La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, iniciará una revisión preliminar de las denuncias sobre detenciones masivas de manifestantes y malos tratos desde abril de 2017 en el marco de manifestaciones. Hace menos de un mes, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, fue recibido por Bensouda en La Haya. Luisa Ortega y Luis Almagro celebraron la decisión; Saab se molestó.
Caracas. La Corte Penal Internacional (CPI) decidió iniciar un “examen preliminar sobre Venezuela”, por las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos registradas desde abril de 2017 en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Así lo dio a conocer este jueves la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a través de un video difundido en la página web de la Corte. La funcionaria expresa que tomó la decisión luego de una “revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la Corte Penal Internacional”.
Advierte que desde el año 2016 ha “seguido de cerca” la situación venezolana y que como el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma desde julio de 2002, es competencia de ese órgano conocer las denuncias en su contra. La CPI solo procesa denuncias por la presunta comisión de delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa”, dice Bensouda en su declaración.
En particular, señala, “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.
La Fiscal Bensouda también recoge denuncias sobre la actuación de “algunos grupos de manifestantes que habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.
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La alta funcionaria de la CPI resalta que la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales es competencia de las jurisdicciones nacionales. En tal sentido, aclara que “un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”.
En esta fase de revisión preliminar, la CPI deberá considerar cuestiones relacionadas con la jurisdicción, la admisibilidad y los intereses de la justicia para determinar si admite la causa y abre un proceso formal.
Bensouda acotó que su oficina “mantendrá contactos con las autoridades nacionales respectivas con miras a interactuar con estas y evaluar toda investigación y todo enjuiciamiento relevante llevado a cabo a nivel nacional” y expresó su esperanza en que podrá contar con la plena cooperación en ese sentido.
Finalmente, puntualiza que no existen plazos establecidos en el Estatuto de Roma para la duración del examen preliminar:
Según los hechos y las circunstancias de cada situación, decidiré si iniciar una investigación, sujeto a revisión judicial cuando corresponda; continuar con la recopilación de información para establecer un fundamento fáctico y jurídico para tomar una determinación; o declinar la apertura de una investigación si no existiera un fundamento razonable para proceder”.
Ortega y Almagro celebran
El pasado mes de noviembre, la fiscal general depuesta por la ANC, Luisa Ortega Díaz, consignó un expediente con 1690 pruebas ante la CPI contra el gobierno de Nicolás Maduro y altos mandos militares de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad y ataques sistemáticos contra la población civil desde 2015 a esa fecha. A través de su cuenta Twitter, Ortega “saludó” la apertura de un examen preliminar sobre Venezuela.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó también a través de la red social que “esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia”. Almagro propició una serie de audiencias públicas entre septiembre y noviembre pasado en la sede de la OEA, en la que un panel de expertos en derechos humanos escuchó medio centenar de testimonios de violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado venezolano contra opositores y disidentes. El objetivo de dicho panel era elaborar un informe que sería elevado ante la CPI, pero ese pasó aún no ha sido anunciado por Almagro.
Saab se molestó
El fiscal general designado a dedo por la fraudulenta ANC, Tarek William Saab, rechazó el inicio de una revisión preliminar sobre Venezuela por parte de la CPI.
Saab —que aún no ha abierto una investigación por presunta violación de DDHH en la Masacre de El Junquito ocurrida el 15 de enero— sostuvo que la posición expresada por Bensouda “pudiera parecer sesgada”.
En una declaración transmitida por VTV en la que no hubo preguntas, Saab se quejó porque la CPI no ha solicitado ninguna información al Ministerio Público sobre si los casos de abril a julio de 2017 fueron judicializados o no.
“Este nuevo Ministerio Público tiene suficiente documentación que demuestra que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales. Tenemos informes minuciosos sobre el estado de los mismos, donde ha habido imputación y acusaciones. Aquí hubo una expresa prohibición de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones. Aquel funcionario que de manera individual haya cometido el delito de violar el derecho a la vida sabrá que no habrá impunidad”, dijo.
Maikel Moreno fue a la CPI
Es de destacar que el pasado 19 de enero, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y compadre del presidente Nicolás Maduro, Maikel Moreno, visitó las oficinas de la CPI y fue recibido por Bensouda.
En su cuenta de Twitter, Moreno publicó varias fotos de la visita y en sus mensajes aseguró haberle expresado a la fiscal que “el Poder Judicial venezolano es objetivo, imparcial e independiente”.
Como se recordará, la designación de Moreno como magistrado es cuestionada porque el proceso de su nombramiento fue amañado y porque se determinó que no contaba con las credenciales para dicho cargo, según reveló una investigación de la Asamblea Nacional y de varias ONG independientes.
Ante las críticas que dicha visita generó, la presidenta de la CPI, Silvia Fernández, aclaró públicamente, cinco días más tarde, que la presencia de Moreno en esas oficinas fue producto de una invitación “no personal” a los 123 presidentes de las cortes supremas de los estados miembros con motivo del inicio del año judicial de la CPI.
Fotos cortesía @intlcrimcourt @MaikelMorenoTSJ
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