El chavismo se aseguró el control del comité que designará a los rectores del Poder Electoral. Sin embargo, todavía existen conversaciones informales para intentar adelantar una negociación que incluya un CNE confiable.

Caracas. Más que a la crisis económica y social de Venezuela o al impulso de nuevas leyes, en su primer mes de funcionamiento la Asamblea Nacional, emanada de los cuestionados comicios del 6-D, le dio celeridad al proceso para la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridades que deben ser renovadas luego de que la directiva pasada fuera escogida de forma ad hoc por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para organizar los comicios parlamentarios de diciembre.

Desde la llegada del chavismo al poder los integrantes del Poder Electoral han sido altamente cuestionados porque su composición ha favorecido abiertamente al partido de gobierno. Además, en cinco de las ocho directivas que hasta ahora han presidido el organismo, el TSJ, controlado por el chavismo, escogió a las autoridades saltándose el proceso de consenso político y social que establece la Constitución para que este ente genere confianza en la sociedad. Esta desconfianza se vio reflejada en los cuestionados comicios del 6-D, desconocidos por decenas de países occidentales, en los que la oposición mayoritaria decidió no participar y la abstención se elevó casi hasta 70 %.

Desde inicios de este año algunos factores de los que no participaron en las elecciones del 6-D iniciaron conversaciones con los partidos opositores dentro de la cuestionada AN con miras a la elección de un Poder Electoral que genere confianza en la población. Este parece ser un punto clave en las posibilidades de que se dé alguna negociación que incluya a la comunidad internacional y los actores nacionales para tratar de dar solución a la crisis política, social y económica del país.

Lee también
Diálogo de la AN ha privilegiado sectores productivos sobre los políticos

La idea, según versiones extraoficiales, es que el Gobierno nombre a un Poder Electoral que ofrezca confianza a amplios sectores sociales como un “gesto” de su voluntad de entrar en una negociación en la que se discuta un posible levantamiento de las sanciones internacionales. Para esto es necesario la definición de una ruta electoral clara y creíble (con el nuevo CNE) que incluya elecciones presidenciales o la activación de un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro.

Sin embargo, hasta ahora el proceso parece avanzar hacia un final similar a otras designaciones, que llevaron al desprestigio de la institucionalidad electoral en el país y a la creciente desconfianza hacia el voto en Venezuela como mecanismo de solución de la crisis. Desde 2017, última elección en la que participó la oposición mayoritaria, la ausencia de personas en los centros electorales ha crecido de forma sostenida en el país.

En menos de un mes la Asamblea Nacional del 6-D, controlada en 92 % por el chavismo, designó a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), pero de acuerdo con la organización civil Súmate, al menos, 15 de estas personas “son militantes del PSUV o tienen relación de subordinación con altos funcionarios”.

El proceso hasta ahora

El pasado 19 de enero la AN del 6-D definió los nombres de los 11 diputados que integrarían la comisión preliminar. Esta instancia es la encargada de definir a los 10 integrantes restantes, que deben provenir de la sociedad civil, para conformar el Comité de Postulaciones Electorales (CPE) que será el encargado de escoger a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral y a sus suplentes.

Lee también
AN da el primer paso para remover limitantes legales para unas megaelecciones

La comisión preliminar estuvo dominada por los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP), quienes acapararon 8 de sus 11 integrantes: Giuseppe Alessandrello (Presidente-GPP), Desirée Santos Amaral (Primera Vicepresidente-GPP) y José Gregorio Correa (Segundo vicepresidente-Junta ad hoc de AD), Nesliw Rodríguez (GPP), Gladys Requena (GPP), Didalco Bolívar (GPP), Luis José Marcano (GPP), Miguel Salazar (Copei), José Villarroel (GPP), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista) y Cilia Flores (GPP).

El 4 de febrero la comisión presentó los 10 nombres de los integrantes de la sociedad civil que fueron aprobados por la plenaria. Súmate cuestionó este proceso al considerar que no se realizó de forma transparente, pues se desconocen los nombres de las organizaciones de la sociedad civil que hicieron sus postulaciones, así como los criterios aplicados para la escogencia de estas personas o el informe final de la comisión sobre estas designaciones.

“Ha reinado la opacidad y la ausencia de debate nacional en la primera fase cumplida este martes 9 de febrero con la juramentación del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) por parte de los cuestionados integrantes del parlamento nacional 6-D 2020”, señaló la asociación civil en un comunicado.

Aunque todas las decisiones de esta instancia fueron aprobadas por unanimidad, con el apoyo de los partidos minoritarios de la oposición que están dentro de la AN, esto no es garantía para otros sectores sociales y políticos de la confiabilidad del proceso.

Estos mismos partidos aprobaron las condiciones electorales del 6-D, bajo la promesa de que estas implicaban mejoras en la representación proporcional de las organizaciones. El resultado fue que el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo 92 % de los escaños con 69 % de los votos, mientras que no se corrigieron temas como el ventajismo, el uso de recursos públicos y la exclusión de dirigentes y partidos opositores de la contienda electoral.

Lee también
Delegación de Guaidó se reunió con altos funcionarios de Estados Unidos en Colombia
Los próximos pasos

Este viernes el CPE publicó la convocatoria para los interesados en postularse como rectores del CNE. Las postulaciones no son hechas por los aspirantes sino por distintos sectores que presentan listas de candidatos: tres de los rectores designados deben ser postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano (Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República).

Estos sectores tienen 14 días para enviar los recaudos. Los aspirantes deben ser venezolanos mayores de 30 años de edad, en caso de ser venezolanos por naturalización debe haber transcurrido 15 años de poseer la nacionalidad. Deben tener título universitario y, por lo menos, 10 años de graduados y haber ejercido su profesión durante ese mismo lapso. No deben estar vinculados a organizaciones políticas (esto ha sido violado en oportunidades anteriores), ni haber sido condenados por sentencias definitivamente firmes, ni tener parentesco con el presidente de la República.

La CPE debe publicar una lista de los preseleccionados para ser rectores. A partir de la publicación corre un lapso de 6 días para formular objeciones en contra de los aspirantes. La CPE elabora expedientes de cada uno de los preseleccionados, incluyendo las objeciones y sus descargos. Los aspirantes deben ser aprobados por dos tercios de la AN. El presidente del Comité, Giuseppe Alessandrello (GPP), indicó que esperan presentar a los preseleccionados el 21 de abril. Luego de eso la plenaria cuenta con 10 días continuos para la designación de las autoridades electorales.

Foto: @CP_Electoral


Participa en la conversación