CNE se suma a cayapa de poderes contra la Asamblea Nacional

El organismo le puso el primer obstáculo a la carrera por el revocatorio al indicarle al Parlamento que no puede legislar en materia de referendos.

Carlos Crespo/@CarlosCrespoR

Caracas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) envió una comunicación a la Asamblea Nacional (AN) en la que asegura que el organismo comicial tiene la “iniciativa legislativa exclusiva” en materia comicial, esto casi un mes luego de que el Parlamento aprobara, en primera discusión, la Ley Orgánica de Referendos. “El Gobierno intenta frenar todas las iniciativas de esta Asamblea Nacional”, aseveró el vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez.

El argumento del CNE parece contradictorio debido a que en 2009 la AN, dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sancionó la polémica Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que ha permitido la sobrerepresentación de los partidos mayoritarios en los entes legislativos. Márquez ya adelantó que la AN seguirá adelante con la discusión de la Ley de Referendos.  “No vamos a respaldar esta loca teoría de Tibisay Lucena que no busca otra cosa que invisibilizar la consulta al pueblo en un momento de profunda crisis”.

La aseveración del organismo electoral convierte al CNE en el responsable de la mora de 16 años con respecto a las normas sobre referendos, pues la Constitución establecía la obligación de regular este materia mediante una ley.

“No deja de sorprendernos que hoy en día, 17 años después de promulgada las Constitución vigente y cuando el país reclama una reforma electoral profunda a favor de la democracia, la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, pretenda abrogarse el monopolio de una iniciativa legislativa que nunca ejerció, y que seguramente, de no estarse discutiendo la nueva Ley de Referéndums (sic), jamás habría ejercido”, indicó, a través de un comunicado, Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Denuncian “operación morrocoy”

La Ley de Referendos exige “celeridad” y la eliminación de trabas para la activación de este mecanismo. La norma también amplía de tres a ocho el número de días continuos que disponen los promotores para la recolección de firmas y obliga al CNE a tomar en cuenta la propuesta de los promotores de la consulta para la definición de los puntos de recolección de las rúbricas, que en el caso de la Presidencia de la República alcanza casi los cuatro millones de ciudadanos.

Recientemente el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció la existencia de una “operación morrocoy” por parte del CNE para activar el referendo contra Nicolás Maduro. El dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó que el CNE no ha entregado las planillas para recoger las firmas para la consulta a pesar de que esta fueron solicitadas en dos ocasiones al organismo.

“Tenemos casi un mes esperando que la señora Tibisay Lucena se digne a decirnos cuál es el formato para recoger 1% de las firmas. Usted señora Lucena es corresponsable de lo que pueda suceder en este país, porque la paciencia tiene un límite. Una rectora no puede sentirse con el derecho de quitarle a los 30 millones de venezolanos su derecho a expresarse. La mayoría queremos un cambio, un cambio pacífico, por lo que no podemos permitir que una rectora nos niegue el derecho al Revocatorio”, indicó Capriles este martes.

Otros choques de poderes

 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Constitucional, ya estableció una sentencia con argumentos similares a los dados por el CNE. De acuerdo con el máximo juzgado solo el TSJ es competente para legislar sobre su funcionamiento, argumento que choca con el hecho de que la actual Ley Orgánica del TSJ fue sancionada por la AN, de mayoría chavista en el año 2006. El TSJ limitó la función contralora de la AN y hasta le indicó que no posee la mayoría calificada que requiere para remover a sus magistrados, mayoría que la AN perdió por una sentencia del mismo tribunal que suspendió los efectos de la proclamación de tres diputados (dos de la MUD y uno del Psuv).

El otro choque ha sido con el Poder Ejecutivo y tuvo su máxima expresión con el caso del decreto de emergencia económica. Cuando el texto fue negado en la AN el máximo juzgado lo declaró constitucional y el presidente Maduro ignoró la decisión tomada por el Poder Legisativo, la historia se repitió con la petición del Ejecutivo a la AN para prorrogar las medidas extraordinarias.

Foto: Angeliana Escalona


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