En este nuevo plazo establecido por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), los estudiantes que no fueron asignados a ninguna universidad durante la primera fase, podrán intentarlo nuevamente.
Caracas. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) amplió, una vez más, el plazo para que los estudiantes interesados en cambiar la carrera que escogieron inicialmente puedan hacerlo. En esta oportunidad será hasta el viernes 8 de septiembre.
“Pueden elegir otras carreras distintas en otras universidades. Si optan por la misma carrera, pero en otra universidad, el sistema no se lo va a permitir”, explicó una trabajadora de la OPSU.
De igual forma, todos aquellos aspirantes que no fueron asignados a un centro de educación superior podrán intentarlo, pero deben optar por otra carrera.
En este sentido, Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria, instó a los centros educativos de otros estados a orientar y acompañar a los “futuros estudiantes y a los que aún no han sido asignados”.
En la primera etapa –cuyos resultados se publicaron entre el 10 y 15 de agosto–, muchos estudiantes denunciaron irregularidades en el proceso; una de ellas fue que la página del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) estaba “caída”. Solo algunos usuarios podían ingresar.
Alumnos con altos promedios de notas denunciaron que no fueron asignados a ninguna universidad. “El problema es que el sistema solo toma en cuenta las condiciones socioeconómicas”, afirmó uno de ellos.
“Para que eso no ocurra el Ministerio de Educación puso a disposición las taquillas de la OPSU”, sostuvo la misma trabajadora.
¿Qué hacer?
Para hacer el cambio de carrera los estudiantes deben ingresar a la página oficial del Sistema Nacional de Ingreso. Si el aspirante se asignó a alguna universidad durante la primera fase, debe imprimir el certificado.
A través de redes sociales, usuarios han manifestado sus quejas. “¿Y si realmente no quiero cambiar de opciones”, cuestionó un estudiante que reclamó que pese a tener un buen promedio académico no quedó asignado a ninguna carrera en la primera fase.
“Yo no tengo que cambiar mis opciones si no quiero. Eso es como si te estuvieran obligando a estudiar una cosa que no te gusta”, agregó.
Desde la taquilla de la OPSU, una trabajadora explicó que el problema es que hay carreras con mucha demanda y por eso tantos estudiantes quedaron por fuera del proceso. “La demanda no corresponde con los cupos”, ratificó.
Por otra parte, indicó que los estudiantes que han tenido problemas para imprimir el certificado “solo deben traer sus datos, es decir, la clave y la contraseña. Con eso los ayudamos desde aquí”, dijo.
Asignación de cupos
Una publicación por las redes sociales de la Alianza Nacional Todos por la Educación explicó que el actual Sistema Nacional de Ingreso manejado por la OPSU es una modificación del Modelo de Asignación Multivariable (MAM), implementado en 2007. Este se creó para sustituir, “de forma provisional la prueba de aptitud académica porque el Gobierno afirmaba que este favorecía a los aspirantes que egresaban de colegios privados y excluía a las personas que tenían menos recursos”.
La alianza expuso que este método daba al promedio de los estudiantes un peso del 97,5 % en el cálculo del índice académico, el otro 2,5 % se asignaba en temas de la zona de residencia del aspirante y si ya había participado previamente en el sistema.
Después del primer año de aplicación del MAM, un informe elaborado por la OPSU en 2008 concluía que se había logrado erradicar la discriminación en la asignación de cupos. Sin embargo, este mecanismo sufrió una imprevista modificación que reducía el peso de las notas de 97, 5 % a 50 % y agregaba la condición socioeconómica que ahora tiene en el cálculo un peso del 30 %. Además se eliminó el factor de participación previa y se agregó la medición de participación en actividades extracurriculares”, indicó.
Todos por la Educación destacó que el incluir la condición socioeconómica ya se había discutido para el MAM en 2008, pero se concluyó que representaba una discriminación fundada en la condición social que contradecía el artículo 21 de la Constitución que establece:
“No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
Además, no existe una manera de determinar la condición socioeconómica del aspirante a través de “métodos legales no sesgados. Hasta la fecha se desconoce la fuente de los datos y la forma de hacer el cálculo para determinar el puntaje asignado a la condición socioeconómica”.
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