El delito de explotación sexual acecha a niñas y adolescentes en Apure

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El desmantelamiento de una red de explotación sexual infantil, así como el asesinato de una adolescente de 16 años de edad, en enero de 2021, dan cuenta de que la violencia contra las mujeres va en ascenso en la capital apureña. Hasta el momento hay cinco detenidos de esta red, entre ellas una menor de edad. Las redes sociales han sido el vehículo para el escándalo ya que han salido a relucir nombres prominentes, de presuntos clientes de las menores, quienes aducen que tratan politizar el caso.

San Fernando de Apure. En el estado Apure la violencia contra las mujeres muestra una curva de crecimiento acelerada. Hay un recrudecimiento licencioso del delito en torno a niñas y adolescentes. En enero de 2021 dos hechos conmocionaron a la población de San Fernando, capital de la entidad: el desmantelamiento de una red de explotación sexual infantil y el asesinato de una adolescente de 16 años de edad que fue abusada sexualmente.

A la par de las actuaciones policiales, de la GNB y del Ministerio Público, las redes sociales fueron el vehículo para que se desatara un escándalo en San Fernando y que ha salpicado a varias personas conocidas de la comunidad.

Entre el 13 y el 15 de enero se conoció públicamente de varios allanamientos practicados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB (Conas) en diferentes viviendas de la capital y de la detención de tres personas, una de ellas menor de edad, por la presunta comisión del delito de participar en una red de explotación sexual infantil que opera en San Fernando.

Una joven de 17 años de edad fue la primera detenida por el Conas, que una vez puesta a la orden de la fiscalía octava del Ministerio Público, fue señalada como presunta proxeneta de esta red. Tuvo la audiencia presentación el 15 de enero y el tribunal de menores ratificó su privativa de libertad y ordenó su reclusión en la sede del Conas.

Como consecuencia de esta primera audiencia, el Conas practica nuevas detenciones a tres hombres jóvenes sindicados de negociar los encuentros con los clientes. Al presunto jefe de la red y a los otros dos aprehendidos luego de la audiencia de presentación el 17 de enero, también el tribunal de Delitos de Violencia Contra la Mujer les ratificó la privativa de libertad y como sitio de reclusión el Conas.

El 22 de enero, el comerciante Yadala Peña Gualid, asistido por sus abogados, voluntariamente se presentó a la Comandancia General de la Policía del estado Apure. Argumentó que es inocente de los señalamientos como presunto usuario de los servicios de esta red y se puso a disposición de los órganos de justicia para ser investigado.

Ese mismo día en la tarde fue librada la orden de captura contra este comerciante, que tras su audiencia de presentación efectuada el 23 de enero, quedó privado de libertad y recluido en la Comandancia General de la Policía.

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Yadala Peña, a la derecha, se entregó voluntariamente en la Comandancia de la Policía asistido por su abogado David Pérez. Foto: Sulay García.
Inocencia en venta

El 23 de enero a través de su cuenta en Twitter, @TarekWiliamSaab, el fiscal general designado por la Constituyente, reveló que fue “desmantelada por el Ministerio Público una red que promovía la explotación sexual contra menores de edad en Apure… Han sido imputados Atahualpa José Tirado (proxeneta), Rafael José Milano Lavado, Manuel Roberto Milano Córdova, Samira Mairek Abou Hernández (proxeneta) y Yadala Peña Gualid. (Sic)”.

Indicó además que “quedan con órdenes de captura por aprehender: José Luis Pérez García, alias Tata (cabecilla de la red de prostitución) y José Salvador Cortell”.

Estas personas son las que hasta ahora han sido procesadas legalmente por este caso, sin embargo, han trascendido otros nombres a través de las redes sociales y medios digitales, de personas reconocidas en el ámbito local, quienes habrían sido presuntos usuarios de los servicios ofrecidos por esta red. Los señalamientos han generado conmoción y debate público sobre la moral de la sociedad sanfernandina, la responsabilidad de los padres y el uso indiscriminado de las redes sociales “para exponer a las jovencitas y promover el morbo de curiosos insensibles”.

Ante estas acusaciones informales, mediante comunicado publicado el 18 de enero, se defiende al abogado, comerciante y exsecretario de gobierno durante la administración del gobernador Luis Lippa (2000-2004), Carlos Cipolla.

