El informe Prisión Injusta, Celdas Inhumanas documenta que en tan solo 16 días se registró un promedio de 150 detenciones diarias. Entre noviembre y diciembre fallecieron bajo custodia del Estado venezolano tres privados de libertad durante las manifestaciones poselectorales.
Caracas. El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) documentó en un nuevo informe que las detenciones arbitrarias en contexto poselectoral “ocasionaron una crisis en las condiciones de reclusión” que antes ya eran precarias para la población carcelaria.
El informe Prisión Injusta, Celdas Inhumanas revela “una violación sistemática de derechos fundamentales de los presos políticos”, del derecho a la vida, a la alimentación adecuada, el acceso agua potable a la salud y a condiciones dignas de alojamiento e higiene.
“Las condiciones documentadas son el resultado de políticas sistemáticas de represión, negligencia estatal, ausencia de controles efectivos sobre el sistema penitenciario y una
forma de profundizar el terrorismo de Estado”, dice el informe.
Destaca que tras los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron a Nicolás Maduro como ganador, en tan solo 16 días se registraron 150 detenciones diarias, en promedio. Asegura que estas cifras superan la represión estatal en en 2014, 2017 y 2019.
Según Maduro en el contexto de manifestaciones poselectorales detuvieron a más de 2000 personas.
Derecho a la vida
Entre noviembre y diciembre murieron tres personas bajo la custodia del Estado. Se trata de Jesús Manuel Medina, de 36 años; Jesús Rafael Álvarez, de 44 años y Osgual González, de 43 años. Todos fueron arrestados tras las manifestaciones poselectorales.
Según el informe desde el 2015 al menos 19 de personas fallecieron bajo custodia del Estado. Agregan que este derecho no se le ha garantizado a los reclusos ante la falta de atención médica oportuna.
El exministro de Defensa de Hugo Chávez Frías, Raúl Isaías Baduel, falleció en octubre de 2021 mientras estaba recluido en el Sebin de El Helicoide, pero también se registraron las muertes en prisión del concejal Fernando Albán, el capitán de aviación Rodolfo Pedro González y el capitán de la fuerza Armada nacional Rafael Acosta Arévalo.
Derecho a la alimentación
El Clippve denunció que mientras a algunos detenidos no les dan alimentación, a otros les sirven comida en mal estado como es el caso de los centros de máxima seguridad en Tocorón, Tocuyito y Yare III. Varios familiares denunciaron que les dieron comida descompuesta y con animales como «cucarachas gusanos y cocos».
En estos últimos centros penitenciarios las autoridades solo permiten el ingreso de galletas y caramelos lo cual agrava la condición de salud de los privados de libertad.
El informe resalta que en otros centros de reclusión como comandos policiales y destacamentos militares es frecuente que no se les brinde comidas a los detenidos, sino que los familiares deben asumir ese gasto.
Además, los parientes son quienes deben suministrar de agua potable a los detenidos para evitar enfermedades estomacales y gastrointestinales.
Derecho a recibir visitas
Las restricciones y limitaciones para recibir visitas se convirtieron en un mecanismo humillante para los familiares de presos políticos, según el informe.
Las mujeres son sometidas a requisas invasivas en las que son forzadas a desnudarse y mostrar sus genitales.
En la mayoría de los centros de reclusión que sirven como albergues, se prohíbe el ingreso de hombres durante la visita. El comité menciona el caso de un joven recluido en Tocorón a quien no se le permite la visita de su padre. El detenido no tiene madre, hermanas, hijas, ni tías. La única persona consanguínea con vida que puede visitarlo es su papá, pero no se lo permiten.
El comité considera que las condiciones a las cuales son sometidas los detenidos representan un peligro para la vida y una amenaza para los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
“Es imperativo que las autoridades venezolanas adopten medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre las condiciones de reclusión y el trato a personas privadas de libertad”.