Un tribunal bonairense ordenó a Pdvsa a cancelar las deudas acumuladas desde 2017 con Bopec, filial en Bonaire que se declaró en quiebra en marzo, cuyos pasivos laborales y ambientales la mantienen inoperable y a la espera de lo que ocurra con las acciones de Propernyn.

Caracas. Un juzgado de primera instancia de Bonaire, isla caribeña perteneciente a los Países Bajos, condenó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a pagar 41,69 millones de dólares por deudas acumuladas hasta abril con la empresa Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) como parte de un contrato firmado en 2002 y que dejó de cumplirse en 2017.

La decisión del tribunal bonairense, además, estableció que Pdvsa tendrá que cancelar 560.000 dólares mensuales adicionales por el almacenamiento de crudo en el terminal petrolero que forma parte del complejo, según reseñó el portal Crónicas del Caribe, que añade que el reclamo de Bopec fue formulado en mayo por su fiduciario, Constantijn Michiel van Liere.

El medio añadió que en enero de 2002 Pdvsa y Bopec concretaron un acuerdo de almacenamiento y rendimiento, que consistía en el resguardo de crudo venezolano en los depósitos del terminal marítimo de la filial en Bonaire -que luego era reexportado a nombre de Pdvsa Petro, otra subsidiaria- “a cambio de una tarifa en dólares” por el almacenamiento.

En 2017 Pdvsa Petro cesó sus pagos por el servicio que prestaba Bopec, generando imposibilidad de cancelar la nómina y mantenimiento para cumplir con los estándares ambientales, lo que a la larga devino en bancarrota.

El juez Gerard, a cargo del litigio, desestimó las objeciones de Pdvsa referentes a la jurisdicción del tribunal y argumentó que la urgencia de la decisión se debía a los costos operativos que conllevan almacenar y manejar petróleo en el terminal marítimo y los pasivos laborales.

El contexto

Bopec fue una de las tantas compañías que Pdvsa fundó en islas caribeñas durante el auge de la industria petrolera nacional. Comenzó sus operaciones en 1973, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y previo al proceso de nacionalización de la industria, y sus instalaciones en el sector Kaminda Turistiko Brasil -al suroeste de Bonaire- servía para almacenar y transferir hidrocarburos, con un terminal con capacidad para 10 millones de barriles de petróleo.

En 2018 Bopec cesó sus operaciones por la falta de acceso al comercio internacional debido a las sanciones estadounidenses impuestas a Pdvsa, según expresó su equipo legal. Ese año, la empresa ConocoPhillips obtuvo una orden judicial que congeló los inventarios de Pdvsa en Bonaire y otras islas para tratar de cobrar un laudo de 2000 millones de dólares, pero la orden fue retirada luego.

A inicios de 2020 la empresa estatal de Curazao, Refinería di Kursou (RdK), trató de incautar Bopec para venderla y cobrar la deuda con Pdvsa, presentando una demanda de arbitraje de 162 millones de dólares por el impago de dos años de operaciones de Pdvsa en la refinería Isla.

Posteriormente, el gobierno de la isla ordenó a la estatal Pdvsa vaciar los tanques y oleoductos en el terminal de su filial en Bonaire porque representaban riesgos ambientales. La Inspectoría de Medio Ambiente y Transporte de Bonaire dijo entonces en un comunicado que Pdvsa no había realizado proyectos de mantenimiento a su complejo en los últimos años por falta de financiamiento y generaba un riesgo de fugas.

Ese año, según reseñó la agencia Reuters, RdK obtuvo una sentencia en la corte de Curazao ordenando a Pdvsa a pagar casi 52 millones de dólares, a la que luego le adjuntó las acciones de Pdvsa en Propernyn -subsidiaria de Pdvsa- y solicitó el permiso de tribunales neerlandeses para venderlas, acto que fue impugnado por estatal venezolana.

Creada como holding de Pdvsa para inversiones relacionadas con refinación, comercialización, transporte y almacenamiento de crudo venezolano para Europa y el Caribe, Propernyn manejaba los intereses de la estatal en refinerías de esas regiones, siendo una de ellas la del complejo de Bopec, la filial en Bonaire.

En marzo de este año Bopec se declaró en bancarrota citando el impacto de las sanciones de Estados Unidos a Pdvsa, pues ya no podía pagar sus deudas porque las medidas habían “cortado su acceso al comercio internacional” y su efectivo en cuentas bancarias, según un expediente judicial al que tuvo acceso Reuters.

Y recién en septiembre un tribunal neerlandés le otorgó a RdK el derecho a vender las acciones de Propernyn para cobrar las deudas con Pdvsa, cuya apelación fue desestimada. La compañía curazoleña dijo que calcularía el valor de las acciones de Propernyn -entre ellas las de Bopec- y buscaría autorización para realizar una subasta o venta pública.

Los activos de Pdvsa en el extranjero se calculan entre 14.000 y 20.000 millones de dólares, mientras que la deuda se estima en unos 160.000 millones de dólares e incluye bonos, laudos arbitrales y otros pasivos. La orden de pago a Bopec se suma a una larga lista de reveses de la estatal que abarcan incautaciones, liquidaciones de filiales y reducción de sus participaciones en proyectos y otras refinerías.

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