Un informe de Provea y el Centro Gumilla señala que las FAES fue el cuerpo responsable de la mayoría de estos casos, con 672 asesinatos, seguidos de cerca por el Cicpc, con 593 casos. La mayoría de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el estado Zulia, con 667 muertes.
Caracas. “Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que la COVID-19 durante el año 2020”, este fue el hallazgo del estudio “Lupa por la Vida” que hicieron el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación Gumilla. El texto precisa que 2853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado: “Graves violaciones de los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.
El estudio especifica que la mayoría de las víctimas son jóvenes de los sectores populares de entre 18 y 30 años de edad, “lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes”. Las organizaciones indicaron que realizaron un proceso de “contraloría social a la violencia institucional policial y militar”.
Destacaron que el confinamiento decretado por el Ejecutivo no frenó este tipo de violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos del Estado: “Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos, como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados”.
Impunidad
Para estas organizaciones el Estado venezolano alienta a las autoridades a que cometan este tipo de actos y, a su vez, garantiza que no haya castigo: “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
Señalan que, en “los pocos casos que se investigan, las instituciones actúan con discriminación”. Como ejemplo pusieron el asesinato de los trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, en donde fueron detenidos seis funcionarios presuntamente vinculados al crimen.
También mencionan el caso del asesinato de cinco personas en el sector El Limón de Caracas, entre ellas Wilmer Yáñez, quien era escolta de la para entonces ministra Iris Varela. En esta investigación también están detenidos los presuntos responsables “En Venezuela la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.
Denuncian que casi siempre se hace uso de la versión de “presunto enfrentamiento”, por lo que el Ministerio Público no cumple con su labor de investigar: “En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir que se trata de ejecuciones extrajudiciales”.
Añaden que por el estudio de estos casos se concluye que la acción de los cuerpos de seguridad está dirigida a ocasionar la muerte de las personas: “Este patrón se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de víctimas es posible identificar desde (1) quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad (…) (2) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para ‘acabar’ con la vida de jóvenes bajo el paragua de la ‘profilaxia social’”.
Las FAES fueron las más letales
El texto señala que el estado que registró más casos en 2020 fue el Zulia, con 667 muertes, seguido de Aragua, con 297; luego aparece Bolívar, con 269 muertes, y Lara, con 193. “En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento”, dice.
EL texto señala que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el responsable de 672 asesinatos, lo que representa 23,55 % del total. Le siguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 593 casos, lo que equivale a 17,52 % del total. “En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en los cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que, actuando en menos estados del país, es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida”, agrega el informe.
Las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalentes a 25,71 %. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de 359 casos, y las policías municipales, de 134: “Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana”.
El informe recuerda la labor de la Misión de Determinación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la exhortación de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU a la disolución de las FAES y el primer pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que considera que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
“Las autoridades siguen sin dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, persisten en mantener una política de seguridad que no respeta el derecho a la vida y otros derechos humanos, no se investiga ni sanciona a los autores materiales y a las cadenas de mando de los responsables de los miles de presuntas ejecuciones”, manifiestan en el documento.
Foto: AVN/Archivo
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