Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la UCAB, advirtió que el panorama para el nuevo año escolar es complejo para alumnos y docentes damnificados. Mientras que el sociólogo, Tulio Ramírez, asegura que ya la educación sufría un “colapso silencioso”, previo al doblete sísmico.
Caracas. Previo al doblete sísmico el sistema escolar venezolano ya sufría un “colapso silencioso” y tras los terremotos del 24 de junio quedó en evidencia el abandono que las aulas de clases acumulaban.
Expertos consultados por Crónica Uno explicaron que el deterioro de la calidad educativa no tiene que ver con los movimientos telúricos, sino con un cúmulo progresivo de daños en las plantas físicas de las instituciones, por falta de mantenimiento.
Tulio Ramírez, sociólogo y profesor universitario, explicó que los terremotos aceleraron un final asegurado para muchas escuelas por falta de presupuesto, situación que ya se denunció en los magisterios
“En condiciones normales la recuperación de la infraestructura escolar en el país siempre fue un tema pendiente. Es una realidad recurrente desde hace muchos años: termina un año escolar, comienza el siguiente y todavía queda una gran cantidad de escuelas que no fueron recuperadas”.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 432 escuelas resultaron afectadas por el doble terremoto en Caracas, lo que compromete el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y plantea desafíos para la reanudación del curso escolar.
El Ministerio de Educación, que hasta el momento no ha dado cifras de planteles colapsados, suspendió lo que quedaba de año escolar en los municipios de los estados más afectados por el doblete sísmico: Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda, Falcón y Distrito Capital. Mientras que en las entidades donde no se registraron daños en las infraestructuras las actividades se reanudaron el 6 de julio.
Escuelas como refugios
Ramírez detalló que la emergencia ocasionada después de los terremotos obligó a que se tomaran algunos planteles como refugios para los afectados, a pesar de sus carencias. En La Guaira, el estado más afectado, se habilitaron 10 escuelas para los damnificados, según el Ministerio para la Educación.
“Esta ocupación plantea un dilema complejo. Por un lado, se atiende una necesidad, por el otro, se frena el regreso a la rutina de los estudiantes y se acelera el desgaste de una infraestructura que ya no son aptos ni para vivir ni para enseñar”.
Añadió que la falta de servicios básicos en los planteles, como agua y luz, complica la permanencia de los refugiados y expone a la niñez y a la adolescencia a riesgos sanitarios. Ya en la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025 los expertos reiteraron que estas fallas en las escuelas eran la causa de ausentismo de 44 % de la población estudiantil.
A juicio de Ramírez, cuando el Gobierno creó las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) admitió indirectamente que el problema de la infraestructura escolar era inocultable.
En 2022 el gobierno de Nicolás Maduro informó que las brigadas se encargarían de la rehabilitación de 21.000 planteles, reportados a través de la aplicación Ven App. Pero el sociólogo dijo que con el tiempo “perdieron fuerza” y la falta de mantenimiento dejó a las escuelas en condiciones de vulnerabilidad antes de los terremotos.
Sin calidad educativa
Para Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el deterioro físico de la infraestructura escolar no se ha medido como la causa del bajo rendimiento de los alumnos, al contrario se debe a la calidad de la enseñanza.
De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de las Naciones Unidas, la calidad depende de la cobertura escolar y de la utilidad de lo aprendido.
“El primer factor, la cobertura, exige que todos los niños y adolescentes en edad escolar asistan a las aulas. El segundo exige que lo enseñado sea útil y se traduzca en rendimiento académico”.
Según investigaciones de Calatrava se estima que la población escolar es de casi 11 millones de estudiantes y para ello se requieren cerca de 17.000 escuelas nuevas, para no congestionar las plantas físicas existentes y permitir procesos educativos con grupos ideales de 15 o 20 niños y niñas por maestro.
“El estándar del ODS 4 pide que los que tienen que ir a la escuela, vayan. Aquí tenemos alrededor de entre 23 % y 27 % de exclusión escolar antes del terremoto, y se requiere que lo que se enseñe sea de calidad y funcione. Esto es un problema más, pero no de todo el sistema educativo venezolano; es un problema para los niños, docentes y familias vinculados a esas 437 escuelas que quedaron totalmente destruidas por el terremoto”.
El retorno a clases
Con el año escolar 2025-2026 cerrado de forma abrupta en las zonas afectadas debido a la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Educación, la mirada ahora está puesta en el inicio del próximo período.
Calatrava advirtió que el panorama para el nuevo año escolar es complejo para los alumnos y docentes damnificados, ya esta población será redistribuida en las escuelas operativas.
En este lapso el ente rector debe dar respuesta a más de 6000 docentes y 157.000 estudiantes que no tienen un aula segura, añade.
“Reemplazar estas escuelas afectadas costará cerca de 190 millones de dólares. Pero reconstruir la escuela venezolana el Estado debe estructurar una política educativa que tenga alumnos, infraestructura, maestro y currículo actualizado”.
Por su parte, Ramírez señaló que garantizar el derecho a la educación exige que el Estado tenga planificación, inversión, información pública y una recuperación integral donde el punto central sean los niños, niñas y adolescentes.
Los expertos consideran que el regreso al próximo año escolar debe tener garantías y una respuesta oportuna, que evitará que la emergencia deje consecuencias educativas que perduren durante años en el sistema educativo.
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