Por un lapso de 60 días los trabajadores de las empresas públicas y privadas tendrán que pasar a otras plantas con el fin de aumentar la producción de alimentos.
Mayela Armas/@mayearmas
Caracas. Mientras el Gobierno en el Consejo Nacional de Economía Productiva instaba a las empresas a proteger los empleos, en paralelo el Ministerio del Trabajo ordenaba a las industrias “prestar” a sus trabajadores bajo el argumento de elevar la producción de alimentos.
En la reunión del Consejo del pasado martes, el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, y el vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, no le mencionaron a los empresarios la medida que ese día publicó el despacho del Trabajo, indicaron fuentes del sector privado que estaban en dicho encuentro y quienes agregaron que la orden los tomó por sorpresa.
En la transmisión que se realizó de la reunión, Pérez Abad decía que se trabaja en la segunda fase de la Agenda Bolivariana, la cual “busca desarrollar una economía productiva que genere protección del empleo”, pero a la par el Ejecutivo salía con otra acción.
Las fuentes consultadas señalaron que en el transcurso del encuentro las autoridades comentaban sobre la necesidad de aumentar la producción, sin embargo, salieron con una norma que controla más.
El Ministerio del Trabajo emitió una resolución en la que crea un régimen especial por 60 días para las empresas públicas, privadas y de propiedad social mediante el cual los trabajadores serán insertados en aquellas plantas donde se requiera aumentar la producción. De manera que los empleados pasarán de unas industrias a otras cuando lo exija el despacho.
Esta acción genera inquietudes en cuanto al mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores y cómo quedan las empresas privadas.
Por eso, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, cuestionó la medida. En Unión Radio indicó que “el Gobierno anuncia un decreto en materia laboral de forma inconsulta y de forma impuesta, que tiene complicaciones. Han confiscado inventarios de materia prima como de productos terminados y ahora van a la confiscación de la mano de obra. Esto empeorará la situación”.
La medida del Ministerio del Trabajo estará en la agenda de la Asamblea Nacional. El diputado, Américo De Grazia, sugirió realizar un debate sobre el alcance de esa resolución, debido a que “eso es un retroceso”.
Expresó que “a lo largo de 17 años se han cometido atropellos contra los trabajadores. Los trabajadores no tienen representatividad, los sindicatos están secuestrados, se ha criminalizado la protesta y se ha afectado al salario, ahora quieren volver al esclavismo”.
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