El carnet de la Patria es llave de control del sistema sanitario

En enero, Maduro propuso crear un sistema de historias clínicas a través del carnet de la Patria. La aspiración manifestada por el Ejecutivo no fue un anuncio fortuito. En septiembre de 2017, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dijo que el documento sería un requisito para acceder a las vacunas, hoy es indispensable para obtener los medicamentos ofrecidos a través del 0800-SaludYa.

Caracas. La pretensión del Gobierno de politizar el sistema nacional de salud no cesa. Las maniobras políticas de Nicolás Maduro ganan terreno en un contexto electoral en el cual el régimen hace aspavientos para controlar la atención sanitaria de manera definitiva y echar mano a las instituciones hospitalarias más allá de Barrio Andentro, la misión creada en 2003.

La mayor muestra de ello es el carnet de la Patria, un documento de filiación oficialista que, para los más críticos, es el catalizador de un proyecto político totalizante que va en escalada y aspira subordinar la atención sanitaria al poder político.

No en vano, el 8 de enero Maduro propuso crear un sistema de historias clínicas con el apoyo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En palabras del propio Presidente, con el proyecto se busca que todos los habitantes del país tengan su historia en la plataforma virtual del carnet de la Patria, para que se sepa cómo tratar su patología.

“De aceptarse esta proposición, el carnet de la Patria pasaría a ser un requisito indispensable para abrir la historia clínica a las personas que requieran atención médica en los establecimientos públicos de salud, y por consiguiente, su historia estaría expuesta a todo público”, cuestiona la Alianza Venezolana por la Salud en un comunicado público.

A propósito de ello, este viernes el Presidente anunció el Plan Nacional de Inmunizaciones 2018, previsto entre el 6 de abril y el 13 de mayo. El inicio del programa coincide con la carnetización promovida, enérgicamente, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en todos los estados del país durante el fin de semana. Para la jornada fueron instalados 5468 puntos fijos de vacunación a escala nacional y más de 92 puestos itinerantes, según informó el ministro de Salud, Luis López.

En simultáneo, ha dicho Maduro, el Movimiento Somos Venezuela hará un recorrido casa por casa para verificar que las mujeres embarazadas, con el carnet de la Patria, tengan bonos y sean atendidas a través del Plan de Parto Humanizado.

Las prebendas deslizadas por el Ejecutivo no son un anuncio fortuito. En septiembre de 2017, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dijo que el carnet sería un requisito para acceder a las inmunizaciones. Se trata de un servicio que flaquea por la escasez de vacunas y que esta semana desató el enojo de las madres de la Maternidad Concepción Palacios, quienes protestaron con sus niños en esa institución, para exigir la protección de los recién nacidos.

El documento promovido por el madurismo no solo se ciñe a la inmunización. Este año pasó a ser un requisito obligatorio para obtener medicinas subsidiadas a través del 0800-SaludYa, la línea de atención telefónica retomada en 2017 por el Ministerio de Salud en respuesta al desabastecimiento de medicinas.

Según la Federación Farmacéutica de Venezuela, la escasez de medicinas en establecimientos comerciales supera 85 %. En el país fallan por lo menos 8 de cada 10 fármacos y los que se expenden en las farmacias privadas se venden al cambio del dólar paralelo. Pero la situación se torna aún más crítica en los hospitales públicos, cuyo personal registra una escasez de medicamentos de 88 % y una falta de material médico quirúrgico de 79 %, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales realizada por la Asamblea Nacional (AN) y la ONG Médicos por la Salud.

La política del Gobierno —que ha sido calificada de discriminatoria y segregacionista— no solo ha desbordado las críticas de la disidencia opositora, también preocupa a las sociedades científicas médicas del país. Entre las organizaciones que han alzado su voz contra el uso del carnet de la Patria como mecanismo de control social, destacan la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura que tilda la medida de aberración. A juicio de los expertos de la Sociedad de Pediatría, la credencial madurista supone una eventual violación de la confidencialidad de la relación médico-paciente.

La Alianza Venezolana por la Salud reitera que el acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud en Venezuela tiene carácter universal y el Estado está obligado a garantizar el tratamiento oportuno y la rehabilitación de calidad.

“Todo paciente tiene derecho al respeto de su intimidad y dignidad, por lo que su información médica debe ser tratada con confidencialidad [Art. 69 de la Ley Orgánica de salud, G.O. N.º 36.579, 11-11- 98]; en este sentido, vale la pena recordar que la Asociación Médica Mundial ha recomendado mantener en secreto toda información identificable del estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento de un paciente, incluso después de su muerte”, reitera el comunicado divulgado por el exministro de Salud, José Félix Oletta.

Restringir o condicionar el acceso a los establecimientos públicos de salud a la tenencia de un instrumento político como el carnet de la Patria constituye un acto discriminatorio hacia todos aquellos que no lo posean. La exigencia del carnet rompe con el principio de aceptabilidad propio del derecho a la salud según el cual todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiados, y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y de su ciclo vital”.

José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, se suma también a las críticas contra el Gobierno. Dice que el requisito confirma lo que hasta octubre de 2017 era un capricho, cuando el ministro de Salud, Luis López, asomó el documento como un mecanismo de acceso a los tratamientos.

Este viernes la diputada a la Asamblea Nacional y secretaria general adjunta, Dinorah Figuera, denunció que el PSUV y su vicepresidente de Movilización, Darío Vivas, pretenden chantajear a los venezolanos por medio de la jornada de vacunación que inicia este fin de semana.

“Las madres viven un calvario para vacunar a los recién nacidos, tampoco hay suficientes vacunas para los adultos”, dijo Figuera. La parlamentaria anunció que elevará la denuncia ante la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para este año, el Ejecutivo dice que cuentan con 11 millones de dosis para más de 9 millones de personas, entre ellos niños menores de 5 años. Así lo informó el Presidente desde el Hospital Periférico de Pariata, en Vargas, al cual aprobó recursos para su rehabilitación.

El Plan Nacional de Vacunación, explicó Maduro, cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud y la Misión Médica Cubana. Y se anuncia en un momento en el que el gremio médico alerta sobre la reaparición de casos de sarampión, difteria y otras enfermedades que se creía estaban controladas.

100 % Barrio Adentro

Maduro aprobó 64 billones de bolívares para Barrio Adentro, que serán financiados en petros y a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden).

Durante la alocución de este viernes, el mandatario nacional informó que en Distrito Capital la Fundación Barrio Adentro tiene 81 centros de salud, de los cuales 18 están siendo rehabilitados y otros 23 más serán recuperados.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis López, anunció el Plan Nacional de Control Vectorial, que cuenta con 500 máquinas de fumigación que serán desplegadas en los 11 municipios del estado Bolívar, además de los estados Delta Amacuro y Amazonas. Detalló que el Estado adquirió 11 millones de unidades de medicamentos, lo que equivale a 385.000 tratamientos contra la malaria para atender a los afectados.

Fotos: Luis Miguel Cáceres @lmcaceres | Cristian Hernández @fortunecris | Miguel González