Reclusas del centro de detención preventiva de Polizamora, en Guatire, estado Miranda, denunciaron a Una Ventana a la Libertad que son hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con los funcionarios. La Misión de la ONU recogió testimonios similares, en los que las detenidas aseguran que son víctimas de explotación sexual.
Caracas. El asesinato de Daniela Geraldine Figueredo Salazar dentro de un calabozo visibilizó la realidad que tanto denuncian los defensores de Derechos Humanos. En algunos centros de detención preventiva de Venezuela ha sido frecuente conocer testimonios de detenidas que deben pagar con relaciones sexuales algunos beneficios.
El sábado 13 de marzo la joven de 19 años, privada de libertad, recibió un tiro con entrada en la región nasal y salida en la región occipital, según la información extraoficial.
Presuntamente un funcionario de la Policía del municipio Zamora, en Guatire, estado Miranda, que se encargaba de custodiar las celdas, le disparó accidentalmente cuando pretendía cometer un abuso sexual en contra de la víctima. Otra versión extraoficial es que supuestamente el funcionario sacó el arma para amenazar a la detenida si se negaba a tener sexo. Sin embargo, ninguna autoridad ha dado información oficial hasta el momento.
El sexo con detenidos está prohibido. La Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia prohíbe a los funcionarios sostener relaciones sexuales con detenidas bajo su custodia.
Una Ventana a la Libertad recogió testimonios en los calabozos femeninos de Polizamora, de víctimas que supuestamente son hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios activos, y con un policía detenido. Hasta el sábado 13 de marzo la organización registró siete mujeres en esas celdas.
Ellos reciben órdenes de un ‘polipreso’, al que respetan porque es de rango, que se llama Pedro García. Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él y como con los demás funcionarios activos. Anoche entraron varios, uno de ellos le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó, se le escapó el tiro”, declaró una detenida a Una Ventana a la Libertad.
El funcionario está detenido y la fiscalía 30º nacional con competencia en derechos humanos y fundamentales, del Ministerio Público, investiga lo sucedido. La ONG lo identificó como Daniel Alexander Galarraga Ortega, de 24 años. Su arma de reglamento fue decomisada.
Denuncias de sexo a cambio de beneficios, como traslados a tribunales, han sido recopiladas las investigaciones de Una Ventana a la Libertad y de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso hay testimonios de mujeres que han quedado embarazadas, presuntamente, de funcionarios.
Magally Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, explicó que los casos de abuso o acoso sexual ocurren en estos centros donde se incumplen las normas, principalmente porque los detenidos no deberían pasar más de 72 horas en un centro de detención preventiva.
“Si se confirman hechos como este (caso de Daniela Figueredo) estamos ante una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Debe haber una investigación seria, que sea un juicio limpio y se confíe en los resultados obtenidos, los funcionarios no pueden estar armados dentro de las celdas”, explicó a Crónica.Uno.
Huggins mencionó que es muy frecuente recibir denuncias de acoso sexual o abuso a las detenidas de parte de los custodios y también de parte de los privados de libertad, o pranes, que son los líderes negativos de estos espacios.
“El acoso sexual existe hasta en las universidades y en los centros de detención preventiva están a la buena de Dios, sobreviven por la familia. Las mujeres siempre corren riesgo, sobre todo en la pandemia hay mucho chantaje, piden dólares a las familiares para pasar comida”.
La presencia de mujeres en los centros de detención preventiva, que no están en condiciones de albergar a detenidos por más de tres días, ni tiene áreas especiales para mujeres, empeora el riesgo de que sean víctimas de abusos. En algunas comisarías disponen de oficinas administrativas para la reclusión de ellas o hay documentación de privadas de libertad que duermen en un sitio, pero durante el día están en las instalaciones, porque no hay donde mantenerlas.
El informe anual 2020 de la ONG aseguró que en 273 calabozos de 19 estados del país hay 1749 mujeres detenidas, más de 7 % de la población total en los centros de detención preventiva.
Explotación sexual de funcionarios a detenidas
La Misión de la ONU recogió casos de mujeres que fueron obligadas a tener actos sexuales con guardias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide. Documentaron casos de víctimas de sexo transaccional coercitivo, sexo a cambio de un beneficio.
Además en estos hechos no proporcionaron métodos anticonceptivos a las detenidas y tampoco fueron sometidas a exámenes médicos para detectar enfermedades de transmisión sexual o embarazos, según la investigación presentada el 16 de septiembre de 2020.
Testigos contaron que escuchaban a detenidas preocupadas de quedar embarazadas, incluso pedían anticonceptivos a familiares que también suministraban a otras compañeras.
La Misión consideró que estos son actos de explotación sexual, precisamente por su carácter coercitivo. En las celdas no se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de las mujeres, para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales.
También registraron casos en los cuales los funcionarios del Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) usaron la violencia sexual como medio de tortura y la Misión señaló que estos efectivos cometieron la mayoría de los actos. Los hechos se llevaron a cabo en la Dgcim de Boleíta y en el Sebin de El Helicoide, y Plaza Venezuela.
Hubo testimonios de mujeres, niñas y hombres que denunciaron que tuvieron que hacer sus necesidades en bolsas frente a funcionarios y otros detenidos del sexo opuesto.
Denuncian mafia de violadores en los calabozos de Polizamora
Integrantes de la comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 denunciaron la existencia de una mafia de violadores integrada por funcionarios policiales activos de la Policía del municipio Zamora, en Guatire, estado Miranda.
“El 13 de marzo, un funcionario de Polizamora entró a la celda donde estaban varias mujeres e intentó forzar a Daniela Geraldine Figueredo Salazar, 19 años, a mantener relaciones sexuales con él y al apuntarla con el arma de reglamento un tiro le segó la vida”, denunció la diputada Marianela Salazar, este martes 16 de marzo.
La dirigente aseguró que lo ocurrido se trata de una “práctica habitual” en los calabozos policiales de todo el país “con conocimiento y complicidad” de los directivos de los cuerpos de seguridad.
“Las mujeres reclusas se encuentran acosadas por una mafia de acosadores sexuales que deshonran el uniforme policial”, dijo Salazar.
Williams Dávila, presidente de la comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, afirmó que el funcionario de Polizamora, presuntamente responsable del crimen, forma parte de una mafia interna de ese cuerpo policial coordinada por “un funcionario de alta gradación policial de nombre Pedro García que es el que les ordena a los policías que tengan relaciones sexuales con las reclusas”.
Dávila indicó que la comisión de Cultos y Régimen Penitenciario realizará una investigación independiente, redactará un informe de los hechos y lo remitirá a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y a la Relatoría para Personas Detenidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, los diputados Richard Blanco, Gilber Caro y Deyalitza Aray abogaron por la depuración del sistema de justicia y del sistema de policías para acabar con las violaciones contra los derechos humanos de toda la población reclusa que incluye hacinamiento, retardo procesal, falta de atención médica, insalubridad, falta de alimentación, maltrato y en el caso de las mujeres, a todo ello se suman el ultraje y la violación.
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