Una Ventana a la Libertad registró que entre mayo y septiembre de 2020 dos mujeres embarazadas, internadas en calabozos de Caracas, no recibieron debida atención médica. En el Instituto Nacional de Orientación Femenina, la reclusa María Griman pide ayuda para tratarse el seno izquierdo, en el que según el informe médico hay hallazgos de malignidad.

Caracas. Tengo un año con dolor en el seno, me dijeron que es cáncer. Aquí no dan buena alimentación y si me mandan a hacer quimios, no sé si las vaya a soportar. No aguanto el dolor, esto es día y noche. No estoy pidiendo libertad, solo estoy pidiendo que me ayuden.

María del Carmen Griman estaba presa en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda. Necesitaba atención médica. El sábado 17 de octubre le dieron medida de casa por cárcel, mientras se escribía esta nota.

Ya los calmantes no le quitaban el dolor de su seno izquierdo. El jueves 8 de octubre fue trasladada hasta el hospital de Coche y volvió al penal, aseguró que durante casi un año estuvo pidiendo ayuda a la directiva del penal para atender su dolencia.

El informe médico de María, con fecha del 16 de septiembre de 2020, arroja “hallazgos citológicos compatibles con sospecha de malignidad”. Pese a esta información, denunció que la directora del penal, Judith Rengifo, supuestamente alegó que su afección se debía a los implantes mamarios

Las reclusas de este centro penitenciario sostienen que hay otras compañeras con problemas de salud que tampoco reciben una apropiada atención médica. Aseguraron que otra compañera, de más de 70 años de edad, también tiene cáncer y no recibe tratamiento.

Comen arroz con lentejas diariamente, con pocas porciones, no tienen servicio de agua regular y los artículos de uso personal que les llevan sus familiares los reciben incompletos. 

El informe médico de la reclusa María Griman

En los centros de detención preventiva la situación no es distinta para las mujeres. Una Ventana a la Libertad documentó que ni siquiera las embarazadas reciben atención médica, o es muy esporádica. Algunas han sido trasladadas a un hospital solo cuando están en labor de parto.

La organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad registró que entre mayo y septiembre de 2020 hubo dos internas embarazadas en dos calabozos del Área Metropolitana de Caracas. 

Una de ellas está en el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en El Llanito. Parió en agosto y hasta mediados de septiembre seguía con su bebé en los calabozos. De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, esta mujer teme que le quiten a su bebé y se lo entreguen a sus familiares, en Maracay, estado Aragua. Una situación similar sucede con una lactante detenida en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Valle. 

Si a esta interna le llegaran a quitar a su bebé, las autoridades violarían el ordinal 10 del artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario, el cual indica que las madres lactantes, así estén privadas de libertad, deben estar con sus hijos los tres primeros años. Este artículo también indica que las mujeres deben recibir atención médica especializada durante la gestación, el parto y la lactancia.

La otra detenida se encuentra en la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc, en El Hatillo. Pasó su gestación en las celdas y Una Ventana a la Libertad informó que parió y sigue detenida, aunque los familiares esperaban una medida humanitaria, que no ha sido posible. En 2017 una mujer dio a luz en estas celdas, la separaron del bebé y no tuvo oportunidad de lactar

Mujeres
Reclusas del INOF aseguran que esta es su porción de comida. Foto: Cortesía

Los calabozos policiales no cuentan con la infraestructura adecuada para albergar a detenidos por más de 72 horas. Sin embargo, hay hombres y mujeres que tienen más de un año en estas instalaciones. En las celdas no hay suficiente capacidad y los funcionarios han acondicionado oficinas, y otras áreas, para albergar a los reclusos. Tampoco hay espacios habilitados para las madres con sus bebés.

El abogado penalista Yonathan Mustiola, director de la ONG Justicia Venezolana, explicó que los detenidos deben ser trasladados a un internado judicial durante los 45 días de fase de investigación.

El deber ser es que cuando a una persona le dictan medida privativa de libertad, en la audiencia de presentación, el tribunal debe fijar un sitio de reclusión, un internado judicial para procesados. Una vez que la persona deje de ser procesada y pase a ser penado, debe ser enviado a un internado judicial que tenga régimen.

Al no contar con las capacidad para mantener a tantos detenidos, los familiares deben llevarles comida a diario, artículos de higiene personal, agua potable y lavarles la ropa. En algunos centros no hay agua y los parientes deben llevarles para que se bañen y limpien las áreas. También hay diversos calabozos que no tienen baños, la población debe hacer sus necesidades en envases plásticos y bolsas

Las ONG documentaron que el hacinamiento en los calabozos es crítico. Foto: Cheché Díaz

Entre mayo y septiembre de 2020, la ONG monitoreó 60 centros de detención preventiva en el Distrito Capital, el estado Miranda y Vargas. La capacidad total de estos calabozos es para albergar a 2189 personas, pero tienen una población de privados de libertad de 5218: 4815 son hombres y 403 son mujeres.

