Jorge Rodríguez dijo que debido a que la ley no establece un tiempo límite para la designación del Defensor Público General, la AN se tomará un tiempo “breve, pero prudente” para debatir los nombres.
Caracas. Este martes el Comité de Postulaciones Judiciales presentó ante la Asamblea Nacional el listado de 10 candidatos que alcanzaron la fase final del proceso de selección para el cargo de Defensor Público General.
Los 10 candidatos que llegaron a esta son: Édgar José Moya Millán, Gonzalo Segundo González Vizcaya, Neida Josefina Pérez Morillo, Yajaira Thais Medina Gutiérrez, Jelitza Coromoto Bravo Rojas, Josmary Angélica Páez Fonseca, Daniel Augusto Ramírez Herrera, Dorangel Lourdes Carrizales Acero, Elvis Junior Hidrobo Pérez y Juan Carlos Toro Castaño.
Durante una breve intervención ante el Parlamento, el diputado Giusseppe Alessandrello, presidente del comité, destacó el trabajo realizado por la instancia que preside señalando que fue un trabajo “minucioso”.
Alessandrello recordó que la evaluación de nombres inició desde el 10 de junio cuando las personas empezaron a postularse para alcanzar un máximo de 28 candidatos, 18 de los cuales no superaron la etapa de reclamos e impugnaciones.
Por su parte, José Gregorio Correa, diputado y vicepresidente del comité de postulaciones, aseguró que el proceso de selección del Defensor Público General forma parte del intento que desde la AN se ha realizado para la “reconciliación nacional”, y que la participación de los ciudadanos en la elección es reflejo de la “confianza” que se tiene por el Poder Legislativo.
Tras recibir el listado final, Jorge Rodríguez, presidente de la AN dijo que el Parlamento se tomará un tiempo “breve, pero prudente” para estudiar los nombres y luego escoger en una sesión ordinaria al nuevo Defensor Público General.
De acuerdo con la Constitución, la Defensoría Pública es la instancia dentro del sistema de justicia que se encarga de proveer una defensa judicial gratuita a las personas que por cualquier motivo no cuenten con los recursos para pagar una defensa privada.
Desde el año 2017, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, así como varias organizaciones no gubernamentales, han señalado que en Venezuela el Estado ha impuesto defensores públicos a perseguidos políticos inclusive cuando estos han manifestado que desean una defensa privada, esto como parte de una política para perjudicar la efectiva defensa legal de los acusados.
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