El hermetismo por parte de la nueva junta de la Cruz Roja y expertos enviados por la IFRC genera preocupación en las organizaciones de la sociedad civil.
Caracas. Persiste la preocupación entre quienes ejercen funciones en las diferentes organizaciones de la sociedad civil del país. Esto debido a los 26 días que han transcurrido desde que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia n.º 1057 ordenara “el cese” del presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, e instaura una nueva junta.
El 8 de agosto, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) envió funcionarios a Caracas para prestar apoyo y supervisar las acciones. Sin embargo, aún reina el misterio sobre el caso.
Cabe destacar que el 10 de agosto se había convocado una rueda de prensa para aclarar ciertas interrogantes, no obstante, se suspendió y no hubo reprogramación alguna. El más reciente comunicado de la IFRC del 24 de este mes establece algunos de los “avances”.
“La Junta Restructuradora Ad Hoc de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja firmó la ratificación del acuerdo mutuo hasta 2025 con la Cruz Roja Alemana para dar continuidad y fortalecer sus programas, proyectos y servicios como parte de la respuesta humanitaria en el país”.
Asimismo, el acuerdo firmado por Ricardo Cusanno, presidente de la Junta Reestructuradora, y Javier González, jefe de oficina de la Cruz Roja Alemana para Colombia y Venezuela, establece el cumplimiento de los “Principios Fundamentales, Estatutos del Movimiento y las políticas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las leyes y reglamentos de Venezuela”.
Una intervención unilateral
Para Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de la ONG Espacio Público, la sentencia no respondió a un proceso propiamente legal. A pesar de que miembros de la Cruz Roja estaban sometidos a una investigación penal, y aun cuando no había decisión judicial sobre el futuro de estas personas, el principal órgano de justicia decidió hacer una intervención unilateral.
“Lo ideal era que se esperará la decisión de este tribunal que llevaba a cabo la investigación en la que se pretende corroborar o no los supuestos hechos de algunos miembros de la Cruz Roja. Es decir, se está violando el derecho a la asociación de una organización humanitaria sin fines de lucro”.
La también socióloga explicó que este tipo de organizaciones, sean políticas o humanitarias, tiene una serie de normativas que deben regular el principio de asociación.
“Existe la autonomía de las organizaciones, son ellas mismas las que autorregulan a través de sus propios procesos, quiénes son los miembros que dirigen estas asociaciones, y si hay alguien que está incumpliendo, con algún delito. Posteriormente, a lo interno, es la propia asociación la que define dentro de sus procesos si es necesaria una transición o se deben cambiar los miembros de la junta”.
Este tipo de intervención ha ocurrido en otras oportunidades, específicamente, en asociaciones políticas desde el año 2020, pues a través de la decisión de juntas interventoras se han impuesto nuevas juntas directivas dentro de partidos políticos. En definitiva, se viola la autonomía de las asociaciones civiles.
Reducción del espacio cívico
El abogado y director de la ONG Aula Abierta, David Gómez Gamboa, manifestó que el mayor reto que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela es tener que hacer incidencia pública con un gobierno autoritario, donde el desarrollo de la política de Estado es absolutamente restrictiva.
Cada vez vemos como esta política se refleja en acciones como normas o leyes dirigidas a controlar el espacio cívico y organizaciones no gubernamentales, así como también el financiamiento de sus actividades, la relación de estas organizaciones con las víctimas y con la sociedad civil en general”.
Gómez destacó que los ataques del Gobierno contra las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, contra aquellas que trabajan con la educación, la defensa y promoción de los derechos humanos han sido continuos.
“Se teme que este tipo de intervenciones puedan aumentar en el marco de una política de reducción del espacio cívico. Todas las organizaciones de derechos humanos debemos estar alerta, pues la intervención a la Cruz Roja es una alarma que busca generar el efecto espejo, es decir, que nos veamos reflejados en los posibles zapatos de otras organizaciones”.
Reiteró su preocupación, pues si esto continúa se invisibilizarían las misiones de las organizaciones y silenciarían aquellas voces de personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
De igual forma, alertó sobre el papel que pueden desempeñar autoridades universitarias al apoyar este tipo de intervenciones. Tal es el caso de María Fátima Garcés, la actual vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien forma parte de la Junta Reestructuradora.
El nombramiento de Garcés generó algunos comentarios negativos. En primera instancia, por tener menos de tres meses de elegida para su actual cargo en la UCV; además por incumplir lo establecido en la Ley de Universidades, específicamente, en el artículo 162:
“Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de escuela e institutos universitarios, son de tiempo completo. Dichas funciones y las de profesor de tiempo completo son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que por su índole o por su coincidencia de horario menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias. Corresponde al Consejo Universitario la calificación pertinente”.
En ese sentido, el apartado limita en su totalidad a autoridades universitarias a ejercer otras funciones. Víctor Rago, rector de la UCV, aseguró que la decisión de Garcés fue totalmente personal, por lo que recomendó esperar a que culmine el periodo vacacional para tratar la situación en el Consejo Universitario.
Para la ONG Acceso a la Justicia, la responsabilidad de Garcés dentro de la Junta Reestructuradora “podría verse como que la UCV avala la política de intervención de las instituciones privadas y de la sociedad civil organizada que viene poniendo en marcha el Estado desde el Poder Judicial”. Además de tener en cuenta el precario presupuesto universitario que conlleva una disminución en los sueldos y limita la investigación científica.
Un riesgo latente
Rodríguez apuntó que el mayor riesgo es que esto tenga un efecto cascada. Para el chavismo pareciera que no hay limitaciones o impedimentos, pues pese al tipo de asociación se lleva adelante una dinámica arbitraria que no cumple con un fundamento legal.
“Estamos hablando de una organización tan importante como la Cruz Roja, que tiene una sede nacional, de una federación internacional. Es decir, un conjunto de asociaciones civiles en todo el mundo que están federadas bajo la Cruz Roja Internacional, por lo que el mandato es mucho mayor”.
Otra de las limitaciones que han presentado las asociaciones en el país es el registro o la revocación de permisos de las juntas. Estas necesitan actualizarse y desde algunos años existen limitaciones en los registros para renovar la documentación que amerita el proceso. También se puede ver en la represión judicial hacia miembros de organizaciones.
“Partiendo del origen y de la ilegalidad y arbitrariedad del proceso, todo lo que devenga de esa decisión inicial estaría siendo cuestionable, entiendo que el proceso de fondo y forma es ilegítimo”.
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