Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins consideran que el historial de censura sobre la vigilancia epidemiológica que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro en el país es una prueba de peso para dudar sobre el manejo de la información de la COVID-19.

Caracas. El colapso del sistema de salud, la escasez de agua potable, la negativa del gobierno venezolano a publicar datos epidemiológicos, y la represión contra profesionales de la salud y periodistas, favorecen una rápida propagación de la COVID-19 en Venezuela que podría tener un impacto catastrófico en la región, reseñó la ONG Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins en un informe sobre la situación del país frente a la pandemia.

Antes de la llegada de la COVID-19 al país, ya el 70 % de los hospitales no tenía acceso al agua potable con regularidad, especialmente en el interior del país. A esto se le suma que, cuando existe una pandemia, es indispensable la prevención de infecciones dentro de los centros de salud para que no se contagie el personal médico o un paciente que ingresó por otra patología.

Las medidas de prevención en los hospitales son casi imposibles en un sistema que refleja un 76 % de escasez de jabón, 90 % de alcohol o gel y el 60 % de guantes o mascarillas.

Las infecciones intrahospitalarias ya venían sucediendo. La doctora y profesora asociada de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, Kathleen Page, precisó que comenzaba a ser común que un paciente que, por ejemplo, entraba con una fractura de cadera, en el hospital se infectara con diarrea.

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La organización HRW y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins sostuvieron que la capacidad de los hospitales para atender a pacientes graves es casi inexistente porque no tienen cómo proporcionar cuidados médicos especiales: el 50 % de la salas de emergencia no reciben agua, el 30 % de las terapias intensivas están cerradas o trabajando de forma intermitente, y los pacientes muy enfermos ni siquiera son recibidos en los centros de salud públicos.

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Foto: Luis Morillo

El sistema de salud en Venezuela ya estaba colapsado. Desde el año 2014 los hospitales ya tenían un suministro de agua limitado, y poco a poco se agudizó. Según la red nacional Médicos por la Salud, el porcentaje de hospitales públicos venezolanos con acceso intermitente al agua creció de 28 % en 2014 a 69 % en 2016. En 2019, el 70 % indicó tener un acceso intermitente al agua y el 20 % informó directamente no tener acceso.

En un servicio de Neonatología, los trabajadores se lavaban las manos con el agua condensada que caía del aire acondicionado, relata el informe.

La escasez de agua ha llevado a algunos hospitales a estar parcialmente cerrados. El documento subraya que una doctora aseguró que la capacidad del hospital donde trabaja se redujo de 79 camas a 5. Otra profesional contó que por el acceso limitado al servicio de agua, el número de quirófanos del centro de salud se redujo de cinco a dos. Se le suma que cuatro hospitales también cerraron sus laboratorios por la misma causa.

Es imposible mantener la higiene de manera periódica y exhaustiva en los centros de salud. En un hospital tuvieron que cerrar parcialmente un piso por insalubridad. En otros, la higiene se hacía cuatro veces cada 24 horas, y ahora se limpia con la mitad de esa frecuencia. Dos entrevistados podían apenas atender una fracción de sus pacientes después que el edificio donde trabajaban cerró en 2018 por problemas de aguas residuales, dice el texto.

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Kathleen Page afirmó que muchos trabajadores de la salud han tenido que comprar con el dinero de sus salarios alcohol en gel para higienizarse las manos, mascarillas y guantes.

Pero muchos ni siquiera tienen recursos para comprar alcohol en gel, sobre todo el personal de enfermería, que al momento de las entrevistas ganaba cerca de 3 dólares por mes, agregó Page.

Foto: Gleybert Asencio
Falta de datos oficiales

Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins consideran que el historial de censura sobre la vigilancia epidemiológica que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro en el país es una prueba de peso para dudar del manejo de la información de la COVID-19. Igualmente, desconfían de que el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel sea el único ente autorizado para realizar pruebas.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, opinó que las cifras presentadas de 1177 contagiados de COVID-19 y 10 muertes, hasta el cierre del 25 de mayo, son absurdas y poco creíbles. A su juicio, las condiciones en Venezuela son una bomba de tiempo y la comunidad internacional tiene la obligación de actuar con rapidez y firmeza para movilizar ayuda humanitaria.

Para la ONG, llama la atención que el gobierno de Maduro censure información sobre salud pública vinculada a la COVID-19, en especial, cuando es emitida por trabajadores y periodistas, que luego son perseguidos. Además, citan que en marzo de 2017 la Asamblea Nacional creó un sitio web de concienciación sobre la enfermedad (coronavirusvenezuela.info) y al día siguiente lo habían bloqueado.

Foto: Gleybert Asencio
Recomendaciones del HRW y de la Universidad de Johns Hopkins para el caso de Venezuela:
  • El secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, deben asumir el liderazgo frente a la situación venezolana y exigirle a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que adopten todas las medidas necesarias para lograr que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano.
  • A los miembros del Grupo de Lima, Unión Europea y Estados Unidos: permitir el ingreso en Venezuela de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU.
  • Garantizar que los profesionales de la salud y los trabajadores humanitarios puedan realizar su trabajo sin represalias y cerciorarse de que puedan desplazarse libremente por toda Venezuela, incluso durante la cuarentena, emitiendo salvoconductos y asegurando que tengan un acceso prioritario a la gasolina.
  • Permitirle a expertos independientes revisar y publicar toda la información epidemiológica existente para lograr mayor transparencia sobre la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria, ofreciendo un conteo preciso de casos y muertes confirmadas de COVID-19.
  • Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas y suficientes para impedir que las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno venezolano tengan un efecto negativo y generen el riesgo a que instituciones financieras duden si pueden aportar ayuda humanitaria a la nación.

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