Llevan a declarar a la madre del bebé asesinado por la Guardia Costera trinitense durante el funeral de su hijo

Darielvis Sarabia fue dada de alta médica, pero no pudo asistir al velorio de su bebé de un poco más de un año. Del hospital las autoridades trinitenses se la llevaron detenida y, horas más tarde, aclararon que su traslado fue para que declarara sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de febrero, cuando la Guardia Costera de ese país abrió fuego contra el pequero donde iba ella junto con sus dos hijos pequeños y otros 17 migrantes venezolanos. Es la única testigo de los hechos, pues el resto de los migrantes ya fueron deportados. El primer ministro de ese país, Keith Rowley, reitera su posición de no otorgar asilo a los migrantes.

Caracas. Ayer 18 de febrero se realizó el funeral de Yaelvis Santoyo Sarabia, el bebé venezolano de un año de edad, asesinado por la Guardia Costera trinitense que abrió fuego contra el peñero en el que iba junto a su madre, Darielvis Sarabia y otros 17 migrantes venezolanos, que iban a la isla el pasado 5 de febrero.

El servicio fúnebre se hizo en la Iglesia del Nazareno de Arima en Trinidad y Tobago con una misa en inglés y estuvo el padre del niño, Yermi Santoyo, familiares, amigos y medios locales, pues este hecho ha despertado interés y críticas en la opinión de la sociedad trinitense.

La madre del menor no pudo estar presente en el funeral porque esperaba el alta médica, sin embargo, su esposo Yermi Santoyo, denunció a través de la redes sociales, que las autoridades migratorias de la isla la detuvieron sin dar mayores explicaciones.

“Estoy pasando por un dolor tan grande y resulta ser que mi esposa me llama, al mismo momento de estar enterrando a mi hijo, que le dan de alta. Fue detenida por la policía de acá, de Trinidad. Aún no nos dan razón, si es que la están investigando o la tienen presa», afirmó Santoyo a medios locales”.

La familia Santoyo Sarabia ya había manifestado preocupación por el estado de salud de la madre y por su integridad física a los medios locales, pues es la única testigo de los hechos que permanece en Trinidad y Tobago.

Los otros migrantes que iban en el peñero que fue atacado por la Guardia Costera de ese país, ya fueron deportados. Todos menos la otra hija de Darielvis Sarabia, Danna, de dos años de edad, que por presión de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, el exilio venezolano y los medios de comunicación locales, fue entregada a sus familiares que ya viven en ese país el pasado 9 de febrero.

Horas más tardes, las autoridades trinitenses aclararon que no se la llevaron detenida, sino que la trasladaron para que declarara sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de febrero, cuando su hijo de un poco más de un año, murió tras recibir disparos de la Guardia Costera de la isla. Ni siquiera le permitieron asistir al funeral del menor.

Darielvis Sarabia estuvo ingresada en el hospital Sangre Grande por heridas de bala en la clavícula, cerca de un seno y siempre bajo custodia policial, según sus familiares.

La familia Santoyo Sarabia solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago permisos para permanecer en la isla y no ser deportados, según explicó su abogado, Blaine Sobrien.

Contrataron los servicios de los abogados de CJ Williams Law Company para presentar la solicitud en nombre de la familia Santoyo Sarabia, según reseñó la agencia de noticias EFE.

Blaine Sobrien, señaló que sus clientes son “refugiados y hay familiares del bebé en Trinidad y Tobago que no pueden regresar a Venezuela porque algunos de ellos eran miembros de las fuerzas armadas y si regresan pueden enfrentar la cárcel o ser asesinados”.

Condena internacional.

El suceso fue criticado por muchas organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales por lo que se denominó una respuesta desproporcionada de la Guardia Costera ante una embarcación de migrantes venezolanos. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y Unicef condenaron la actuación de las autoridades trinitarias, según informó la agencia de noticias EFE.

En estos momentos se realizan dos investigaciones paralelas de estos hechos.

Postura antimigrante

En Trinidad y Tobago viven cerca de 34 mil venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como RV4, y algunos siguen llegando a las costas trinitenses en precarias embarcaciones. Ante esta situación, el Primer Ministro Keith Rowley mantiene un discurso que distintas organizaciones humanitarias han denominado de antimigrante.

En varias ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha mostrado preocupación por la situación y exhortado a Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso de venezolanos, en especial aquellos que buscan asilo o refugio debido a la crisis económica, social, política y sanitaria de Venezuela.

Keith Rowley aseguró que su gobierno resistirá todos los esfuerzos de quienes pretendan “forzar la apertura de las fronteras a través de la inmigración ilegal”.

“Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas y sin rostro armadas con niños inocentes, para intentar obligarnos a aceptar su comprensión del ‘estatuto de refugiado y tratado internacional’ donde se debe esperar que una pequeña nación insular de 1.300.000 de personas mantenga las fronteras abiertas a un vecino de 34.000.000 de personas incluso durante una pandemia”, agregó.

En 2018, Rowley declaró públicamente su posición respecto a la llegada de cientos de venezolanos ilegales a ese país. En abril de ese año, 82 de ellos fueron deportados, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. Esta medida se agudizó desde esa fecha.

“Este país no permitirá que las Naciones Unidas ni ningún otro organismo internacional lo convierta en un campo de refugiados”, añadió en una rueda de prensa el 27 de abril de 2018.

Amnistía Internacional (AI) y otras 17 organizaciones no gubernamentales dirigieron una carta abierta a Rowley en la que recordaban que los venezolanos huyen de graves violaciones a los derechos humanos, lo que significa que seguirán buscando protección/asilo internacional fuera de su país, incluso en una pandemia.

Rowley contestó que abrir las fronteras bajo la excusa de una acción humanitaria sería lo equivalente a permitir la entrada “a todos los migrantes económicos, traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas y líderes y/o miembros de pandillas sudamericanos”.


Participa en la conversación