Yeidi Caro, hermana del parlamentario, denunció que está recluido debajo de unas escaleras en el comando de las Fuerzas de Acciones Especiales, en Caricuao, y no puede ponerse de pie. Además dijo que no le dan comida, agua ni recibe luz solar. Caro tiene siete meses detenido, por tercera vez, y su abogada, Theresly Malavé, no conoce los delitos que le imputan.
Caracas. Siete meses después de su detención se desconoce qué delitos le imputan al diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro. Además está recluido debajo de unas escaleras, con dos rejas, en un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en Caricuao. No puede ponerse de pie, no le pega la luz, no recibe comida ni agua.
“Es importante que el mundo sepa que Gilber es torturado”, dijo su hermana Yeidi Caro, este martes 28 de julio. El lugar de reclusión de Gilber no es una celda, como está el resto de los detenidos, sino un espacio improvisado debajo de unas escaleras al que le pusieron dos rejas y un colchón. El reducido espacio no le permite pararse, como podía hacerlo anteriormente pegado de la reja.
El 20 de diciembre de 2019 una comisión de las FAES lo arrestó arbitrariamente en una pizzería de El paraíso. Se encontraba con su asistente, el periodista Víctor Ugas, quien también fue detenido por segunda vez, pues en 2014 lo arrestaron por publicar unas fotos del exdiputado Robert Serra, en la morgue de Bello Monte. Sin embargo, a Ugas lo excarcelaron el 17 de enero de 2020, luego de permanecer 28 días desaparecido.
Al diputado, dirigente de Voluntad Popular, le violaron su inmunidad parlamentaria, que establece el artículo 200 de la Constitución: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.
El 6 de enero de 2020 su abogada, Theresly Malavé, denunció ante el Ministerio Público que el diputado era víctima de una desaparición forzada —como sucedió las dos veces anteriores en las que fue detenido— y hasta el momento no se ha asignado un fiscal para esa investigación. El 20 de enero permitieron a sus familiares llevarle comida, agua y ropa, así como la visita de Malavé en varias oportunidades.
La abogada del diputado solicitó ante el Ministerio Público, el lunes 27 de julio, que una comisión de fiscales constate las condiciones de reclusión en que está detenido Caro. La respuesta que le dieron fue que por la cuarentena radical por la pandemia de COVID-19 que hay en el Distrito Capital el caso está en espera.
“No puede ser una excusa la cuarentena, cuando denunciamos su desaparición forzosa, el 6 de enero, todavía no había cuarentena y tampoco designaron a un fiscal para investigar esta situación”.
Desde el 13 de marzo el mandatario Nicolás Maduro decretó estado de alarma en el país por la pandemia del COVID-19. Cuatro meses después de confinamiento se han registrado las cifras más altas de contagios y el Distrito Capital permanece en cuarentena radical. Hasta el 27 de julio se contabilizaron 15.988 positivos y 146 fallecidos.
La última visita que le hizo Yeidi Caro a su hermano fue el 26 de julio. En la requisa una funcionaria le tocó sus partes íntimas y la desnudaron. Durante los pocos minutos que visitó al parlamentario este le dijo: “Me estoy volviendo loco”.
Por denunciar la presunta tortura de la que es víctima el dirigente de Voluntad Popular ante los medios de comunicación, Yeidi Caro se enteró este martes 28 de julio que no podría visitar más a su hermano. “Ayer lo visitó su hija y me mandaron esa información. No quiere que siga denunciando”.
Su abogada tampoco pudo visitarlo más. La última vez que lo vio fue el 1° de julio y recuerda que estaba en buenas condiciones de salud, aunque no en buenas condiciones de reclusión.
“Hasta ese día pude verlo porque me indicaron que hubo cambio de personal, ahora hay civiles y funcionarios. Él se encuentra debajo de unas escaleras, antes se podía mover un poco más porque solo había una reja, ahora pusieron otra reja y ni siquiera puede pararse”, dijo a Crónica.Uno.
Tres veces prisionero de Maduro
Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han detenido tres veces arbitrariamente a Caro. La primera vez fue el 11 de enero de 2017 en la autopista Regional del Centro. Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo interceptó en el peaje de Guacara.
Estuvo recluido en el Centro Penitenciario 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico. En mayo fue trasladado arbitrariamente al Centro de Formación del Hombre Nuevo en Tocuyito, estado Carabobo. Y casi seis meses después de su detención lo presentaron ante un tribunal militar por los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Tras un año y cinco meses, el 1° junio de 2018 Maduró ordenó su excarcelación y la de otros 38 presos políticos, y fue juramentado como diputado de la AN. En todo ese tiempo estuvo incomunicado de sus familiares y abogados, y perdió 12 kilos.
La segunda detención fue el 26 de abril de 2019 en un restaurante en Las Mercedes (Caracas). Su abogada y sus familiares tampoco supieron de su paradero inmediatamente. Dos meses después fue excarcelado, el 17 de junio de 2019.
Actualmente, el diputado está bajo custodia de funcionarios de las FAES y de civiles, según denunció su abogada. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) pidió la disolución de este cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero al contrario, este recibió apoyo del mandatario Maduro.
La diputada Adriana Pichardo denunció la violación a los derechos humanos, tortura y tratos crueles e inhumanos de las que son víctima los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, quienes además no tienen defensa privada porque no les han permitido juramentarse.
“Hace un año Bachelet pidió su disolución (de las FAES) y al contrario el régimen le da más funciones y los pone a custodiar a nuestros hermanos, hoy presos políticos. Gilber está en un colchón donde no puede ni arrodillarse, está incomunicado. Se trata de graves violaciones a los derechos humanos”.
Prieto fue detenido el 10 de marzo y está recluido en las FAES de La Quebradita. Según la diputada Pichardo, está incomunicado, no le dan agua ni comida y además ha perdido bastante peso. “Tiene un problema en la columna que no ha sido atendido”.
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