La crisis económica y la falta de políticas públicas para ayudar a familia de bajos recursos son algunos de los factores que obligan a niños, niñas y adolescentes a salir a las calles, aunque se expongan a muchos peligros.
Maturín. Mauricio Alejandro* es un niño 12 años y a su corta edad dice conocer el peligro de la calle y cómo defenderse. Las horas que debería dedicar al juego y al estudio las invierte en jornadas de venta de chucherías en las calles de Maturín, en el estado Monagas.
Sabe el movimiento y respeta la plaza de cada vendedor ambulante como regla de oro para poder vender sus caramelos masticables. Evita meterse en problemas con personas mayores que él, porque son más de 100 niños, niñas y adolescentes que se dedican a la venta de golosinas en esquinas, paradas y unidades de transporte.
Lo caracteriza la astucia para ofrecer sus caramelos. “Cada uno sale en dos dólares”, dice sonriendo al saber que se confundió y corrige que el valor de su mercancía es en moneda nacional.
Quizás sea el gancho para que sus clientes sonrían con él y entablar conversación. “Juega vivo”, porque ya sabe que lo pueden reportar con las autoridades y que lo lleven hasta un ente de atención para los niñas, niños y adolescentes.
Aunque a Mauricio no se le puede vulnerar el derecho al trabajo, porque está amparado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), debe cumplir con ciertos parámetros establecidos en la norma que regula las actividades laborales en la infancia.
En cualquier estado del país, el Consejo de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes está en la facultad de aprobar el trabajo para adolescentes a partir de los 14 años, con un permiso expedido por la Lopnna. Como cualquier trabajador, debe gozar de un conjunto de derechos como la seguridad social, la armonía entre trabajo y educación, huelgas, y sindicalización para proteger al adolescente de la explotación.
Ayuda de algunos
“Los turcos me conocen, tengo muchos amigos comerciantes que solo me compran a mí. Yo soy respetuoso y me he ganado su cariño porque hasta comida me guardan”, relata mientras lo interrumpe la trabajadora de un local de comida rápida, para hacerle entrega de unas empanadas.
“Ella no sabe cuánto Dios le va a multiplicar. Está obrando para bien y sabe que no ando en lo malo”, reflexiona el niño.
Mauricio cuenta que vive en una comunidad vulnerable, a pocos metros del centro de la ciudad capital. Su mamá queda en casa junto a sus otros hermanitos. Él es uno de los mayores y asumió apoyar el sustento del hogar.
“Mi papá está preso. Yo sueño con ser abogado, para hacerle justicia a mi papá y todos aquellos que el Gobierno demora en atender”, expresa sin entender mucho sobre el retardo procesal que tiene su padre luego de su traslado a una cárcel del estado Anzoátegui.
Estudia y trabaja
Mauricio Alejandro se despierta a las 5:00 a. m., de lunes a viernes, para asistir a clases en una escuela del centro de Maturín. Al sonar el timbre no duda en acelerar el paso para dirigirse a su hogar.
Cuenta que de la venta de un paquete de caramelos –“no como los que vende todo el mundo”– le alcanza para comprar dos más y seguir su trabajo. La jornada llega a su final cuando se acaban los caramelos.
Del efectivo recibido apoya en casa para comprar comida en el mercado, “en efectivo es más barato y rinde el dinero”.
Saca cuentas con habilidad y mantiene un discurso fluido: “No tengo pensado dejar los estudios. Antes quería ser médico, pero como tengo seis años sin ver a mi papá, deseo formarme como abogado”.
Sin cifras oficiales
El 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha establecida desde el año 2002 para despertar conciencia del flagelo a fin de erradicar toda actividad que vulnere los derechos de los niños y niñas de tener una infancia saludable.
Para octubre de 2021 el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Idenna) en Monagas, reportó que en 30 % se ubicaba el trabajo infantil en Maturín. En la actualidad no existe registro de este tipo de actividades.
Marlene Rodríguez de Arreaza, presidente del Colegio de Sociólogos y Antropólogos en Monagas, alerta sobre el incremento de niños y niñas que trabajan en la calle. “Cada día vemos más a pequeños haciendo trabajos forzosos que no es adecuado a su edad y que por ello, trae consecuencias severas”.
Destaca que el incremento se debe a factores como la situación país que “afecta a las familias venezolanas con ingresos insuficientes para mantener a sus hijos. No hay políticas públicas que generen empleos para padres y estos a su vez ofrecerle a sus hijos una vida adecuada”.
“El incremento de embarazos en adolescentes influye en gran medida porque niñas están criando niños y se van desarrollando en ese ambiente. No tienen condiciones para brindarles la atención y cuidado que necesitan los hijos”, añade.
Reina la impunidad
Expertos identifican a la impunidad como otro de los elementos que influyen en el aumento de casos de niños que trabajan en las calles de manera ilegal.
Carlos Trapani, coordinador general de la organización Cecodap, declaró para Crónica.Uno que “detrás de cada niño explotado, hay un adulto que se aprovecha. Entonces, en la medida que estos hechos no se sancionen, no se castiguen, no se investiguen, esta forma de violencia seguirá marcando la vida de muchos niños”.
Tal es el caso Virginia*, una niña no mayor de 13 años. Su madre la lleva a vender alimentos y pedir dinero en el centro de Maturín. Ella, junto con otros niños, camina adelante mientras la mujer los sigue de cerca.
Cuando la niña ingresa a los establecimientos, su madre la espera cerca. Luego corren hasta un lugar lejano para repartir el dinero o el bocado de comida.
Este caso es de conocimiento público, incluso hasta por las autoridades. Un exfuncionario del consejo de protección describe: “Una vez abordada la infante, se realizaron las diligencias para el estudio socioeconómico y cuando llegamos a la casa de esta familia, el escenario fue deprimente y solo se orientó a la mujer a tener mayor cuidado de su hija. Son núcleos resquebrajados por la falta de valores y principios”.
Nelson Villasmil, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes del municipio Sucre en el Distrito Capital, alertó que existen diversos tipos explotación infantil. Destaca entre el flagelo: la esclavitud, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas.
Supervisión en zonas claves
Por medio de una nota de prensa, el Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cmpnna) informó de manera reciente la conformación de una comisión especial para la revisión de casos donde estén en riesgo los adolescentes mayores de 14 años de edad.
Las autoridades, según el comunicado, vigilarán los casos relacionados con el trabajo informal, donde padres o representantes legales los obligan a ir a la calle a trabajar.
“La responsable de las políticas de protección a la infancia destacó que se ha establecido una comisión de trabajo junto a funcionarios del Frente Preventivo, Polimaturín, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el comando sur de la ZODI 52, para controlar esta situación”, indica la minuta.
Tienen como zonas de monitoreo las esquinas de los semáforos y espacios públicos para realizar operativos.
Responsabilidad compartida
Rodríguez también representante de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana y exdirectora del Concejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (2017), explica que existen sanciones penales pero no se aplica con rigurosidad en aquellos padres que incurren en la explotación de sus hijos.
“Existe una trilogía: Estado, familia y sociedad. Todos tienen el mismo derecho de proteger a los niños, en especial contra la explosión económica y en actividades que puedan ser peligrosas y nocivas que afecten el desarrollo integral y entorpezca su formación académica. El Estado está en la obligación de cumplir con esto”.
Asegura que la explotación infantil daña la salud física y mental de los niños y adolescentes y de no existir respuestas por parte del Estado, el futuro no es alentador.
(*)Los nombres de los niños entrevistados se cambiaron por medidas de protección.
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