Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el proceso de negociación iniciado en México “tiene potencial para trazar una hoja de ruta” para superar la crisis venezolana. Insta a las partes a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo que a la vez sea garante de los derechos humanos.
Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó el inicio de un nuevo proceso de negociaciones entre los actores políticos venezolanos con sede en México, con miras a encontrar salidas a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela.
A través de un comunicado publicado este lunes, la CIDH consideró que dicho proceso “tiene el potencial de trazar una hoja de ruta para la superación de la crisis sin precedentes que atraviesa el país”.
Recalcó que la iniciativa impulsada por Noruega y avalada por la comunidad internacional debe estar dirigida a “reestablecer la institucionalidad democrática, promoviendo la real, efectiva y práctica independencia de los poderes públicos” que garantice un sistema de pesos y contrapesos.
El organismo exhortó a los distintos actores políticos que participan en el proceso a sostener un “diálogo serio, amplio e inclusivo” que no solo permita el rescate de la institucionalidad democrática, sino que se dé en un marco de garantía de los derechos humanos.
En tal sentido, la CIDH no solo saluda la iniciativa y aboga por su viabilidad, sino que se compromete a dar seguimiento al proceso y “se pone a disposición de las partes para acompañar la negociación, así como brindar asistencia técnica para la implementación de los compromisos alcanzados, incorporando un enfoque de derechos humanos”.
Negociadores acosados
En el documento publicado este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “subraya la importancia de que las personas que estén involucradas en los diálogos no sufran represalias de cualquier naturaleza como consecuencia de esta labor para garantizar la seriedad, transparencia y respeto que ameritan este tipo de procesos”.
La CIDH tomó nota de la medida de excarcelación bajo régimen de presentación concedida al dirigente opositor Freddy Guevara el pasado 15 de agosto, luego de haber sido detenido el 12 de julio, en medio de sus tareas como enlace entre Miraflores y Juan Guaidó para entablar la mesa de negociación.
Como se recordará, las presiones impuestas desde la delegación oficialista contra la delegación de la oposición en el proceso de negociación instalado en diciembre 2017 y que culminó en febrero de 2018 en República Dominicana derivó en el exilio forzado del coordinador de la delegación opositora, Julio Borges.
En el año siguiente a ese proceso, otros tres de los nueve negociadores de la oposición fueron objeto de persecución judicial: Luis Florido, quien se fue al exilio durante algunos meses; Simón Calzadilla, quien estuvo en condición de clandestinidad por varias semanas; y Roberto Enríquez, quien tuvo que pedir asilo en la embajada chilena en 2019, donde estuvo confinado hasta el pasado 12 de agosto, un día antes del inicio de la negociación en México.
Los negociadores por el lado opositor en este proceso iniciado en México son los dirigentes políticos Gerardo Blyde, Mariela Magallanes, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Luis Emilio Rondón (padre) y Roberto Enríquez, además de la profesora universitaria Claudia Nikken, en calidad de secretaria de la delegación y representante de la sociedad civil.
Relaciones complicadas
En septiembre de 2013 Nicolás Maduro hizo efectiva la denuncia del Estado venezolano contra la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (que había sido presentada por Hugo Chávez en 2012), lo que significó que a partir de ese momento los venezolanos dejaban de estar bajo el amparo de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana.
En mayo de 2019, la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobó un acuerdo que revirtió dicha denuncia y en teoría reinsertó a Venezuela en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos; sin embargo, el desconocimiento de Nicolás Maduro de la jurisdicción de la Comisión y de la Corte se mantuvo, por lo que las decisiones de esas instancias son omitidas por el gobierno que preside Maduro.
En febrero de 2020, la CIDH intentó realizar una visita en sitio a Venezuela, invitada por la Asamblea Nacional legítima presidida en ese momento por Guaidó, pero la administración de Maduro negó el ingreso a los delegados. En respuesta, la CIDH se trasladó hasta Cúcuta, puerta de salida de la mayoría de los migrantes venezolanos que huyen del país.
La Comisión-IDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. La CIDH es un órgano consultivo de la OEA y está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no en representación de sus países de origen o residencia.
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