Durante el último mes, al menos 13 personas fueron detenidas de forma arbitraria en diferentes regiones del país. Esta nueva ola de encarcelamientos se enfoca en familiares de activistas y militantes de la oposición, principalmente en los estados de Barinas, Mérida, Carabobo y Bolívar.
Caracas. Tras una ola de excarcelaciones de prisioneros políticos, un nuevo repunte de arrestos mantiene en vilo a familias venezolanas. Fuentes extraoficiales señalan que las detenciones arbitrarias de activistas y sus familiares se utilizan como una táctica de coacción y castigo.
Estos arrestos, que incluyen casos de encarcelamientos y desapariciones forzadas, se registran en el interior del país.
Un subregistro extraoficial indica que, en el último mes, al menos 13 personas fueron detenidas de forma arbitraria en distintas regiones. Esta nueva ola se dirige principalmente contra familiares de activistas y militantes opositores en los estados Barinas, Mérida, Carabobo y Bolívar.
Fuentes consultadas por Crónica Uno indican que todos los casos comparten un patrón: no son presentados ante tribunales y existe un hermetismo absoluto sobre los motivos de los arrestos. En la mayoría de los casos, los detenidos permanecen incomunicados y en condición de desaparición forzada.
Este repunte de arrestos ocurre en medio de negociaciones nacionales recientes y tras las excarcelaciones de prisioneros políticos, lo que pone de relieve una tensión creciente entre el gobierno y la oposición en el marco de una estrategia de control político.
Aunque no hay datos públicos adicionales, el vínculo con procesos de excarcelación sugieren un escenario político inestable y fragmentado.
El caso de la familia Guillén
La noche del 8 de septiembre, el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) informó que dos de los cuatro integrantes de la familia Guillén, un adolescente de 17 años y una bebé de dos años, fueron liberados tras más de 48 horas desaparecidos.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrestó a la familia Guillén entre el 4 y el 5 de septiembre. Los agentes ingresaron a la vivienda en el estado Carabobo y detuvieron a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto, Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años.
Al día siguiente, el adolescente recibió la orden de llamar a su hermana, Chantal Niulany Guillén, de 21 años, para que se presentara en la sede de la PNB. La joven acudió con su hija, Nicole de los Ángeles Palermo, de dos años, y ambas quedaron privadas de libertad.
Clippve calificó el caso como desaparición forzada y denunció que las autoridades negaron información sobre el paradero de los cuatro familiares y las razones de su arresto.
También trascendió que la detención se realizó sin orden judicial, con el objetivo de presionar a un pariente no localizado vinculado a María Corina Machado.
Aunque las autoridades liberaron a dos de los familiares gracias a la presión de allegados y organizaciones civiles, Miriam Fernández y Niulany Guillén siguen detenidas sin que las hayan presentado ante tribunales
Una fuente extraoficial, que prefirió mantener su nombre en reserva, explicó que casos como el de los Guillén constituyen una práctica sistemática de amedrentamiento y persecución contra familiares y colaboradores de partidos opositores. Esta acción se utiliza para coaccionar y conseguir la entrega voluntaria de militantes políticos.
Ola de arrestos arbitrarios
Una de las primeras aprehensiones que coincidió con el anuncio de excarcelaciones fue la del dirigente sindical de Venalum, Fernando Serrano. Cuerpos policiales detuvieron al representante gremial en el estado Bolívar el 20 de julio. Desde entonces, se desconoce su ubicación y estado de salud.
Ese mismo día apresaron a Ángel Rivas, esposo de Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería en Bolívar. Gremialistas denunciaron que funcionarios acudieron a la vivienda de Moreno para arrestarla. Al no encontrarla, se llevaron a su pareja en represalia.
“En todos estos casos se mantiene el hermetismo. No se esclarecen las causas de los encarcelamientos, no se permite la comunicación y los detenidos no tienen derecho a un abogado. Lo que sí sabemos es que las víctimas tienen una relación con el activismo y la difusión de información”,
detalló la fuente.
En los días siguientes, la ola de detenciones se intensificó. La madrugada del 25 de agosto, el exalcalde de Barinas, José Luis Machín, y tres dirigentes del partido Primero Justicia (PJ) fueron detenidos de forma arbitraria.
La noticia se conoció el 1° de septiembre, cuando el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció su desaparición forzada.
Modus operandi
Un factor común emerge al vincular a la familia Guillén, los dirigentes sindicales y líderes locales de distintas regiones.
Todos coinciden en modus operandi y áreas geográficas diversas —Carabobo, Bolívar, Barinas, Mérida— lo que sugiere una operación sistemática dirigida desde instancias centrales, con presencia en todo el territorio nacional.
Además del exalcalde, fueron arrestados otros ciudadanos: la profesora Isaura Villamizar, los ingenieros Miguel Jorge Álvarez y José Osorio (expresidente del Colegio de Ingenieros de la entidad), y un joven conocido como Junior.
De acuerdo con allegados, las autoridades los detuvieron cuando regresaban de una actividad política en Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, Barinas.
Otra detención similar se registró seis días después en el estado Mérida. A los activistas denunciaron que el 31 de agosto, Jesús Ernesto Castillo y Yones Molina, dirigentes del partido Vente Venezuela, los detuvieron presuntos efectivos de seguridad sin identificación. Hasta el momento, sus familias desconocen su paradero.
Cifras en aumento y coacción
Foro Penal contabilizó hasta la primera semana de septiembre un total de 823 prisioneros políticos. Sin embargo, una fuente asociada a la defensa de las víctimas señaló que la cifra extraoficial asciende a 1,200 privados de libertad.
Existe, no obstante, una brecha de 400 casos sin información, ya que muchas familias, amenazadas por las autoridades, se abstienen de denunciar. “Se les intimida con la amenaza de que si hablan, se trasladará a sus familiares a Caracas, donde todo será más difícil”, explicó la fuente.
La mayoría de los detenidos permanece incomunicada. La excepción son los arrestados en Barinas, cuyos familiares han podido entregarles ropa y alimentos, con la condición de guardar absoluto silencio.
Esta estrategia, según la fuente, dificulta la labor de las organizaciones de derechos humanos que documentan desapariciones forzadas. “Estamos ante una situación de extrema vulnerabilidad que atenta contra las víctimas y sus allegados”, concluyó.
Más allá de las cifras y de los nombres propios, estas detenciones revelan un patrón que se repite con crudeza: la vulnerabilidad de las familias frente a un Estado que se reserva la fuerza como herramienta política. En medio del hermetismo y el temor, la vida cotidiana de cientos de venezolanos queda marcada por la incertidumbre de no saber si sus seres queridos volverán a casa.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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