La promesa del Ejecutivo nacional de impulsar una reforma tributaria atiende reclamos históricos de los empresarios. Los gremios plantean volver a la declaración mensual del IVA, reducir retenciones de ISLR, eliminar el IGTF y simplificar los trámites para evitar que la carga impositiva siga frenando la recuperación económica.
Caracas. Tras años de insistencia por parte de diversos sectores económicos del país para llevar a cabo una reforma tributaria profunda, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, prometió implementar cambios significativos en el corto plazo.
El compromiso gubernamental se asumió durante la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada en Caracas. Y 24 horas después el superintendente nacional aduanero y tributario, Román Maniglia, confirmó que ya avanzan en una propuesta que será elevada a la Asamblea Nacional para su debate.
La importancia de una reforma tributaria profunda en Venezuela radica en la necesidad de transformar un sistema fiscal centrado en la presión a los contribuyentes para adaptarlo a la reactivación económica, la simplificación institucional y el equilibrio de las cuentas públicas.
1. IVA cada mes y eliminación del IGTF
Los gremios empresariales privados han planteado una nueva arquitectura tributaria en Venezuela que sea menos punitiva y fomente la producción, el empleo y la formalización.
Para aliviar la carga financiera de los contribuyentes y optimizar la gestión contable de las empresas, se plantea una reestructuración profunda del calendario impositivo y del régimen de retenciones nacionales.
En primer lugar, destaca la propuesta de ampliar el plazo para la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a fin de pasar el período de 15 a 30 días para brindar un mayor margen de maniobra operativa a los negocios.
A esta medida se suma una reducción significativa en las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), las cuales actualmente se ubican en 75 %, con el objetivo de ajustarlas a un nivel de 50 % o incluso de 25 %, para así inyectar mayor liquidez dentro del aparato productivo nacional.
Para los empresarios resulta indispensable avanzar hacia la eliminación definitiva del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un tributo que encareció los costos transaccionales en todo el sistema.
2. Alivios tributarios y armonización
Asimismo, se busca concretar un alivio fiscal dirigido de manera directa a la estructura salarial, lo que disminuirá la presión impositiva global sobre las empresas, para que estas cuenten con el espacio financiero necesario para mejorar las remuneraciones de sus trabajadores, garantizar el bienestar laboral sin asfixiar ni comprometer el patrimonio de la empresa.
Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria también plantearon el saneamiento del sistema tributario en el ámbito local mediante un proceso integral de armonización de los tributos municipales. Esta iniciativa pretende corregir las distorsiones ocasionadas por los altos impuestos y tasas cobradas por las distintas alcaldías frente a los tributos de orden nacional.
Sostienen que “al establecer reglas claras y coordinadas entre los diferentes niveles del Estado, se fomenta un entorno económico equitativo, transparente y predecible que incentiva la formalidad y la inversión”.
3. Simplificación administrativa y tecnológica
Para avanzar hacia una administración pública moderna y eficiente, tanto el ejecutivo nacional como el sector privado coinciden en que se deben acelerar el proceso de digitalización y automatización tributaria y gubernamental.
Esta transformación implica migrar de forma decidida hacia un sistema totalmente electrónico que elimine de manera progresiva el uso de documentos físicos, optimizando así como los tiempos de respuesta y la reducción de costos operativos.
Como eje central de esta modernización tecnológica, se propone el desarrollo de una plataforma única e integrada que interconecte a diversos organismos públicos como el Seniat Saren, Saime e INTT, lo que permitiría agilizar trámites interinstitucionales y minimizar sustancialmente la discrecionalidad en la gestión de expedientes y solicitudes.
4. Ley puente y fiscalizaciones
A la par de la infraestructura tecnológica, el gremio industrial propuso una “ley puente” diseñada para la simplificación de la permisología en los procesos productivos.
“Esta legislación busca eliminar la burocracia en los procesos de los sectores comercial e industrial, eliminando trabas innecesarias y facilitando de manera prioritaria la importación e ingreso de materias primas e insumos esenciales para la producción. De esta forma, la reducción de trámites redundantes se convierte en un estímulo directo para la competitividad y la reactivación económica del país”,
asegura Tito López, presidente de Conindustria.
Un clamor de los comerciantes y los empresarios es que se materialice un cambio profundo en el enfoque de las inspecciones y fiscalizaciones, adoptando un carácter eminentemente orientador y no punitivo.
El objetivo es que los organismos del Estado adopten un rol de acompañamiento y pedagogía hacia el contribuyente, ayudándolo a cumplir correctamente con sus deberes formales. Bajo esta premisa, el uso de sanciones y multas severas se reservaría exclusivamente para casos de incumplimiento grave o reiterado, fomentando una cultura de cooperación, confianza y formalización entre el sector productivo y la administración pública.
5. Mesas de trabajo
El superintendente aduanero y tributario, Román Maniglia, aseguró que ya trabajan con cámaras y sectores económicos para concertar una reforma legislativa profunda que abarcará el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), el IVA, la armonización regional-municipal y el esquema de tributos parafiscales.
El funcionario hizo un llamado al sector empresarial a utilizar el período de transición legislativo para regularizar su contabilidad, desvincular los bienes personales de las cuentas de las empresas y negocios y adoptar la transparencia del “libro abierto”, para garantizar un arranque del 2027 con reglas de juego claras y estables.
Destacó, además, la evolución hacia un modelo de fiscalización digital basado en analítica bancaria y tecnología y aseguró que no desea que el organismo crezca a partir de multas, sino de una expansión económica.
“Para ustedes como ente privado, el mejor socio es el Gobierno. El crecimiento de la recaudación debe ser consecuencia de la reactivación productiva”, concluyó.
