Aunque el TSJ dictó la sentencia 1632 en agosto de 2006, ratificada en 2007 y 2012, 487 familias de la urbanización Mata Redonda, al sur de Maracay, siguen esperando que el Estado cumpla con la orden judicial de restablecerles el valor económico de sus viviendas, inundadas y afectadas por el desbordamiento del lago de Valencia.
Maracay. Después de 12 años, 487 familias de la urbanización Mata Redonda, ubicada al sur de Maracay, esperan que se ejecute la sentencia 1623 del 11 de agosto de 2006, en la que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que “se reconoce, garantiza y concede el restablecimiento del valor económico de cada una de las viviendas, de manera que todos los sujetos lesionados y no solo los demandantes, puedan obtener un estándar de vida y una vivienda similar a la que tenían antes de la violación a sus derechos”.
Por ello, una representación de las familias afectadas acudió ante el Tribunal tercero ordinario y ejecutor del municipio Girardot, para solicitar, mediante un nuevo escrito, el cumplimiento definitivo de la sentencia por parte del Ejecutivo, toda vez que transcurrida más de una década desde que el máximo tribunal emitió la sentencia, aún permanecen en el urbanismo 487 propietarios que todavía no han sido indemnizados.
Se trata de 385 viviendas tipo casa y 102 tipo apartamento que han quedado bajo las aguas del lago de Valencia, cuyo desbordamiento ha superado la cota inicial de 410 msnm e inclusive un muro de contención, que fue construido para detener las aguas y cuya altura ha sido elevada en dos oportunidades.
En el petitorio, los afectados señalan que el lago de Valencia se encuentra actualmente sobre los 414 msnm; es decir, seis metros por encima de las viviendas. Pese a ello, los propietarios siguen esperando la indemnización y habitando en una zona declarada de potencial peligro (ZOPO), según gaceta oficial 39882 del 13 de marzo de 2012.
“El sistema de drenaje de aguas negras está totalmente colapsado, en muchas viviendas los baños ya no funcionan y se ha generado una contaminación ambiental de grandes proporciones”, refiere el documento, cuyo contenido es ratificado por Tamara de Sandoval, una de las propietarias afectadas.
El deterioro de nuestra calidad de vida -dice- los daños a nuestra salud e integridad física y la angustia a la que estamos sometidos por las constantes inundaciones e incremento excesivo del nivel del lago de Valencia hacen insostenible nuestra permanencia en la zona.
Los afectados dejan claro, además, que no aceptan soluciones de la Misión Vivienda, pues ellos son propietarios y no damnificados y exigen que a sus viviendas se les reconozcan el valor actual en el mercado. Solo así desalojarán la zona.
El crecimiento y desbordamiento del lago de Valencia al sur de Maracay trajo graves consecuencias a miles de familias. Muchas de ellas, después de engorrosos y largos procedimientos y denuncias, lograron que el 11 de agosto de 2006, el TSJ sentenciara a su favor: se trata de la decisión 1632/2006 que fue ratificada un año después con la sentencia 1752/2007 y con la 886 del 28 de junio de 2012.
El Gobierno, lejos de ejecutar la medida e indemnizar a los propietarios, optó por levantar un muro de contención que divide el lago de Valencia de las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda; prolongando, con ello, la agonía y preocupación de los habitantes de la zona y violando una disposición judicial que busca restituir los derechos constitucionales de las familias afectadas.
Fotos: Gregoria Díaz
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