Malos tratos y abuso sexual a las detenidas

Crónica.Uno conoció de manera extraoficial que, presuntamente, en los calabozos de la PNB de El Valle una reclusa quedó embarazada de un funcionario. Algunas mujeres en este centro de detención preventiva, supuestamente, son acosadas por los uniformados. 

En el informe Situación de las Mujeres Privadas de Libertad de 2019, de Una Ventana a la Libertad, registraron que las detenidas no solo han quedado embarazadas de los custodios, también de los detenidos

Magally Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, explicó que cuando las mujeres cometen alguna falta o delito son consideradas lo peor dentro de lo peor y esto puede dar expectativas de lo que viven en las cárceles y calabozos. 

Incluso las mujeres que custodian están más preocupadas por demostrarles a sus compañeros hombres que son igual de fuertes que ellos y por eso no atienden a las mujeres como debe ser, respetando sus derechos fundamentales. Son la reproducción del modelo masculino

Las reclusas del INOF denunciaron que las llevan a una celda de castigo, que las detenidas llaman “el tigrito” y las custodias “sala de reflexión”. Las mismas privadas de libertad lo describieron como un calabozo con siete celdas, no hay baños, las mujeres duermen sin colchón, ni medias ni suéter. Aseguran que hace mucho frío. 

Familiares llevan agua potable y agua para que los reos puedan bañarse. Foto: Tairy Gamboa

Alrededor del tigrito hay zona boscosa y nosotras hacemos huecos con una pala que ellos mismos nos dan, y hacemos nuestras necesidades, ya hay tantos huecos que no tenemos dónde hacer. Estuve ahí y ya no hay lugares limpios para hacer nuestras necesidades. Hay ratas, moscas y cucarachas por montón, contó extraoficialmente una interna a Crónica.Uno.

Presuntamente, hay otra área de castigo en la parte de abajo de la prisión. Es conocida por la población penal como “resguardo”. Al parecer, ahí meten a las mujeres que no entran en “el tigrito”

Ese cuartico tampoco tiene baños, no duermes en colchón ni sábanas, hasta después de los cinco días.  

María Corina Muskus Toro, consultora de género y derechos humanos, indicó en nota de prensa del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que no se han generado políticas carcelarias con perspectiva de género y, en consecuencia, se invisibiliza y discrimina a este sector de la población penal.

Aseguró que la infraestructura de las prisiones está diseñada para los hombres, tanto así que no existen espacios acondicionados adecuados para la estadía de las mujeres y su higiene. Y este es uno de los motivos para que sean más propensas a ser víctimas de violencia sexual. 

Productos básicos como una toalla sanitaria se pueden convertir en un instrumento de manipulación, pueden llegar hasta pagar con sexo por ello o por algún beneficio, dijo en nota de prensa del OVP. 

El informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también documentó casos de violencia sexual en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

Misión de la ONU, documentó en su informe, hechos de abuso sexual a mujeres detenidas en el Sebin y en la Dgcim. Foto Luis Morillo

En la investigación de la Misión, presentada en septiembre, se relataron hechos de abuso sexual. Las reclusas comentaban entre ellas que temían quedar embarazadas de los agresores y esperaban nerviosas la menstruación.

También documentaron casos de tortura física y psicológica, mujeres tuvieron que usar sanitarios frente a detenidos y custodios. Como forma de castigo no les suministraban toallas sanitarias, algunas pasaban días con la ropa manchada de sangre y las presentaban así en los tribunales. Esto generaba burlas entre la población masculina.

En los calabozos por delitos comunes también hay violencia física y sexual entre las mismas compañeras de celdas; hay amenazas de violación con palos y otros objetos. 

Datos del OVP indican que en 2019, 6 % de la población penal eran mujeres, lo que equivalía a 2526 privadas de libertad, aunque la capacidad instalada es para 2154.

Según el observatorio, en el país hay tres espacios destinados para mujeres con hacinamiento crítico. El INOF, la única cárcel para mujeres con capacidad para 350 y alberga a 677 presas. El anexo femenino María del Carmen Ramírez, en Mérida, con población para 289 mujeres y capacidad de 100. 

Presas del INOF aseguran que esta es su comida a diario. Foto: Cortesía

El tercer anexo está en el Internado Judicial de Carabobo, con una población de 234 presas y capacidad de 100. El OVP reseñó que en Venezuela hay 17 anexos femeninos en cárceles construidas para hombres, los espacios fueron adaptados por las mujeres sin cumplir las condiciones mínimas de reclusión.

