Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, reiteró que en tales detenciones existe una ausencia absoluta de elementos de convicción que permitan vincular a las personas de la comisión del delito.
Caracas. Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela son parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población, que pueden implicar crímenes de lesa humanidad, alertó Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional considera que el objetivo de las detenciones arbitrarias por motivos políticos son para neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno y las políticas de Nicolás Maduro”.
Según Guevara Rosas, las detenciones dejan al descubierto un patrón que muestra que se ejecutan sin orden judicial y sin evidencias de que se hayan cometido delitos en flagrancia. También se han practicado desapariciones forzadas por períodos cortos, imputación de delitos con margen de discrecionalidad y limitaciones al acceso al derecho a la defensa.
El uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; las dilaciones indebidas en los períodos de investigación y la inexistencia del debido proceso y la falta de acceso a un juicio justo, constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos, enumeró Guevara Rosas durante la presentación del informe Vidas Detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela.
Retaliación como objetivo de la detención
Guevara Rosas resaltó el uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo u otros delitos graves que no corresponden a los motivos de la detención; la imputación del delito de asociación para delinquir con escasas evidencias, la aplicación de penas severas y la retaliación como otro objetivo de la detención.
La defensora de derechos humanos expuso que la represión se dirige hacia activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, trabajadores que luchan por la reivindicación de los derechos laborales y otros. “Personas que son acusadas de crímenes que no cometieron simplemente porque estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado”.
Además, destacó que estas detenciones tienen otros fines políticos: están destinadas a “personas asociadas” con los detenidos, lo cual tiene “un efecto de retaliación en contra de toda la sociedad venezolana”.
Las mujeres también son afectadas de manera desproporcionada y diferenciada por esas violaciones de los derechos humanos.
En el informe que Amnistía Internacional presentó este martes, 29 de agosto, se destacaron nueve casos emblemáticos de detenciones arbitrarias:
Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en 2018; Javier Tarazona, defensor de los DD. HH. (2021); Guillermo Zárraga, exsindicalista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) detenido en 2020; Roland Carreño, periodista y activista político (2020); Gabriel Blanco, activista social (2022); Darío Estrada, ingeniero y neurodivergente (2020); Robert Franco, profesor y representante gremial (2020); María Auxiliadora Delgado, hermana de un militar retirado, y su esposo Juan Carlos Marrufo (2019).
Ausencia de elementos de convicción
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, reiteró que en este tipo de detenciones no existen elementos de convicción que permitan vincular a las personas de la comisión del delito. De acuerdo con su experiencia, en los pocos casos que se presentan, son elementos de convicción viciados o forjados para tratar de vincular por la fuerza a un grupo a una persona.
En casi 100 % de los casos monitoreados por Foro Penal, lo que da lugar al inicio de una investigación y a la detención preventiva, es un acta policial y en el momento del arresto se hace uso excesivo de la fuerza.
Desde 2014 hasta 2023, Foro Penal documentó 15.803 arrestos arbitrarios por motivos políticos. 9440 siguen sujetas a procesos arbitrarios injustos, bajo medidas cautelares distintas.
Las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han registrado entre 286 y 319 personas privadas de libertad por razones políticas.
Himiob subrayó que el proceso penal venezolano ha quedado “desnaturalizado por la ausencia del estado de derecho”. A su juicio, el Código Orgánico Procesal Penal es para la búsqueda de la verdad, la determinación de la justicia y los hechos para que pueda penalizarse a una persona.
Dgcim y Sebin implicados en la política de represión
Por su parte, Francisco Cox, experto integrante de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que han podido determinar que existe una política del Estado que pretende silenciar o “aplastar” a la oposición o personas contrarias al gobierno.
El primer informe de la Misión indicó que entre 2014 y 2020 en el país se cometieron violaciones graves a los DD. HH; detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El segundo informe documentó que esta política se implementa por distintos organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La instancia internacional pudo constatar que el director de la Dgcim tiene una relación directa con el presidente. Por otro lado, el Sebin recibe instrucciones directas de Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y Nicolás Maduro, según el informe.
Estos organismos han operado a través de la infiltración, vigilancia, seguimiento, intercepciones telefónicas, instalación de micrófonos en lugares físicos, han incurrido en tortura, impedir el acceso de alimentación y atención médica a los detenidos y malos tratos que se extiende a los familiares y abogados.
Familias afectadas
Martha Tinedo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, expresó que no solo los presos políticos padecen las consecuencias de las detenciones arbitrarias sino sus familias, las cuales han sufrido persecución, amenazas, amedrentamiento, dolor emocional y maltrato.
Diannet Blanco es parte de esa población a la que se violentó. Estuvo privada de libertad durante 2017-2018. Pero ahora, su esposo, Gabriel Blanco, se encuentra tras las rejas y con una condena de 16 años de prisión por supuestamente participar en un atentado contra Maduro el 5 de julio de 2022.
Blanco, quien participó en la presentación del informe de Amnistía Internacional, animó a las familias de presos políticos a denunciar y exigir ante las instancias competentes el respeto de sus derechos. Recordó que tras ocho meses de estar en silencio por su detención, hacer público su caso la ayudó a salir en libertad.
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