Ante los señalamientos en audios y notas de voz que han circulado en las redes en las últimas horas en las que me señalan de participar en aberrantes actos contrarios a la moral y buenas costumbres, declaro que no soy persona de estar en esas actividades, que no mantengo contacto ni telefónico ni personal con los presuntos involucrados y que no pertenezco a ningún tipo de red que mantenga esos fines.

Cipolla advierte a los propietarios de los teléfonos en que salen estos audios y mensajes que “ante la difamación agravada y continuada a la que he sido sometido, acudiré ante los órganos correspondientes a los fines de que sean investigados por el delito de difamación”.

Aunque abunda la información acerca de la “enorme lista” de los presuntos vinculados y de sus supuestas negociaciones para zafarse de la situación, reina la prudencia informativa por parte de las instancias del circuito judicial que llevan el caso, el cual, se ha dicho, se encuentra en una etapa “incipiente”.

Por otro lado, para proteger y salvaguardar la integridad de las víctimas, la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y la Ley Orgánica de Delitos de Violencia contra la Mujer (Lodvcm), prohíbe expresamente divulgar información sobre el contenido de las actas que integran la causa, aseguran fuentes allegadas al palacio de justicia regional.

Estas mismas fuentes afirman también que, por la magnitud del caso, se encuentra en la región y forman parte del equipo de investigación una comisión especial del Tribunal Supremo de Justicia y un fiscal nacional.

“Este caso no es político”

Por la naturaleza del delito contra menores de edad y por la numerosa cantidad de personas de todos los ámbitos de la capital llanera, legal o informalmente, salpicadas con este caso, la polémica también provocó una declaración pública del gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, de quien se ha insinuado tiene un interés “político” en el esclarecimiento del caso de esta red.

En respuesta a estas insinuaciones, el pasado 19 de enero, a través de Apure Televisión, órgano divulgativo de la gobernación del estado, Carrizalez hizo referencia a una publicación hecha presuntamente por una periodista.

Y argumentó: Yo no he declarado absolutamente nada. Somos respetuosos de las actuaciones del Poder Judicial. Hay una investigación en marcha, esperamos que esa investigación termine con el castigo a quienes hayan participado en esta aberrante actividad. No intervenimos, no tenemos amigos, no protegemos a nadie y no estamos involucrados en esto.

Aclaró además que: No estamos involucrados en ese proceso de investigar, de decir este es o el otro no es. Nosotros no nos metemos en las actividades del Poder Judicial, que siga sus investigaciones y quien tenga responsabilidad, pues que asuma su responsabilidad ante la ley.

Basado en esta declaración, David Pérez, abogado defensor de Yadala Peña, expresó: “Le tomo la palabra, (al gobernador) que el poder Judicial y la Fiscalía hagan su trabajo de manera autónoma e independiente, pero también le hacemos el llamado a que esté vigilante de que esto no se vaya a utilizar por gente inescrupulosa para incriminar y enlodar la imagen, el honor y la reputación de mucha gente apureña que ha vivido mucha zozobra en estos días”.

El abogado precisa que este es un caso eminentemente jurídico, pero “que se ha pretendido llevar a un plano político para gente pescar en río revuelto”.

Este puede ser solo el comienzo de esta investigación originada presuntamente por la denuncia del familiar de una víctima directamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya que, hasta ahora, los resultados obtenidos son debido a la confesión de tres jovencitas de un total que se calcula superior a las 30 involucradas, presuntamente, en esta red de explotación sexual de niños.

Los detenidos por este caso han sido imputados por los delitos de trata de personas y acto carnal con víctimas vulnerables (Atahualpa Tirado es exceptuado de este último), los cuales tienen la pena máxima de 30 años de cárcel, de acuerdo con las leyes penales venezolanas.

“He criado a mis hijos con principios”

Francisco Peña, padre de Yadala Peña Gualid, que junto con su familia, acompañó a su hijo a entregarse voluntariamente “para demostrar su inocencia”, con lágrimas en los ojos declaró a la prensa que “es una especie de pesca en río revuelto, en verdad mi hijo ha sido una persona íntegra, yo he criado a mis hijos con principios”.

Relató que su hijo de 33 años de edad vive en Valencia, estado Carabobo, y viaja cada tres meses a San Fernando de Apure donde tiene negocios y familiares.

Mi hijo es un ingeniero en Telecomunicaciones, un empresario intachable y es una persona que todo el mundo quiere, que todo el mundo aprecia”.