La sobrepoblación, ocasionada por el retardo procesal penal, es la principal causa de propagación de enfermedades de la piel y estomacales, y la tuberculosis. También es una de las causas de los hechos de violencia y fugas; las policías municipales y estatales no tienen suficiente personal para custodiar los centros de detención preventiva y cumplir con las otras labores de seguridad.

Mujeres sufren desde la libertad

Yo tengo un año presa también, presa con mi hija. Sufro con ella. Pensé que tendría una vejez tranquila, pero no será así con todo esto. Patricia* tiene a su hija menor detenida en los calabozos de la PNB de El Valle, asegura que es inocente y espera comprobarlo en el juicio que aún no iniciará. 

Los familiares que esperan su turno de visita bajo el sol o la lluvia, según las condiciones climáticas. Foto: Tairy Gamboa

La mujer de 72 años quedó a cargo de sus tres nietos. Por fortuna, su pareja la ayuda con todo lo que requiere su hija en prisión, le lleva comida, agua y artículos de uso personal. Estamos en una situación difícil, mi hija era quien nos ayudaba económicamente y ahora sacamos un poquito de aquí, un poquito de allá y vendemos cosas.

Magally Huggins explicó que las mujeres: madres, esposas, hijas y hermanas también sufren las violaciones a los derechos humanos al igual que los privados de libertad. Muchas quedan desasistidas económicamente, ya que en ocasiones el detenido era quien mantenía a la familia. 

Las mujeres detenidas son maltratadas con la sola omisión de sus derechos fundamentales, son violentadas. Pero la otra cara de estas violaciones son los familiares, a quienes también agreden y explotan.

Crónica.Uno ha conversado —para otras publicaciones— con madres y abuelas que cargan con bolsos llenos de ropa, comida y agua para los detenidos. Viajan desde Barlovento, en el estado Miranda, hasta los calabozos de la PNB en Boleíta, donde hay 1087 detenidos y la capacidad instalada es de 250 personas, según Una Ventana a la Libertad. Muchas son de la tercera edad, con problemas de salud, y aún así deben hacer colas bajo el sol para entrar a las visitas. 

Las mujeres familiares también deben pagar para poder visitar a sus seres queridos. Por ejemplo, en la PNB de Boleíta pagan para pasar medicamentos o comida no permitida, como refrescos. Se conoció extraoficialmente que en la PNB de El Valle, los funcionarios piden hasta $1000 para que cambien a las mujeres a celdas donde no deban dormir de pie y tengan otros privilegios, como acceso al agua potable.

Desde marzo de este año, cuando se decretó la cuarentena en Venezuela por la pandemia de COVID-19, se suspendieron las visitas en cárceles y calabozos. Por meses las mujeres acudían a las cárceles y calabozos solo a dejarles comida e insumos de uso personal a los privados de libertad, pero actualmente se ha reportado que deben cancelar un monto en dólares para poder visitarlos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro no ha anunciado que se retomen las visitas

Familiares de la PNB de El Valle informaron que deben pagar dos dólares por media hora de visita en pandemia. Pero el cobro por ingreso de medicamentos, privilegios, o visita de hombres y niños ya había sido denunciado por los parientes, antes de la pandemia. 

La escasez de gasolina y las pocas unidades disponibles del transporte público han ocasionado que los familiares no vayan con regularidad a los penales a entregar medicinas, comida  y agua. Una Ventana a la Libertad registró que entre mayo y septiembre de 2020 aumentaron los cuadros severos de desnutrición y los casos de tuberculosis en los calabozos

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Una Ventana a la Libertad registró aumento de desnutrición durante el confinamiento por los casos de COVID-19. Foto: Miguel González

La pandemia del nuevo coronavirus también ha impedido que se lleven a cabo jornadas médicas de organizaciones no gubernamentales y se desconoce la información actualizada de privados de libertad con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Hace tiempo pagué $100 para que a mi hija la sacaran de unos calabozos y la llevaran a un área donde al menos puede dormir en una colchoneta. Lo que vivimos los familiares de los presos, y los mismos presos, no tiene nombre. No hay nadie que nos ayude, son muchas violaciones a los derechos humanos, dijo Patricia. 

Hace un año, en octubre de 2019, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció un plan de descongestión en los centros de detención preventiva, aseguró que tenían que ser espacios de tránsito nuevamente.

Iris Varela, cuando era ministra para el Servicio Penitenciario, alegó que los calabozos policiales no eran su responsabilidad. Y que para ser aceptados en las cárceles los detenidos deben cumplir con todos los requisitos legales.

(*) Los nombres fueron modificados por medidas de seguridad.

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