Docentes de Sucre rechazaron la posible modificación en la Ley de Educación, con lo cual personas ajenas al quehacer educativo podrían intervenir en el proceso enseñanza-aprendizaje, sin estar facultados para ello. Sindicatos refirieron que más del 90 % de los planteles de la entidad no están en condiciones para iniciar actividades en el venidero año escolar.
Cumaná. Durante la instalación de una asamblea, los docentes del estado Sucre instaron a defender la ley que desde 1980 norma el ejercicio de la carrera magisterial en el país, en consonancia con el artículo 104 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que establece que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”.
De acuerdo con la norma constitucional vigente, “el Estado estimulará la actualización permanente del docente y garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera, bien sea pública o privada, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”.
Sin embargo, ante una posible modificación de su articulado y la pretendida aprobación de una eventual nueva ley del ejercicio de la profesión docente, la representación sindical del magisterio sucrense, rechazó las implicaciones de una serie de artículos de la ley donde se faculta y se designa la presencia consejos comunales, milicias bolivarianas y otras instancias político-partidistas en la toma de decisiones del quehacer educativo.
Docentes expresaron su repudio ante lo que calificaron de “imposiciones de la administración de Nicolás Maduro con las que pretenden violar la ley del ejercicio docente”.
William Figueroa, secretario general de la Federación del Maestro-Cumaná (FVM) y Roger Sánchez, secretario del Sindicato de Trabajadores de educación del estado Sucre (Sindite), instaron a sus colegas a leer y revisar el contenido del texto legal que, refirió, ya fue aprobado en primera discusión de la Asamblea Nacional, para combatir la desinformación y defender con contundencia la esencia de la labor docente.
Si nuestras federaciones y las instancias nacionales no enfrentan esta lucha con la fuerza que exige la clase trabajadora, nosotros desde los estados y desde las regiones saldremos a la calle a defender la esencia de la ley del ejercicio de la carrera docente”, apuntó Figueroa.
Para los maestros de Sucre la modificación del articulado de la ley pone en riesgo la estabilidad del ejercicio docente, más cuando maximiza la participación de elementos ajenos al quehacer educativo, con la facultad de incidir en la vida de los educadores.
El dirigente sindical reconoció que están a “contrarreloj” en relación con los lapsos para que el texto de la ley aprobada en primera discusión sea llevado a plenaria de la Asamblea Nacional; por lo cual desde ya avanzan en la difusión de la norma para que “todos los docentes a una sola voz exijamos la nulidad de este texto que viola la esencia del ejercicio de la carrera docente”.
Adecuación salarial
Los docentes también discutieron los avances en la discusión de la contratación colectiva que mantienen las federaciones nacionales con las autoridades ministeriales, a razón de dignificar el salario que perciben.
Figueroa indicó que el pasado lunes 21 de junio se aprobaron las cláusulas de adecuación salarial del tabulador de educación y se igualó al tabulador del resto de la administración pública.
Sostuvo el dirigente que en medio de la discusión de la contratación colectiva un docente VI logra pasar de 13 millones de bolívares mensuales a 20,6 millones de bolívares mensuales.
Se conoció que el sueldo base de un docente I, partirá de 1,5 petros anclado al dólar, a razón de $60 por petros. “Ahora desde allí se iniciará la discusión de la contratación colectiva”, acotó William Figueroa.
Clases presenciales y persecución
Roger Sánchez, representante del sindicato de trabajadores de la educación del estado Sucre, denunció “la persecución y hostigamiento” por parte de algunos supervisores de la zona educativa y directivos de algunos planteles contra el personal docente.
Sánchez citó algunos casos de acoso laboral que se han registrado tanto en la ciudad de Cumaná, como en la población de Araya.
En Cumaná, refiere Sánchez, en la Unidad Educativa General Miranda se arremetió contra 25 docentes por la no incorporación a clases; mientras que en la comunidad de Chacopata en el municipio Cruz Salmerón Acosta se conoció del caso de una docente con más de 24 años de servicio a quien le suspendieron el salario.
Sánchez recordó que en la discusión que mantienen las federaciones magisteriales con las instancias de gobierno nacional se prohibió este tipo de prácticas contra los docentes, más cuando se viola el debido proceso según lo estima el reglamento del ejercicio docente.
Advirtió que ante la pandemia existe un decreto de emergencia nacional, así como decreto de inamovilidad laboral, en consecuencia es inadmisible que directivos y supervisores actúen en contra del personal docente.
Figueroa advirtió que, en el estado Sucre, más del 94 % de las instituciones educativas no están aptas para iniciar al próximo año escolar y acudir al llamado a clases presenciales.
En Cumaná de 8 a 10 escuelas públicas nacionales han sido objeto del hampa. Muchos centros educativos no cuentan con la suministro de agua, otras han sido desvalijadas, no tienen base para el programa de alimentación escolar, no hay pupitres; y eso lo saben las autoridades nacionales”, agregó.
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