El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó a la Sala de Cuestiones Preliminares que lleva el caso de Venezuela, que ya fueron notificados todos los países miembros del Estatuto de Roma sobre la apertura de una investigacion por presuntos crímenes de lesa humanidad. Khan indicó además que prevé viajar a Venezuela antes de que venza la prórroga concedida, para evaluar próximas acciones.
Caracas. El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, concedió una prórroga de tres meses al gobierno venezolano para que informe a esa instancia si ha investigado las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por sus autoridades, y que provocaron la apertura de una investigación formal contra Venezuela el pasado mes de noviembre.
En una comunicación dirigida a los jueces Péter Kovács, Reine Alapini-Gansou y María Socorro Flores Liera, integrantes de la Sala de Cuestiones Preliminares que lleva la causa sobre Venezuela, Khan explica que la fecha inicial para la respuesta del Estado venezolano era el 16 de enero de 2022 y que la prórroga establece como nueva fecha para la rendición de información el 16 de abril de 2022.
Khan afirma que la “prórroga es apropiada y justificada debido a varias circunstancias que deben considerarse excepcionales”, entre ellas: el tiempo transcurrido entre una solicitud de información adicional de parte de Venezuela al Fiscal el 3 de enero y la respuesta emitida el 13 de enero; el suministro de información adicional; los intentos fallidos de la Fiscalía de reunirse en persona en La Haya con las autoridades venezolanas para discutir asuntos procesales relevantes; el receso de la Corte; “así como los desafíos actuales provocados por la pandemia mundial en curso”.
La comunicación señala que la prórroga dará “tiempo suficiente para que el Fiscal viaje a Venezuela antes del período de vencimiento y entablar un diálogo significativo con el gobierno venezolano sobre cuestiones de admisibilidad, alcance y procedimientos del artículo 18”.
El artículo 18 del Estatuto de Roma se refiere a las decisiones preliminares relativas a la admisibilidad de las investigaciones y prevé procesos de notificación a los Estados parte, inhibición de la CPI en aquellos casos donde se compruebe que hay averiguaciones en curso, apelaciones dentro de esta fase inicial, solicitudes de información sobre los avances de la investigación, entre otros puntos.
El internacionalista Mariano de Alba publicó un hilo en su cuenta Twitter en el que explica que en los próximos tres meses y conforme al mencionado artículo 18 del Estatuto, Venezuela puede cuestionar el inicio de la investigación: “Si Venezuela solicita el diferimiento, el Fiscal tiene dos opciones: (i) acepta la solicitud, difiriendo por 6 meses la investigación de las personas relevantes; o (ii) no la acepta, teniendo que solicitar a la Corte que autorice la continuación de la investigación”.
Estados Parte fueron informados
La comunicación de Karim Khan detalla otros aspectos procesales cumplidos por su oficina desde el 3 de noviembre de 2021, cuando firmó el Memorando de Entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro, y el presente.
Señala por ejemplo que el 16 de diciembre de 2021, su oficina notificó a todos los estados parte del Estatuto de Roma sobre la decisión de iniciar una investigación sobre Venezuela, y que los Estados fueron invitados a informar si estaban investigando o habían investigado a sus nacionales u otras personas dentro de sus jurisdicciones con respecto a los hechos delictivos presuntamente cometidos.
“La Fiscalía ha sido informada por varios Estados Partes de que no están investigando o no han investigado a ninguna persona por los actos delictivos presuntamente cometidos. Un Estado Parte informó a la Fiscalía que necesita más tiempo para responder a la notificación”, precisa Khan.
El Fiscal de la CPI agrega que ese mismo día 16 de diciembre de 2021, envió una carta a las autoridades venezolanas exponiendo los pasos propuestos por su oficina para implementar y dar efecto concreto al Memorando de Entendimiento; indica que a propósito de esto la Fiscalía de la CPI y Venezuela intentaron realizar una reunión en La Haya pero no lograron agendarla.
Algo de contexto
Actualmente, 123 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 18 son de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. 31 Estados han firmado el Estatuto de Roma pero aún no lo han ratificado. Dos Estados se han retirado del Estatuto de Roma: Burundi y Filipinas.
Venezuela firmó el Estatuto el 14 de octubre de 1998 y se adhirió oficialmente el 7 de junio de 2000.
En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició una investigación preliminar sobre las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esa investigación preliminar cobró impulso en septiembre de ese mismo año cuando la CPI recibió una remisión de seis de Estados Parte del Estatuto de Roma en la que solicitaban iniciar una averiguación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de febrero de 2014.
Los seis países que solicitaron a la CPI abrir una investigación sobre las denuncias de crímenes en Venezuela fueron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
En mayo de 2021, el gobierno argentino (que había pasado de manos de Mauricio Macri a manos del kirchnerista Alberto Fernández) anunció que se retiraba de la demanda contra Venezuela por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”. Seis meses después de esa afirmación de Fernández, la CPI abrió una averiguación oficial en Venezuela.
Participa en la conversación