Para atender a las familias por los sismos de junio, el Gobierno subsidiará hasta 80 % en créditos de vivienda y sancionará la especulación, anunció la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez. El balance técnico suma 32.000 inmuebles revisados.
Caracas. Con casi 18.000 personas sin hogar tras el devastador doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio pasado, la urgencia de una respuesta habitacional finalmente empezó a tomar forma.
Durante una alocución transmitida a través de sus redes sociales la noche del martes, 28 de julio, la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, ratificó que el Gobierno asumirá un subsidio, que consistirá en un aporte económico estatal no reembolsable, de hasta 80 % en créditos para la adquisición de vivienda principal, fijando un tope de valor del inmueble de hasta 100.000 dólares.
“Para viviendas con un precio de hasta 70.000 dólares, el 80 % será subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace y el 20 % restante lo pagará el afectado en un plazo de 25 años. Si el valor oscila entre 70.000 y 100.000 dólares, el fondo financiará el 50% y la persona asumirá la otra mitad, también a 25 años”, precisó.
Rodríguez advirtió que las autoridades encargadas se mantendrán “atentas y vigilantes” ante los precios del mercado inmobiliario. Con ello buscan evitar incrementos especulativos que perjudiquen a las familias golpeadas por el doble terremoto del 24 de junio pasado.
“En estas circunstancias no hay espacio alguno para la especulación. Pido máxima conciencia; debemos tender la mano a los hermanos y hermanas que perdieron su vivienda para resolver esta necesidad de manera inmediata”, enfatizó.
Protección a la propiedad
En materia jurídica, Rodríguez anunció que el Poder Judicial agilizará los trámites legales de compraventa e infraestructuras, y garantizó que las víctimas conservarán la titularidad de los terrenos donde se encontraban sus inmuebles.
“Pedí la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia para crear una jurisdicción especial dedicada a resolver los asuntos civiles derivados del evento sísmico. En especial lo referente al derecho de propiedad”, señaló.
Esta instancia judicial especializada atenderá de forma expedita, subrayó, trámites como la restitución de documentos extraviados, juicios sucesorales por fallecimiento de propietarios y disputas sobre la propiedad del suelo.
Detalló además que, en los casos de propiedad horizontal destruida o inhabitable, el terreno se distribuirá equitativamente entre los propietarios según su alícuota correspondiente, como se denomina al porcentaje exacto de participación y propiedad que le corresponde a cada dueño sobre las áreas comunes y el suelo.
“Quienes perdieron sus apartamentos deben saber que mantienen su cuota de propiedad indivisa sobre el terreno”, remarcó.
La funcionaria no especificó los requisitos ni las condiciones bancarias, en instituciones públicas o privadas, para acceder al financiamiento. Tampoco abordó los mecanismos de apoyo para las edificaciones privadas que requieran reforzamiento estructural o reconstrucción.
Esta falta de precisión genera incertidumbre en un contexto donde el Banco Mundial ha estimado en unos 19.600 millones de dólares los daños físicos directos sobre las infraestructuras tras la tragedia sísmica.
“Avanzamos con firmeza en esta etapa de reconstrucción y recuperación para el renacer de Venezuela”, dijo.
Más de 32.000 inspecciones
Por su parte, durante una rueda de prensa ofrecida el mismo martes, el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó que se han ejecutado 32.485 inspecciones técnicas. Todas a cargo de 2687 profesionales en los siete estados más afectados.
Los despliegues principales se han concentrado en zonas críticas de Caracas, La Guaira y Miranda. Según el balance oficial el estatus de las edificaciones quedó así:
- Etiqueta verde (Acceso permitido): 18.139 inmuebles (55,84 %).
- Etiqueta amarilla (Uso restringido): 7199 inmuebles (22,16 %).
- Etiqueta roja (Daño severo / Inhabitable): 7147 inmuebles (22,00 %).
El funcionario hizo un llamado a la calma a los habitantes de inmuebles evaluados con etiqueta roja, la clasificación de máxima alerta otorgada por los ingenieros cuando una estructura presenta daños críticos que comprometen su estabilidad.
A propósito, aclaró que dicho nivel no implica necesariamente una demolición o desalojo definitivo, sino el paso a una evaluación estructural profunda.
Protocolo transitorio para ascensores
Respecto a la reactivación de ascensores en edificios afectados, el ministro adelantó que el Ministerio de Industria y Comercio Nacional emitirá una disposición transitoria, un decreto legal de carácter temporal mientras dura la emergencia nacional.
“Esta medida autorizará a las comunidades de vecinos a contratar personal calificado externo para la inspección y certificación de elevadores. Siempre que la habilitación sea notificada previamente a las autoridades”,
expuso.
Garcés confirmó que el equipo técnico mantendrá un ritmo de 2.000 evaluaciones diarias y prevé superar las 50.000 inspecciones para el mes de agosto, paso previo para iniciar la fase de proyectos de rehabilitación en coordinación con alcaldías y gobernaciones.
Estas revisiones resultan clave para determinar la reubicación definitiva o el retorno seguro de miles de ciudadanos que permanecen temporalmente refugiados o desplazados.
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