La ONG Codehciu considera que la cifra de ejecuciones extrajudiciales en Bolívar durante 2021, es relativamente baja en comparación con años anteriores. En 2020, por ejemplo, hubo 208 víctimas.

Puerto Ordaz. El último informe de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), da cuenta de al menos 74 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar durante 2021. La organización considera que es una cifra relativamente baja, en comparación con años anteriores.

En 2020, se contabilizaron 208 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y 218 en 2019. Codehciu advierte, sin embargo, que esto no significa una reducción de los casos, sino de opacidad en la información pública.

«Asimismo, la carencia de justicia y de reparación juega un papel fundamental en el desinterés colectivo de las muertes a manos de organismos policiales», señala el informe de Codehciu.

Caroní mantiene el primer lugar como el municipio con más ejecuciones extrajudiciales. De los 74 casos de 2021, este registró 27. Le sigue Piar con 19 víctimas. Además, el Cicpc y la Guardia Nacional Bolivariana son los dos organismos con más víctimas en sus procedimientos.

«El Cicpc es un cuerpo policial que refundado en 2001. Está bajo la dirección de Douglas Rico desde 2016, y a lo largo de los años, numerosos cuestionamientos en materia de derechos sobre las actuaciones de sus funcionarios han surgido en la opinión pública. Dentro de la cifra publicada por la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), el organismo internacional advirtió que existe una suma de víctimas considerable ejecutadas a manos de este cuerpo policial y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», destaca Codehciu.

Vulneraciones en Bolívar

Con respecto al municipio Angostura del Orinoco, la ONG contabilizó nueve víctimas en Bolívar durante 2021. Le sigue El Callao, municipio minero que registró siete víctimas; Padre Pedro Chien y Sucre, con cuatro cada uno; Cedeño registró tres y Roscio un caso. Abril, mayo y julio fueron los meses con más hechos.

«El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes potencialmente Ilícitas indica diferentes formas en las que el Estado pude violar la vida y la integridad. Una de estas se evidencia cuando la muerte de la persona sobrevino mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. En 2021, Codehciu registró un caso de este tipo en los calabozos de la Coordinación Policial de Guaiparo y dos en la Cárcel de Vista Hermosa», agregó la ONG.

Codehciu exhorta al Estado venezolano a: «investigar de manera imparcial toda muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial; sensibilizar a sus funcionarios en materia de garantías de derechos humanos; y garantizar la reparación de los familiares de las víctimas, que en la mayoría de los casos no logran alcanzar la justicia». (Con información de Prensa Codehciu)


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