Detenciones arbitrarias y la institucionalización del miedo forman parte del abanico de herramientas que usó el Gobierno de Nicolás Maduro para apagar las protestas tras el 28 de julio. Un informe tacha estas prácticas como “terrorismo de Estado”.
Caracas.- Un lapidario informe, que recoge la documentación que varias ONG hicieron sobre la violación a los derechos humanos, desnuda el terrorismo de Estado en Venezuela tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio pasado.
Después del evento electoral, que abrió un nuevo capítulo en la larga crisis política venezolana, el Gobierno chavista puso en práctica una serie de mecanismos de represión. Con estas tácticas, intentó frenar, a través del miedo, el descontento por los inauditables resultados oficiales, que dieron como ganador con más del 51 % de los votos a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.
“En Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma”, dijo en la presentación del informe el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con base en los “datos de más de 25 iniciativas asociativas del país”.
El extenso documento, que lleva como subtítulo “El libro negro de la dictadura”, destaca “la combinación de métodos duros y blandos” para atemorizar a la población que se manifestó contra los resultados oficiales que la oposición mayoritaria, que acudió a los comicios con el exdiplomático Edmundo González como abanderado, tachó de “fraudulentos”.
A continuación, Crónica Uno presenta cinco apartados clave del informe:
1. Restricciones al espacio cívico
El documento recuerda que tras los comicios la mayoría chavista en la Asamblea Nacional (AN) aprobó una ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales, que de acuerdo con el análisis de una de estas presenta “varias violaciones a la Constitución venezolana y los estándares internacionales en derechos humanos”.
Además, se reporta la persecución y obstrucción de la labor de los testigos electorales la noche del 28J con el fin de eliminar las “evidencias del indudable triunfo” del opositor Edmundo González.
“Se registraron agresiones y persecución por parte de grupos irregulares y funcionarios policiales contra testigos de partidos de oposición y miembros de mesa, algunos de ellos fueron sacados a la fuerza de sus residencias sin ninguna orden de allanamiento y aprehensión, esta práctica tenía la intensión de sembrar miedo entre las personas que cumplieron este papel”, dijo una ONG de derechos humanos.
Por otro lado, el Gobierno cercenó la libertad de expresión al bloquear los sitios web de medios de comunicación y la red social X (antes conocida como Twitter), considerada formadora de opinión pública.
Por último, pero no menos importante, el documento revela el patrón de represión para apagar las protestas en rechazo a los resultados oficiales.
2. Terrorismo de Estado y muertes en protestas
Las muertes en protestas son, quizás, el mayor reflejo del terrorismo de Estado en Venezuela tras los comicios presidenciales.
Según los datos oficiales, al menos 25 personas murieron en apenas 48 horas el marco de las manifestaciones. Si bien el Gobierno venezolano ha dicho que ninguna de estas muertes es atribuible a funcionarios del Estado, aún se esperan las correspondientes investigaciones.
Asimismo, numerosos testigos han señalado la presencia de los llamados “colectivos” en muchas de las manifestaciones que acabaron con personas asesinadas.
3.Ven App y “operación tun-tun”, herramientas del Estado represor
El informe también señala que el Gobierno venezolano se valió de la tecnología para reprimir a la ciudadanía. Es el caso del uso de la aplicación Ven App, que en principio se lanzó para reportes ciudadanos y en los días de mayor represión tras las elecciones sirvió para la “delación anónima” de opositores en los barrios pobres del país.
Este uso de la aplicación encontró rechazo en la propia ciudadanía y en organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que alertó sobre la posibilidad de abusos a los derechos humanos.
Las empresas tecnológicas sientan un precedente peligroso con una aplicación para denunciar a manifestantes antigubernamentales”, dijo AI en un comunicado.
La aplicación ya no está disponible en la App Store ni en Google Play. No obstante, sigue en línea para aquellos que en su momento la descargaron.
Por otra parte, el informe denuncia que la llamada “operación tun-tun” buscó institucionalizar el terrorismo de Estado y miedo al Gobierno en Venezuela.
“El término ‘operación tun tun’ se popularizó entre funcionarios y seguidores del oficialismo hasta el punto que comenzó a designar todos los operativos para realizar detenciones arbitrarias en el país”, apunta el texto.
4.Detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden
Tras las manifestaciones, el Gobierno de Maduro lanzó un amplio operativo para capturar a más de 2.000 personas. La mayoría de estas detenciones se produjeron de manera arbitraria, al tiempo que se ejecutaron decenas de allanamientos de morada sin orden, denuncia el informe.
El terrorismo de Estado también se expresó en “la coordinación represiva entre los diferentes poderes”. Estas prácticas incluyeron “vigilancia, revisión de celulares y detenciones o extorsión de personas por parte de cuerpos de seguridad” en calles, avenidas y hasta aeropuertos del país.
Estas políticas tenían “la intención de generar temor en la población en general y disminuir cualquier expresión o manifestación pública en contra del gobierno nacional”. Así lo describió una ONG que defiende los derechos humanos.
Por su parte, la ONG Provea reportó dos tipos detenciones arbitrarias: las masivas y las selectivas. Estas últimas estaban dirigidas “a dirigentes políticos reconocidos a nivel nacional o dirigentes y activistas políticas regionales o de comunidades específicas”, señala el documento.
Sobre los allanamientos sin orden judicial, el informe apunta: “De conformidad con las denuncias recibidas por familiares en los casos donde se produjeron allanamientos de viviendas los funcionarios no presentaron orden judicial de allanamiento y en algunos casos ingresaron mediante el uso de la violencia afectando no solo a la persona detenida sino también a sus familiares”.
5. Violaciones laborales y a la identidad
El informe recoge, de igual forma, las políticas de terrorismo de Estado en los espacios laborales de los empleados públicos de Venezuela.
Se evidenció un incremento de despidos en oficinas estatales por motivos políticos. Este hecho que se complementó con la inobservancia de estos casos que hizo la inspectoría del trabajo.
El documento recuerda que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el despido de decenas de trabajadores de los medios públicos. Aquí se cita despidos en VTV y RNV de personal que apoyó en las redes sociales algunos mensajes de políticos opositores o que escribieran la palabra “fraude” en sus estados de la aplicación de mensajería WhatsApp.
En tanto que empleados de PDVSA y otros ministerios fueron obligados a renunciar por no avalar el controvertido triunfo de Maduro.
El terrorismo de Estado también se expresó en la denegación de identidad para decenas de venezolanos que denunciaron el presunto fraude electoral el 28-J.
“Luego del desconocimiento de la voluntad popular, expresada el pasado 28 de julio de 2024 en elecciones presidenciales, decenas de personas han denunciado la anulación de sus pasaportes vigentes por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)”, reza el texto.
Estas decisiones violan el derecho a la nacionalidad, a la identidad y al libre tránsito, apunta el informe.
Por todo esto, las organizaciones piden a la comunidad internacional que mantenga los “esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para allanar el camino a una transición a la democracia” en Venezuela.
De igual forma, exigieron que que no se reconozcan los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio. Agregaron que el reconocimiento pasa por la publicación de los “resultados detallados de las elecciones y se permita una revisión forense electoral”.
Leer también:
#EnClaves | Panel de Expertos de la ONU se suma al coro de voces que señala irregularidades del 28J
Participa en la conversación