La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado venezolano que les permita ingresar a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en El Helicoide, “donde se han documentado numerosas denuncias de tortura, malos tratos y detención incomunicada”.
Caracas. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las consecuencias de las elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, implican la manipulación de la justicia para afianzar el poder del Gobierno, la represión y silenciamiento de la disidencia.
La Comisionada y Relatora Especial para Venezuela de la CIDH, Gloria de Mees, presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una actualización de la situación de los derechos humanos en Venezuela y advirtió que “el colapso de la democracia” en el paísmanifestó en prácticas que desmantelan el Estado de derecho.
“Las consecuencias de este controvertido proceso han ido más allá de las preocupaciones por la transparencia. Se han cometido sistemáticamente actos de represión estatal y graves abusos contra los derechos humanos”, advirtió la comisionada.
En este sentido el llamado puntual para los países miembros de la OEA es a que se mantenga “la atención y solidaridad constante” a las víctimas de estos hechos registrados en el último año en Venezuela, así como a todos los ciudadanos del país.
Persecución “sistemática y deliberada”
La CIDH ofreció un pequeño balance de las indagaciones realizadas en el último año en Venezuela y explicaron que obtuvieron testimonios de primera mano de víctimas y familiares de los hechos descritos, lo que les permite concluir que en el país se dio una persecución “sistemática y deliberada” de la disidencia, la oposición y la prensa tras los cuestionados comicios presidenciales en los cuales proclamaron a Nicolás Maduro como ganador oficial, pese a denuncias de fraude.
“Las pruebas apuntan a una política sistemática y deliberada de persecución contra la prensa independiente. La Oficina del Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana ha registrado numerosas denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales sin las garantías procesales debidas, medidas destinadas directamente a silenciar a los periodistas por su trabajo”, detalló.
De Mees hizo énfasis en las muertes registradas en el contexto de las protestas poselectorales y afirmó que “de las 25 muertes documentadas, 24 fueron causadas por heridas de bala en la cabeza y el tórax, y una por una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); las demás eran todas civiles”.
Agregó que los fallecidos eran todos hombres, 17 de ellos menores de 30 años, 12 con 24 años o menos y dos menores de edad, la mayoría residentes de barrios de bajos ingresos situados en regiones históricamente alineadas con el chavismo.
“Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas, ni se han tomado medidas significativas para investigar estas muertes o proteger los derechos de los que siguen detenidos. Muchas de las detenciones se han convertido en detenciones arbitrarias prolongadas y desapariciones forzadas”.
Confirmó que “decenas de presos políticos siguen recluidos sin acceso a asistencia letrada ni contacto con sus familias, en condiciones que pueden constituir tortura o trato inhumano”.
La relatora se refirió también a las desapariciones forzadas y explicó que para abril de este año al menos 64 familias “no habían sido notificadas formalmente de los centros de detención donde se encontraban sus seres queridos”.
Visita a El Helicoide
La CIDH reiteró la petición de que se otorgue una visita “in situ” que “permitiría a la Comisión cumplir su mandato directamente sobre el terreno, dialogar con las víctimas y las autoridades, y observar de primera mano la situación de los derechos humanos”.
En particular piden al Estado venezolano que les permita ingresar a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en El Helicoide, “donde se han documentado numerosas denuncias de tortura, malos tratos y detención incomunicada”.
Recordó que la negativa a cooperar internacionalmente o a someterse al más mínimo escrutinio multilateral “es un rasgo definitorio de los regímenes autoritarios”.
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