Los cuatro directivos de Corposalud fueron detenidos por funcionarios de la PNB en San Cristóbal. Los acusan de disponer de medicinas, bienes e insumos sin justificativo. Una de las aprehendidas es la esposa del exdiputado Juan Carlos Palencia.
San Cristóbal. El presidente de Corposalud Táchira, Ildemaro Pacheco; la jefa de la División de Administración, Coylu Arias; Braulio Gómez, jefe de Proveeduría, y Lorena Colmenares, directora de Salud Colectiva y Redes, fueron detenidos en la mañana de este jueves por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana.
De acuerdo con la información suministrada, los delitos que se les imputan a los funcionarios de la Gobernación del estado Táchira son: peculado doloso propio, obtención ilegal de lucro en actos de administración pública y agavillamiento.
Se desconoce el paradero de los cuatro directivos de Corposalud. Al momento de la detención fueron trasladados a la sede de las FAES, en la parte alta de San Cristóbal, pero luego los sacaron del lugar. Se presume que fueron llevados a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público.
La gobernadora del estado, Laidy Gómez, fue la primera en denunciar lo que consideró como un “pase de factura” ante sus denuncias reiteradas de negocios ilegales en la zona de la frontera, supuestamente vinculados con personas relacionadas con el oficialismo.
El exdiputado Juan Carlos Palencia denunció que la detención de Coylu Arias, que es su esposa, se efectuó en frente de sus hijas. Asegura también que es una retaliación por las acusaciones que hace en el municipio Cárdenas. “Me está cobrando las denuncias que vengo haciendo a los bandidos que trabajan con el municipio Cárdenas”. Durante el procedimiento, se llevaron un vehículo propiedad de la dama.
Si bien la mandataria regional informó que los funcionarios aprehendidos se comunicaron con sus familiares e informaron que se encontraban bien, duda que esto sea así, por cuanto, “no se sabe si tenían puesta una pistola en la cabeza”.
Esta situación se habría originado por la entrega de medicinas, presuntamente, sin sustento ni justificativo, bajo la modalidad de jornadas médicas, así como donación de bienes, insumos y materiales pertenecientes a la Corporación de Salud del Táchira. Se calcula una afectación patrimonial superior a los 30.000 dólares.
Hasta ahora se desconoce cuándo se celebrarán las audiencias de presentación y preliminar y si los directivos del organismo de salud permanecerán privados de libertad.
Gómez advirtió que interpuso la denuncia en ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Participa en la conversación