La Zona Operativa de Defensa Integral Especial Temporal no resolverá la grave crisis social de la frontera de Apure y potenciará la crisis migratoria, aseguran expertos de la entidad llanera. Advierten que la población no tiene confianza en la FANB.
San Fernando Apure. “Gran parte de lo que está ocurriendo en Apure se debe a que, desde hace mucho tiempo, el gobierno prometió beligerancia a la guerrilla y jugó a una estrategia de desestabilizar a Colombia”.
Para Freddy Jabano, internacionalista apureño, especialista en frontera y docente del área de Integración Económica de las universidades del estado llanero, lo que está ocurriendo en La Victoria no es más que un efecto rebote como consecuencia de esta estrategia.
La referencia es a los enfrentamientos entre la FANB y grupos disidentes de las FARC que se escenifican en territorio apureño desde el 21 de marzo y que han causado la muerte de 14 personas, entre militares venezolanos, civiles y un cabecilla de estos grupos irregulares.
El experto explica la génesis y el detonante de las acciones militares que se iniciaron en marzo y que conllevó el decreto de activación de la Zona Operativa de Defensa Integral Especial Temporal, Zodi, general de división José Cornelio Muñoz en Apure, que será comandada por el general de división Javier Benítez Marcano y de la 94ª Brigada Especial Integral Negro Primero, que será dirigida por el general de brigada Wilfredo Alexander Medrano.
Su radio de acción será el triángulo: Guasdualito, El Nula y La Victoria.
Jabano indica, que, si bien la guerrilla históricamente tenía esta frontera como “aliviadero” del hostigamiento militar colombiano y su combate por parte del Estado venezolano había sido muy débil o casi nulo, se les consideraba a estas agrupaciones irregulares como enemigas y se les daba el trato correspondiente.
No obstante, por afinidad ideológica y por “jugarle al contra del gobierno colombiano, la revolución venezolana, no sólo convalidó su presencia y acciones en la frontera de Apure, sino que permitió su extensión a otras regiones y contribuyó con ello a profundizar los problemas históricos que ya tenía este margen limítrofe del país”, sostiene.
En este extenso y geoestratégico espacio donde habita gente trabajadora, la mayoría de vocación campesina y ganadera, también hay presencia de la guerrilla colombiana que no se acogió al tratado de paz firmado en el vecino país, que, en connivencia con el hampa común, paramilitares y funcionarios corruptos, ejercen un “gobierno paralelo”, someten a la población y ejecutan operaciones de narcotráfico, extorsión, abigeato, contrabando, reclutamiento forzado de niños y otros negocios ilícitos.
El internacionalista afirma que, debido a esta realidad, el abordaje de la compleja situación fronteriza debe ser integral, y considera que el decreto de Zona de Defensa Integral Especial Temporal de Seguridad Fronteriza, vigente desde este martes 6 de abril, no tiene esta intención, sino que “busca silenciar la problemática que se ha tenido en Apure”.
Jabano asegura: “El tema del estado Apure no es exclusivamente de seguridad”, y no cree en la solución militarista para solucionar la grave crisis social que padece la zona por problemas acumulados durante muchos años debido al abandono del Estado. Antes, por el contrario, afirma que esta medida intensificará la crisis migratoria.
De acuerdo con un informe de Human Right Watch, nada más en Arauca viven 44.000 venezolanos, a los que se suman los 5000 desplazados, entre ellos más 2700 niños, “como consecuencia del enfrentamiento del gobierno venezolano y la facción de las FARC vinculada a Iván Márquez en las últimas semanas”, añade Jabano.
Plantea que, a diferencia de la erradicación del mal que ofrece el discurso gubernamental, el reforzamiento militar de la zona, así como la ampliación de su radio de acción a dos municipios más por un tiempo no especificado en el decreto, es tomado como un anuncio de la prolongación del conflicto que, en lugar de generar confianza, incrementa el temor ya existente en la población.
La Zona de Defensa Integral Especial Temporal de Seguridad Fronteriza establece restricción de horarios para la movilización, control migratorio y será exigida la carta de domicilio, además, efectuar inspecciones en propiedades muebles o inmuebles de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, así como desalojar ocupaciones ilegales de bienes públicos que afecten la seguridad y defensa de la nación.
A este respecto comenta el profesor universitario: “La autorización de desalojo de viviendas, así como el control de la movilidad en la zona a discreción de efectivos militares que ya tienen una imagen negativa entre los pobladores por chantaje, cobro de vacuna y despojo de pertenencias a personas humildes en los puntos de control, adelantan una idea de la ejecución de este decreto”.
