La Sala de Cuestiones Preliminares desechó todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Nicolás Maduro para intentar frenar la averiguación, la cual podría terminar funcionarios y exfuncionarios, y particulares también, en el banquillo de los acusados.
Caracas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) podrá retomar sus investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, pues la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) le ha aceptado su solicitud para permitirle proseguir con sus indagaciones.
La decisión la anunció la instancia conformada por los magistrados Péter Kovacs, Reine Adélaïde Sophie Alapini y María del Socorro Flores Liera, en un auto de 45 páginas de extensión, difundido este martes, 27 de junio, y en el cual se afirma que “si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”.
Acto seguido, los magistrados ofrecieron cinco motivos para permitirle al despacho dirigido por el jurista Karim Khan investigar lo ocurrido en el país, al menos desde 2017; y sobre todo identificar a sus presuntos responsables y sentarlos en el banquillo de los acusados.
En primer lugar, la Sala denunció que “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Las autoridades sostienen en el país no se han producido de manera “sistemática y generalizada” los delitos de homicidio, detenciones arbitrarias, de tortura y de persecución, tal y como lo sostiene la Fiscalía de la CPI.
En segundo lugar, el juzgado tomó nota del hecho de que “las investigaciones internas parecen estar generalmente dirigidas contra en los perpetradores directos”, los cuales en su mayoría son funcionarios “de bajo nivel”. Hasta ahora ningún alto responsable ha sido investigado ni mucho menos condenado por ordenar o no impedir las graves violaciones a los Derechos Humanos.
“Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas; parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable; y las investigaciones internas parecen no reflejar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, destacando en particular la intencionalidad discriminatoria subyacente a los delitos alegados y la insuficiente investigación de los delitos de naturaleza sexual”. Estos fueron los últimos tres argumentos esgrimidos por los magistrados para adoptar su decisión.
La Sala desechó todos los argumentos esgrimidos por las autoridades venezolanas, entre ellos que durante el proceso no se le garantizó el debido proceso, derecho a la defensa o que la Fiscalía había incurrido en fallas, por cuanto en ocasiones pareciera estar investigando hechos ocurridos a partir de 2017 y en otros a partir de 2014.
Una victoria para las víctimas
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares fue saludada desde el movimiento de Derechos Humanos. “Un día a favor de la justicia. Un día a favor de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, escribió el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
En similares términos se pronunciaron desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), donde calificaron lo ocurrido como “histórico”.
“Las víctimas de los crímenes siguen exigiendo justicia ante la impunidad del sistema nacional venezolano”, agregaron desde la agrupación.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirmó: “Esta investigación continúa siendo un paso importante para garantizar justicia”.
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