El actual mapa de medios de comunicación de EP revela “cambios estructurales en la oferta de contenidos, que ahora se refugian en las plataformas digitales con mayores grados de libertad para difusión de contenidos sensibles de interés públicos”, explica el informe.
Caracas. La prensa tradicional en Venezuela parece haber quedado atrás, y no precisamente por el paso del tiempo y el auge de nuevas tecnologías. Tiene que ver más con que en 20 años, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han cerrado 400 medios de comunicación, entre impresos, radios, canales de televisión y plataformas digitales, según registros de la organización no gubernamental Espacio Público (EP).
Esta práctica constituye una política restrictiva que limita de forma directa la posibilidad de que las personas tengan acceso a la información oportuna”, según EP.
Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. A propósito de esta fecha, EP dio a conocer su informe sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, durante el año 2023.
Durante el 2023, Espacio Público documentó al menos 204 casos o el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.
El mapa de medios de EP revela “cambios estructurales en la oferta de contenidos, que ahora se refugian en las plataformas digitales con mayores grados de libertad para difusión de contenidos sensibles de interés públicos”, explica el informe.
Denuncias registradas
En el 2023 EP contabilizó 384 denuncias de violaciones. Con respecto a 2022, cuando documentaron 470 casos, hubo 18 % menos incidencias reportadas.
La disminución del número total de violaciones, con relación a la cifra registrada en el 2022, no implica que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones”.
Otro dato importante es que en el 2023 hubo al menos 28 detenciones por el ejercicio del derecho; lo que representa un incremento del 65 % con relación al año pasado, cuando registramos 17 detenciones. Del total de personas detenidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas.
La investigación de EP advierte que, en el caso de las detenciones a personas particulares, están relacionadas con la difusión de mensajes en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea, lo que representa una amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales, registrada por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.
Uno de los casos documentados por EP es el de Alfredo Lizcano, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, quien fue detenido el 26 de diciembre por funcionarios de seguridad del Estado, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que exigía derechos laborales para los trabajadores de ese órgano.
No a la censura ni a la autocensura
Debido al auge del hostigamiento o las detenciones a ciudadanos por publicaciones particulares en redes sociales, una de las recomendaciones de Espacio Público es “seguir diciendo las cosas”, sin necesidad de aplicar la autocensura, pero de una forma que las personas se puedan proteger a sí mismas.
Frente a esta situación de persecución sistemática y generalizada la libertad de expresión, especialmente en redes sociales, es que hay que buscar mecanismos que evadan la censura, ¿qué significa esto? que tenemos que evaluar mucho, en primer lugar, que no tenemos que censurarnos, es decir, no tenemos que evitar decir las cosas, pero sí tenemos que ser estratégicos e inteligentes en cómo las decimos”, explicó el equipo legal de Espacio Público.
Uno de los mecanismos que aplica el Estado para ejecutar este tipo de detenciones es la llamada ley contra el odio, la cual es descrita por EP como un recurso “abstracto y genérico”, que se ha utilizado como una forma de amenaza hacia periodistas, ciudadanos particulares, medios de comunicación, entre otros, los cuales han sido acusados de promover “discursos de odio”.
Sin embargo, EP explica que actualmente, no existe una noción universalmente aceptada de lo que se entiende por incitación al odio; en cambio, la mayoría de los países, instituciones y empresas han adoptado su propia definición.
La ONU, entendiendo esta situación, propuso la siguiente definición orientadora: es toda “forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”.
12 emisoras de radio menos en 2023
2022 fue el año con mayor número de emisoras cerradas en las últimas dos décadas. El cierre de emisoras, principalmente en las regiones, demuestra el “cerco impuesto a los medios de comunicación desde el gobierno central, limitando el acceso a la información plural por parte de la ciudadanía”, según EP.
Durante el 2023, EP registró el cierre de 12 emisoras que transmitían en señal abierta en siete estados del país y el Distrito Capital.
Represalias en las redes sociales
Ante el cierre masivo de medios de comunicación tradicionales, el acceso a internet ha sido fundamental para combatir la desinformación. Pero estas plataformas no han escapado de la censura.
Los medios digitales no son ajenos a esta realidad, entre los años 2010 y 2022 registramos al menos 190 bloqueos ejecutados por organismos estatales que limitan el acceso y difusión de contenidos e información en línea.
A medida de que se masificó el uso de las redes sociales en el país, las represalias por la emisión de opiniones o informaciones en línea también incrementaron. En ese sentido, se registraron detenciones y hostigamientos judiciales a trabajadores públicos, personal médico y ciudadanos/as como forma de castigo ejemplarizante por la difusión de críticas a la gestión pública”.
Las principales víctimas
Las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela son los periodistas, con 120 en 2023, seguido de la ciudadanía en general, con 40 víctimas registradas
En tal sentido, 48 % de las víctimas corresponde a esta categoría. Estas situaciones principalmente se registran durante la cobertura de hechos noticiosos como protestas o situaciones puntuales en sedes de instituciones públicas.
Por su parte, los principales victimarios fueron las instituciones del Estado, que de manera reiterativa imponen limitaciones al trabajo de periodistas y al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”, detalla el informe.
Para leer el informe completo haga clic acá.
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