Peña (padre( sostiene que Yadala tiene empresas en Valencia y San Fernando por lo que “él no tiene tiempo de eso” y por eso se hizo asesorar de su equipo de abogados para ponerse a derecho.

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Familia de Yadala lo respalda plenamente. Foto: Sulay García.
Caso de femicidio aún no ha sido cerrado

Respecto del femicidio perpetrado contra la joven de 16 años de edad, de la comunidad de Los Cocos, fuentes policiales confirman que su victimario tenía poco tiempo en San Fernando de Apure, donde se “enconchó” para evadir la mano de la justicia que lo acusaba de los delitos de violación y homicidio, perpetrados en San Carlos, capital del estado Cojedes, su ciudad de origen.

Se conoce que a pesar de la comprobación del hombre, fallecido, como victimario, las circunstancias relacionadas con este caso aún se investigan para determinar si existen terceras responsabilidades. Asimismo, se investiga si su muerte ocurrió a manos de la comunidad.

Los delitos de VCM ocupan 25 % de los delitos ordinarios

De acuerdo con datos aportados a Crónica. Uno, en noviembre de 2020, por Francisco Reyes, juez segundo de control de los tribunales de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal de la entidad, a pesar de la significativa deuda saldada por la nobel Lodvcm con las mujeres venezolanas, en el estado Apure, aunque con menor proporción que en el resto del territorio nacional, el delito de violencia física contra la mujer tiene una incidencia de 25 % en universo total de los delitos ordinarios. Hizo la salvedad de que “los delitos ordinarios son de una magnitud inmensa con respecto a los 15 delitos tipificados en la Ley de Violencia contra la Mujer”.

Apunta Reyes que, si bien de todos los tipos de violencia contra la mujer, la física es la que más se conoce por los rastros que deja, otros tipos de violencia pueden ocurrir intramuros, pero son difíciles de probar, como por ejemplo, la agresión psicológica.

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El juez Francisco Reyes alerta sobre el aumento de violencia física contra la mujer. Foto: Sulay García.

Según el experto tribunalicio, de esta violencia derivada de la “cultura machista” también se originan los delitos de naturaleza sexual contra la infancia y la adolescencia. “Está elevada la violencia contra las niñas y más en esta época de pandemia que estamos viviendo con el confinamiento”.

Del universo de mujeres afectadas por la violencia física: “Yo diría que ocupa como 5 %, esa violencia sexual hacia las niñas y hacia las mujeres, lo cual por nuestra territorialidad es alto”, indica el juez.

Revela, además, que han integrado un equipo multidisciplinario que se encarga de llevar información a las instituciones educativas para prevenir todo tipo de delitos de violencia contra la mujer, pero que sus actividades actualmente están suspendidas debido a la pandemia.

Fuenteovejuna

En otro hecho aislado, y casi de manera simultánea, se conoce también sobre la desaparición desde el 20 de enero, de una adolescente de 16 años edad en la comunidad rural de Los Cocos, parroquia El Recreo, municipio San Fernando.

Versiones de habitantes de la comunidad afirman que una amiga le había hecho una llamada a la adolescente desde el teléfono de su tío; ocasión que el hombre aprovechó para registrar el número y, posteriormente, enviarle un mensaje engañoso haciéndose pasar por su sobrina.

En la tarde del 20 de enero, y convocada por el falso mensaje del hombre, la joven llegó a casa de su amiga, donde ambas se percataron de lo que en ese momento su compañera de estudios califica como una “broma de mi tío” sin advertir peligro.

Pasadas las 6 de la tarde de ese mismo día, la joven, de religión evangélica, salió de casa de su amiga rumbo a su residencia en el mismo sector, a prepararse para “ir a la campaña” (celebración religiosa); destino al que nunca llegó.

El 24 de enero, un grupo de hombres que se dirigía a pescar, persuadidos por el mal olor y la numerosa presencia de aves carroñeras, encontraron en un paraje retirado del sector y de difícil acceso el cuerpo sin vida de la joven, en avanzado estado de descomposición, maniatado y con una bolsa negra en la cabeza, así como sus vestiduras a unos 70 metros de distancia del cuerpo, al pie de un árbol.

El mismo 24 de enero en la tarde, los enardecidos vecinos de Los Cocos capturaron al presunto asesino en la comunidad de Cantaura, municipio San Fernando y tras aplicar justicia con sus propias manos, entregaron al sujeto a una comisión del Conas, que lo trasladó hasta el Hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando, donde falleció un rato después de haber ingresado.


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