La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) informó que durante el primer semestre de 2019 se registraron las muertes de al menos 239 personas en hechos violentos con intervención policial. Esta cifra aumentó a 485 hasta la última semana de septiembre.
Maracaibo- El pasado 23 de octubre, el secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que han registrado la muerte de más de 100 personas cada semana en lo que va de octubre, durante enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado.
“Yo reviso todos los lunes. Más de 104 abatidos que se confrontaron con la autoridad y, como lo dijo el mayor general, su destino o es rendirse, la cárcel o el cementerio. Eran de primer nivel de la mafia y seguimos”, manifestó la autoridad regional en declaraciones recogidas por los medios de comunicación.
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su boletín de junio de 2019, alertó que durante el primer semestre de 2019 se habían registrado las muertes de, al menos, 239 personas en hechos violentos con intervención policial en todo el Zulia. Hasta la última semana de septiembre, de acuerdo con Codhez, este número ha aumentado a 485.
Esta cifra solo cuenta los casos que han sido publicados por medios de comunicación regionales, pero dadas las declaraciones ofrecidas por Cabello, la cantidad de muertes puede ser mucho más alta. De hecho, el dato oficial se traduciría en una tasa de 100 homicidios causados por fuerzas de seguridad del Estado por cada 100.000 habitantes.
En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de acuerdo con datos del propio gobierno venezolano, se documenta que durante los primeros cinco meses de 2019 se contabilizaron en el país al menos 1.560 muertes atribuidas a abusos de las fuerzas de seguridad.
El informe resalta que para 2018, “el gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría”, mientras que las cifras de las organizaciones no gubernamentales registraban más de 7.000 muertes violentas en esta categoría. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular por el comando policial de las FAES”.
De acuerdo con la política gubernamental, estas operaciones de fuerzas de seguridad están justificadas en la necesidad de disminuir la delincuencia en el país y, en particular, las tasas por el delito de homicidio. Sin embargo, las muertes violentas en el país siguen incrementándose.
El Estudio Mundial sobre el Homicidio de las Naciones Unidas indica que Venezuela fue en 2017 el país de América Latina con los niveles más altos de muertes violentas, al registrar 56,8 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, una tasa 16 veces superior a la del país de América con la tasa más baja (Chile, 3,5 homicidios por cada 100.000 habitantes).
Particularmente en el Zulia, desde 2018 se desarrolló una política que siguió la estructura y el discurso de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Es decir, con justificación en las graves circunstancias de inseguridad ciudadana, se tomaron acciones consistentes en allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Codhez reitera que el Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si se toman en consideración el establecimiento de la Misión de Determinación de Hechos por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se debe realizar una investigación a fondo de los homicidios cometidos por funcionarios en el curso de operaciones de seguridad, que siguen incrementándose en Zulia.
En este sentido, Codhez exhorta a cumplir las recomendaciones de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos relativas al cese y prevención de los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado, la disolución de las FAES y el castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Participa en la conversación