A propósito de celebrarse este viernes el Día Nacional del Empleado Público, quienes laboran para las diversas instituciones del Estado, consideran que en la actualidad están condenados a laborar y vivir en condiciones paupérrimas. Empleados señalan que los sueldos no les dan siquiera para comer.

Barcelona. “Estamos peor que un esclavo de la época colonial. En la Colonia, el amo te garantizaba alimentación, vestido, salud y techo porque mientras más sano más productivo eras, hoy no tenemos ni para comer”. La afirmación pertenece al presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz) José “Cheo” Hurtado, a propósito de la celebración este viernes 4 de septiembre del Día Nacional del Empleado Público, fecha en la que Hurtado y trabajadores de instituciones públicas como María Tachinamo consideran que “no hay nada que celebrar”.

“Qué puedo celebrar yo cuando mi salario es un poquito más de un dólar, sin beneficios, sin motivación. Yo tengo dos hijos por los que tengo que hacer todo tipo de maromas para alimentarlos y que vayan a la escuela. Le entregué 15 años de mi vida al estado que prácticamente no sirvieron de nada, porque si me jubilaran hoy sería una condena a muerte”, considera Tachinamo, quien trabaja en la Gobernación de Anzoátegui.

El sentimiento de haber desperdiciado una vida laboral lo comparte la trabajadora petrolera Nelly De Freitas, quien señala que durante sus años de labor en Pdvsa, pasó “del cielo al infierno”. De pertenecer a la que en su momento fuese la segunda empresa petrolera en importancia a escala mundial, y que le permitió tener ciertas comodidades, hoy presencia la ruina del holding, ruina que también se refleja en su nevera prácticamente vacía de no ser por las jarras de agua que guarda.

“No puedo entender cómo llegamos a esto, no puede ser. Mi empresa me permitió salir del país, laborar fuera de él y regresar, y hoy esa misma empresa que nos permitía prepararnos y estar actualizados es una ruina total. Se supone que yo hice todo lo que el manual contempla para tener una vida mejor, pero hoy mi nevera está vacía, hay días en los que no tengo para comer, qué celebración podemos tener como trabajadores del estado”, sentencia.

Cerco salarial

A raíz de la última reconversión monetaria en Venezuela efectuada en 2018, el Ejecutivo de Nicolás Maduro a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) implementó una maqueta para el cálculo de los salarios a los trabajadores del sector público que Hurtado calificó como un “gueto nazi del siglo XXI”, que además de pulverizar el salario eliminó sin aviso las contrataciones colectivas.

En agosto de 2019, diversas organizaciones sindicales agrupadas en Urepanz introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, en donde se pide la eliminación del instructivo Onapre. A la fecha no han recibido respuesta.

“La realidad es que el salario de un trabajador público no llega a dos dólares, tiene más valor un kilo de queso que la remuneración de un empleado público. Si un trabajador no está en la ciudad, en tres días gasta lo poco que se gana, el trabajador se debate entre si come o se viste, esto es una realidad, el gobierno de Maduro condenó a la miseria más paupérrima a los trabajadores de la administración pública”, afirma Hurtado.

Sostiene que además el gobierno los irrespeta abierta y descaradamente ya que, según Maduro, el salario mínimo estaría anclado al petro. Sin embargo, en la práctica es otra cosa.

“Ellos se inventaron dos petros y no sabemos a cuál nos anclaron el salario. Hoy día un petro vale 19 millones de bolívares, por lo que un trabajador mínimo debería ganar 9 millones y medio, eso sin contar que hasta deuda en petros ha generado Maduro con los trabajadores, porque a los empleados de gobernaciones y alcaldías opositoras no les pagaron el medio petro de aguinaldo en 2019”.

En Aragua los trabajadores en indefensión alimentaria

En tanto en Aragua, la central de trabajadores Alianza Sindical Independiente, capítulo Aragua, denuncia la indefensión alimentaria en la que se encuentran los trabajadores, entre ellos los del sector público que apenas perciben un salario de 1,1 dólares al mes.

Para julio, la canasta alimentaria se ubicó en $183, mientras que el poder adquisitivo de un trabajador apenas cubría el 0,8 % para alimentación. Para ese mismo mes, un trabajador requería 119 salarios mínimos para cubrir la cesta alimentaria.

“Pero con un salario mínimo actual, un trabajador solo podía adquirir entre los meses de julio y agosto, un paquete de harina de maíz precocida y ocho huevos”, denuncia Aída Martínez, directora nacional de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente.

La dirigente señala, además, que en agosto un trabajador requería dos salarios mínimos para adquirir una caja de medicamentos para el control de la tensión arterial. De allí que la dirigencia de ASI Venezuela reclama la urgente atención oficial para atender la crisis humanitaria y de alimentación que padecen los trabajadores.

La presidenta de ASI en Aragua, Karla Barco, denuncia que un trabajador de la administración pública apenas percibe un salario de 1,1 dólares al mes. Ante la pulverización de los salarios –dice– la mayoría de los empleados públicos se han visto obligados a migrar a la economía informal o a irse del país para sobrevivir.

En Aragua, de acuerdo con los registros de ASI, existen aproximadamente 39.500 trabajadores públicos, en su mayoría del sector educación y salud y alcaldías. Se calcula que el 13 % se ha ido del país o ha renunciado a sus puestos de trabajo.

Por su parte, el secretario nacional de administración de ASI Venezuela, Bogar Pérez, expuso las siete propuestas para el Ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores venezolanos.

Solicitan un ingreso básico universal de emergencia por espacio de seis meses para toda la población, un bono contra el hambre y distribución gratuita de alimentos, distribución de equipos de bioseguridad para cada sector laboral en sus respectivos centros de trabajo, particularmente en los centros de salud y la entrega gratuita de medicinas ante la emergencia de salud.

Además –dice Pérez– solicitamos la protección de los empleos con subsidios y créditos a empresarios, microempresarios y a trabajadores no dependientes, el inicio de un diálogo tripartito para establecer nuevo contrato social y la activación de una mayor cooperación multilateral y solidaridad sindical internacional.

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