Elección presidencial limita la participación ciudadana y apela a los “beneficios” sociales

El director del Observatorio Electoral Venezolano, Ignacio Ávalos, describe los comicios del 20M como “extorsión política”, al tiempo que viola el derecho de elegir y ser elegido. Para los especialistas, las elecciones son un traje a la medida de las necesidades del Gobierno.

Caracas. “Esta vez la bolsa del Clap me llegó rápido. No tardó tanto en llegar como en meses anteriores”, le decía una mujer a la manicurista que la atendía en el centro comercial. La trabajadora le dio su explicación, mientras continuaba su labor: “Claro, ahorita vienen las elecciones. Por eso todo está rápido”.

Ambas admitieron tener el Carnet de la Patria, pero no se decidían si votarían en las próximas elecciones presidenciales, a realizarse el 20 de mayo. Sin embargo, el pasado 10 de mayo el presidente y candidato a reelección, Nicolás Maduro, llamó a votar a quienes tuvieran el instrumento porque “la cosa es dando y dando”, y en el mismo acto de campaña anunció un nuevo bono de 1,5 millones por el Día de las Madres.

Para Ignacio Ávalos, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), este tipo de declaraciones por parte del mandatario ensombrece y pone en duda las elecciones, pues  describió esta actuación como un tipo de “extorsión política” para poder captar el voto de la ciudadanía, dado que el candidato ofrece bonos y beneficios a cambio de un voto.

“Esto es un sistema que está articulado en torno al carnet  de la Patria y que en general debilita la libertad del voto, porque el ciudadano no acude al centro electoral por voluntad propia para manifestar su opinión política, sino que va presionado, extorsionado y manipulado, motivado a que le ponen una condición para acceder al beneficio”, dijo .

En este sentido explicó  que “si a ti te condicionan de esta manera, te controlan para que vayas a votar, te apuntan, te vigilan, obviamente estás violando tu derecho a la libertad de elegir a quien tú quieras”.

Esta “manipulación” por parte del Gobierno encuentra su caldo de cultivo en medio de una crisis económica en la cual buena parte de la población no tienen garantizada el acceso a la alimentación. De hecho, la Encuesta Condiciones de Vida 2017, refleja  que 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria, mientras que 8 de cada 10 declararon no comer por la escasez.

Ante este panorama, Eduardo Trujillo, director del centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, expresó que si a un ciudadano le ofrecen un programa social a cambio de un voto, lo hará “porque tiene la imperiosa necesidad de cubrir un derecho que no es garantizado por el Estado”.

Para Trujillo en esta situación también el derecho a elegir y ser elegido es violado.

“Con el evento electoral que está planeado para este mes, el único incentivo que puede tener cualquiera persona para ir a votar es que por su necesidad económica reciba algún beneficio social. El detalle es: ¿Con el dinero de quién se está pagando el beneficio? Con el dinero del Estado. O sea, ¿El dinero del Estado debe favorecer a una parcialidad política? Entonces, ¿Dónde está el derecho a la igualdad ahí?”, explicó Trujillo.

Otro derecho que queda entre dicho, a raíz de las cuestionadas elecciones, es la participación política, cuyo sustento se encuentra en el artículo 62 de la Constitución, que reza:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos políticos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas (…) es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Trujillo expresó que esto queda a medias en la actualidad, pues partidos políticos de oposición no pudieron inscribirse, lo que supone una limitación al derecho consagrado en la Carta Magna, mientras que el pluralismo político también queda restringido.

Según el Informe de Irregularidades 2018, elaborado por el Observatorio Electoral, en 2016 había 64 organizaciones políticas, mientras que para 2017 solo quedaron 18. De estas, 14 postularon candidatos para las presidenciales, la mayoría de ellas (10) respaldaron a Nicolás Maduro como aspirante a la reelección.

Traje a la medida

De la misma forma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha jugado un papel en evitar la participación ciudadana.

Según el mismo informe, el Poder Electoral estipuló apenas 25 días para las jornadas de inscripción y actualización del registro para las venideras elecciones. Lapso insuficiente para inscribir a casi dos millones de jóvenes en edades para votar. Solo 101.595 ciudadanos que dejaron el país se inscribieron, de una población que ubican entre dos y cuatro millones, según estimaciones de organismos del área.

Tanto el plazo, como la cantidad de puntos de inscripción fueron reducidos en comparación con elecciones anteriores: para la cita de mayo, el ente electoral habilitó 531 puntos en 25 días, en contraste con los 1.562 desplegados por cinco meses en 2015; mientras que para las presidenciales de 2012 se habilitaron 1300 puntos por tres meses.

Para Ávalos, en general, este proceso electoral fue diseñado desde la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Electoral, quienes hicieron un traje a la medida de las necesidades políticas del gobierno, pues no respeta el voto del ciudadano, ya que se duda del proceso.

Aunque Socorro Hernández, rectora del CNE, aseguró el pasado 9 de mayo en una entrevista a Unión Radio, que el ente trabaja para que la actividad tenga certeza y sea “transparente y confiable” y sin posibilidad de ningún fraude, Trujillo duda de esto:

“En el supuesto caso que se llegara a dar un resultado favorable a una opción opositora, lo que sucederá posteriormente es que la ANC anulará la posibilidad o radio de acción que tenga el nuevo presidente elegido”.

Por su parte, el director del Observatorio llamó a mantener la fe en un sistema democrático y en sus reglas, así como a mantener la convicción política, a pesar de los incidentes.

“Cuando se emplean mecanismos que manchan de irregularidades el proceso y encima presionan indebidamente al elector para que se inclinen por una opción, se está agrediendo la libertad del ciudadano. Ellos tampoco sienten que el relato político del gobierno o de los opositores sea un relato que lea, mire y calibre la situación del país, ante esta falta de relato político por un lado y la inseguridad respecto a la validez del proceso, la gente ha generado una gran indiferencia y es probable que la abstención sea alta. Con todo esto que ha pasado se debilita el voto como herramienta institucional de la democracia venezolana, pero no es una situación fatal, es plenamente recuperable”, señaló.

Foto referencial: Francisco Bruzco