh y Fernández pertenecían al partido Fuerza Vecinal, hasta noviembre de 2023, cuando decidieron, junto con otras 50 personas, de abandonar esta organización por diferencias profundas con las decisiones hasta entonces tomadas en el seno del partido.
Tímidas reacciones
Hasta las 4:00 p. m. de este miércoles solo Tomás Guanipa se pronunció sobre la medida de la Contraloría y recordó que se trata de la tercera inhabilitación política que recibe sin que previamente sea notificado de algún proceso en su contra.
“No importa lo que hagan, ni cómo lo hagan, nada nos distrae, nadie nos saca de la ruta electoral”, sentenció en un mensaje publicado en su cuenta en X (antes Twitter).
Voluntad Popular aseguró que se trata de medidas empleadas como “un arma” para perseguir a la disidencia, pero insistió en que dentro de pocos meses, gracias a las elecciones, este tipo de prácticas serán revocadas.
Inhabilitaciones como estrategia
La oposición denunció, ante instancias nacionales e internacionales, que las inhabilitaciones políticas las usa el gobierno de Nicolás Maduro como una herramienta para sacar del camino a los dirigentes con posibilidades de vencerlos en las urnas.
Una de las inhabilitaciones con más amplio y público rechazo es la que pesa sobre la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien le impusieron una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular durante 15 años y que le impidió competir en los comicios presidenciales previstos para este 28 de julio.
A Machado le impusieron una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público mediante resolución 01-00-000398 del 13 de junio del año 2015, por el período máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del decreto Ley Contra la Corrupción.
La Contraloría vincula y justifica la inhabilitación de Machado en:
- “Una trama” encabezada por Juan Guaidó a través de “hechos públicos, notorios y comunicacionales que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela”
- “El despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero”
- El robo de un avión
- El secuestro de 4000 millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras
- El bloqueo de 10 millones de dólares que impidieron la llegada de vacunas a Venezuela a través del mecanismo Covax.
- El supuesto robo de ayuda humanitaria valorada en 99 millardos de dólares durante “El Cucutazo”.
- La solicitud de sanciones y “bloqueo económico al país”
- La entrega de Monómeros a autoridades no legítimas
- A través del “bloqueo” causar la migración de cientos de venezolanos producto de la crisis generada por las sanciones.
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