La Sudeban prohibió las comisiones a pensionados tras las denuncias del Comité de Derechos Humanos por cobros indebidos. Sin embargo, beneficiarios advierten que el alivio es parcial ante el impacto de las alzas en las tarifas fijadas por el Banco Central.
Caracas. Tras persistentes denuncias por descuentos que consumían el monto total de la pensión, fijada en 130 bolívares mensuales, el órgano regulador bancario oficializó la exoneración de las comisiones bancarias para los pensionados del Seguro Social.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), organismo encargado de regular y supervisar las entidades de crédito, emitió la circular 08748 con el fin de blindar las cuentas nómina oficiales, frenar los débitos ilegítimos en el sistema financiero nacional y fijar reglas estrictas de atención preferencial.
Las cuentas en las que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la administración pública depositan la pensión de los trabajadores retirados deben estar exentas de cualquier descuento por comisión bancaria.
La medida, fechada el 30 de octubre de 2026, responde formalmente a los reclamos presentados por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Personas Adultas Mayores. Desde hace más de dos meses, esta organización ha denunciado la aplicación de cargos por mantenimiento de cuentas sin autorización de sus titulares.
“Nuestra exigencia tuvo respuesta: la circular ratifica las disposiciones que protegen a nuestros pensionados, jubilados y adultos mayores frente a los cobros bancarios indebidos”, señaló la organización gremial a través de un comunicado público.
Medida insuficiente
El dictamen no solo reafirma la obligación de ceñirse estrictamente al tarifario oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), institución responsable de fijar los límites máximos permitidos para los recargos por servicios financieros, y la prohibición expresa de efectuar retenciones de fondos o bloqueos sin autorización, sino que rescata un compendio de normativas emitidas en 2010, 2013 y 2015.
Estas reglas obligan a las instituciones financieras a reservar taquillas preferenciales para los adultos mayores y las personas con discapacidad. Con esto se busca limitar el tiempo de espera en fila a un máximo de 15 minutos, tanto para realizar operaciones por taquilla como para retirar efectivo.
Para la directiva del Comité de Derechos Humanos, la notificación institucional representa la validación de un reclamo histórico y no una concesión discrecional del Estado.
“Advertimos que no basta con emitir circulares: hay que garantizar que los bancos las cumplan y que ningún pensionado siga perdiendo parte de sus ya insuficientes ingresos por cobros indebidos”, subrayó la representación de los adultos mayores, al tiempo que exigió inspecciones presenciales en la red de agencias bancarias para verificar su cumplimiento y el reembolso inmediato a los usuarios afectados.
El alcance de la medida
La exoneración tiene un alcance limitado: aplica únicamente a las tarjetas e instrumentos de débito vinculados a las nóminas oficiales del IVSS o del Estado. Esta restricción excluye a miles de personas de la tercera edad que manejan cuentas personales convencionales. Por eso, estos usuarios continúan expuestos al pago regular de las tarifas fijadas por el ente emisor.
Entre los usuarios de la banca, la percepción ciudadana dista del optimismo oficial. Alfonso Torres, un adulto mayor consultado en el centro de Caracas, sostuvo que la protección debería extenderse según la condición de vulnerabilidad de los usuarios. Es decir, no solo por la categoría de la cuenta.
“Nosotros lo que ganamos son cuatro lochas que no alcanzan para nada, por eso toda persona mayor de 70 años debe ser exonerada de todas estas comisiones. El banco conoce nuestros movimientos; el adulto mayor que tenga la posibilidad que pague, pero la mayoría no tenemos el dinero para afrontar estos cobros”, cuestionó Torres.
El impacto de las tarifas del BCV
La llamada de atención de los pensionados coincide con la alerta emitida por la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines de Venezuela (Fetrabanca) tras el reajuste al alza en los costos de los servicios financieros autorizados por el BCV.
Esta situación se enmarca en un contexto económico condicionado por variables como el encaje legal, porcentaje de los depósitos que las entidades deben inmovilizar de forma obligatoria en la banca central, el control de cambio, la evolución del PIB, indicador macroeconómico que mide el valor monetario de la producción total de bienes y servicios del país, y la inflación.
De acuerdo con el gremio bancario, el incremento en las tarifas perjudica de forma directa al 98,5 % de la población que depende de la banca para realizar sus transacciones diarias. Pues, incluye cargos por transferencias, pagos móviles y retiros en cajeros automáticos
Fetrabanca advirtió sobre un posible “efecto dominó”: los comercios y empresas trasladarán estos nuevos costos operativos al precio final de los productos en los anaqueles. Esto añade mayor presión a la afectada economía familiar y acelera el ritmo de la inflación en el país.
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