Recuerda, además, que hay “organismos de inteligencia y seguridad venezolanos que están acusados por algunas ONG internacionales y nacionales de crear falsos positivos, de amedrentar a la población, destruir sus casas, dispararles sin razón alguna, sencillamente porque no quieren dar información sobre algo que se escapa de las manos de los habitantes de la zona”.
Por otro lado, indica que la opinión pública libre y necesaria también será afectada con la medida militar. Advierte que las vocerías naturales de la comunidad y ONG activas en el sector, así como medios de comunicación, estarán bajo la supervisión “para que no se sepa qué es lo que está pasando en la frontera”.
El 31 de marzo fueron detenidos por más de 24 horas los periodistas de Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez de NTN24 junto con dos activistas de FundaRedes.
Tampoco los organismos internacionales tendrán libertad de acción para investigar las denuncias.
No vamos a poder saber si es verdad que la FANB asesinó a campesinos, porque no va a haber testigos de nada de eso; no vamos a poder conocer los testimonios que los periodistas vayan recogiendo de los ciudadanos”, acota.
El estudioso de la frontera de Apure por casi 30 años defiende la creación de una institución regional, con especialistas de este espacio geográfico que conozcan su realidad, se identifiquen con ella, entiendan su complejidad y se dediquen al diseño de políticas públicas sistemáticas para la atención de sus necesidades y desarrollo.
Sin embargo, entiende que no están dadas las condiciones en este momento para su creación, debido a que no hay voluntad política; por ello aboga por ayuda extra.
Esa es la tragedia que vivimos y el componente que nos hace pensar que obligatoriamente necesitamos de la cooperación internacional, del derecho humanitario y de la defensa de los derechos humanos en el estado Apure, para poder solventar gran parte de la conflictividad social que aquí existe”.
Fuerzas de seguridad del Estado subordinadas a una tiranía
Para el exdiputado apureño Juan García, la presencia militar en la frontera no sería mala y sería incluso necesaria, si la población tuviera confianza en su vocación protectora, lo cual no ha sido la experiencia de Apure.
Creo que en esencia un ejército desplegado en su frontera, que la resguarde de la presencia de estos grupos irregulares, sería lo ideal, y uno puede coincidir en que es necesario; sin embargo, sabemos que están subordinados a una tiranía y que todos los componentes militares y los organismos de seguridad se configuran en un aparato represivo”, opina.
Haber expuesto a través de las denuncias a una FANB violadora de derechos humanos, es algo que el gobierno no le perdona a La Victoria, es por eso que “se busca aumentar el control sobre la población, restringir la movilización, el acceso a los bienes y servicios, perseguir y sembrar terror en la sociedad apureña”, añade el también coordinador regional de FundaRedes.
Revela que existen denuncias de la población sobre el control y manejo irregular de algunos servicios institucionales por parte de componentes de las Fuerzas Armadas, lo cual incrementa la desconfianza hacia el decreto de refuerzo militar fronterizo.
Por otra parte, comenta que el uso de la frontera apureña por los grupos irregulares no es nuevo ni desconocido. La inmensidad geográfica de los 76.500 kilómetros de Apure con sus 720 kilómetros de frontera, unidos por el río Arauca con el departamento de Arauca y por el río Meta con el departamento de Vichada, ha sido una gran ventaja para el apoderamiento de la zona por parte de estos grupos.
Las FARC y el ELN siempre vieron la frontera como un aliviadero para evadir la fuerza militar colombiana, lo cual también propició la migración del narcotráfico hacia Venezuela utilizando nuestro territorio de trasiego, con la consecuente presencia de otras bandas delincuenciales como la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), paramilitares, varios carteles de droga y mafias del contrabando de materiales estratégicos y extorsión”, precisa.
Recalca que, a pesar de ello, el Ministerio de la Defensa dentro de la constitución de sus zonas estratégicas, nunca previó establecer una unidad superior o de mayor fuerza para contrarrestar esta situación en el eje La Victoria, El Amparo, La Pradeña, Puerto Infante y Capanaparo, de los municipios Páez, Rómulo Gallegos, Achaguas y Pedro Camejo.
“Sabemos que esto nos va a traer grandes complicaciones porque esos parámetros de integración cívico militar han sido puros discursos falaces de quienes usurpan el poder en Venezuela… Teóricamente, es bueno, pero en la práctica sabemos que realmente significa mayor control y mayor presión, que en nada favorecen al pueblo apureño”, asevera el defensor de derechos humanos.
Foto principal: Ceofanb.
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