Embarazadas no tuvieron control regular y oportuno en calabozos durante el 2020

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El informe anual de Una Ventana a la Libertad documentó que en 273 centros de detención preventiva, que monitorearon en 19 estados de Venezuela, hay 1749 mujeres en espacios inadecuados para su detención y documentaron solo dos recintos exclusivamente para el sexo femenino.

Caracas. En los centros de detención preventiva de Venezuela las detenidas embarazadas no reciben atención médica o controles frecuentes. Gran parte de las mujeres solo son trasladadas a un hospital cuando van a parir. Varias de ellas han concebido durante la reclusión.  

De acuerdo con el monitoreo de Una Ventana a la Libertad durante el 2020, en 273 calabozos de 19 estados del país, solo tres mujeres recibieron atención médica a través del personal de los centros de detención, 30 tuvieron traslados esporádicos a un control prenatal y 30 fueron llevadas a los hospitales solo al momento del parto

En los calabozos de Cabimas, estado Zulia, el pran –líder negativo de la población penal– ha amenazado con granadas o armas largas a los funcionarios para exigir traslados a los hospitales. En 2020 se registró el caso de una mujer que tuvo un aborto espontáneo y el pran del área C apuntó con un arma al custodio para que la llevaran a un centro médico.

Parieron una patrulla y se la llevaron. Pero del hospital la regresaron porque no había con qué limpiarla, se puso mal. Las mujeres reunieron los cinco dólares para el custodio, cinco más para la patrulla y cinco más para el desayuno del chofer. Además de las medicinas y los exámenes. Se salvó de vainita, tardamos como una semana en completar todo, dice el testimonio publicado en el informe anual de la organización. 

Los centros de detención preventiva están diseñados para albergar a los detenidos durante 48 horas, según la normativa legal. Sin embargo, en Venezuela se han convertido en cárceles, incluso los detenidos cumplen sus penas sin ser llevados a un centro penitenciario. 

El artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario, en su ordinal 10, establece que la privada de libertad tiene derecho de recibir atención médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia. Pero los calabozos no tienen espacios acondicionados para estos casos. 

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Los calabozos  policiales no están diseñados para albergar a los detenidos por lapsos superiores a las 48 horas. Foto: Cheché Díaz/CrónicaUno

En los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) una reclusa tuvo diarrea, deshidratación y fiebre durante su embarazo y aun así no recibió la medida humanitaria que solicitó su abogado. Luego de parir a su hijo, el 15 de octubre de 2020, la mujer estuvo con su bebé aunque no había condiciones para que la lactante estuviera ahí. Finalmente, a la madre le quitaron al bebé y se lo entregaron a su abuela materna; Una Ventana a la Libertad conoció que el recién nacido tenía diarrea y vómito

El mencionado artículo 15 sobre los Derechos de las Personas Detenidas, citado en el informe, indica que toda mujer privada de libertad tiene derecho de permanecer con sus hijos hasta que alcancen los tres años, si así lo decidiera.

(…) Toda madre privada de libertad tiene derecho a permanecer con sus hijos hasta que alcancen los tres años de edad, si así lo decidiera, y a que los infantes también reciban la atención médica necesaria, dice el artículo.

Centros de detención sin condiciones para mujeres

El informe anual 2020 de Una Ventana a la Libertad aseguró que en 273 calabozos de 19 estados del país hay 1749 mujeres detenidas, más de 7 % de la población total en los centros de detención preventiva. De esta cantidad solo 54 de ellas recibieron algún tipo de atención médica propia de su sexo. 

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En gran parte de los calabozos los detenidos hacen sus necesidades en botellas y bolsas plásticas. Foto: Cheché Díaz/CrónicaUno

Únicamente 187 centros de los 273 monitoreados admiten mujeres. En los registros de Una Ventana a la Libertad solo hay dos calabozos exclusivos para el sexo femenino: uno queda en Ocumare del Tuy, estado Miranda, y el otro en el estado Portuguesa.

Entre distintos órganos policiales hacen arreglos para el traslado de mujeres a los recintos que las acepten, por ejemplo, en la Policía del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta hay calabozos donde solo aceptan hombres y las mujeres son trasladadas hasta Los Robles, a pesar de ser administrado por una policía regional.

La organización también documentó que en Falcón hay un centro de detención donde las dos mujeres detenidas están alojadas en una oficina que únicamente usan para dormir, el resto del día están dispersas por las instalaciones, ayudan en la cocina y en la limpieza del comando. 

Mientras que en Punto Fijo las detenidas están en una oficina amplia que no tiene aire acondicionado, pues se dañó por los constantes apagones.

Reos contaron que deben colectar agua para bañarse y cepillarse, y esta se muestra turbia y no apta para su uso. Foto: Miguel González/Crónica Uno

Además de los problemas de las instalaciones, que afectan a toda la población detenida porque no tienen condiciones para albergar a tantas personas por más de 48 horas, el informe de Una Ventana a la Libertad documentó que muchas mujeres deben usar trapos cuando tienen la menstruación porque no reciben artículos de higiene personal. 

Tampoco tienen buen acceso a las medicinas, a la comida y al agua potable, al igual que los hombres.

Tuberculosis principal causa de muerte 

El informe anual de la organización también se refirió a la falta de atención médica y de prevención, que fue la principal causa de muerte entre los reclusos. En 2020 fallecieron 208 privados de libertad, 143 de los cuales murieron por enfermedades

La enfermedad con más registros de muerte fue la tuberculosis, con 86 casos, seguido por la desnutrición (13 fallecidos) y enfermedades respiratorias (12).

Los casos de desnutrición se agudizaron con la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, decretado en marzo de 2020, porque suspendieron las visitas en los calabozos y los familiares no podían entregarles los alimentos y el agua potable a los detenidos.

Parientes cargan con agua y comida en el transporte público. Foto: Tairy Gamboa/CrónicaUno

También a los parientes se les dificultaba el traslado a los recintos por las pocas unidades de transporte público y por la escasez de efectivo y de gasolina, que se agudizó a mediados de 2020. Hay casos de privados de libertad que están detenidos en otros estados del país y comieron por la solidaridad de otros compañeros que sí recibían alimentos.

La responsabilidad de los privados de libertad, en cárceles o en centros de detención preventiva, corresponde al Estado. Sin embargo, la exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, en varias ocasiones aseguró que los presos solo eran su responsabilidad una vez recibieran su pena.

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Foto principal: Cheché Díaz/Crónica.Uno


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