Artículos de uso personal, comida, hidratación, sábanas y colchonetas reciben los parientes de los detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, desde que pernoctan en las adyacencias de estos recintos a la espera de la libertad de sus seres queridos.
Caracas. Termos con café, envases con comida para distintos momentos del día y meriendas para «matar la ansiedad» , son algunos donativos que reciben las familias que por necesidad pasan sus noches en las cercanías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Policía Nacional Bolivariana, ambas en Boleíta.
Algunos familiares se trasladaron de estados como Zulia, Apure y Carabobo hasta Caracas. Sin embargo, a los parientes también las acompañan quienes residen en ciudades cercanas a la capital, como Guatire, estado Miranda, aunque no pueden costear de forma seguida los pasajes.
«También nos prestan el baño. La verdad es que la gente de alrededor se ha portado bien. A veces les ofrecemos a los mismos guardias que están ahí», relata una mujer, quien prefirió mantenerse bajo anonimato por medidas de seguridad.
El domingo, 11 de enero, las familias que tenían meses, y hasta un año, sin derecho a las visitas, en la Dgcim, tuvieron la oportunidad de ver a sus parientes. Esta sede es uno de los centros de reclusión de personas detenidas por motivos políticos, especialmente de militares disidentes y civiles acusados por delitos como traición a la patria y terrorismo.
Desde el anuncio de la excarcelación de “un número importante” de personas, hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el 8 de enero, los familiares se mantienen en las adyacencias de los penales como Tocorón, Yare II y Rodeo I, así como en centros de detención de la Dgcim, PNB y otros calabozos policiales en el interior de Venezuela, con la esperanza de que los suyos estén “libres”.
A la fecha, el Foro Penal venezolano confirmó un total de 56 excarcelaciones, de las 116 reportadas este lunes, 12 de enero, por el Ministerio de Servicio Penitenciario.
Seguir por la solidaridad
Anaís se dispuso a preparar comida para las personas que estaban en la PNB conocida como la antigua zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, en Boleíta, luego de ver un video en TikTok.
“Me dio mucha cosa ver por lo que estaban pasando y no lo dudé”, manifiesta mientras saca de su bolso varios recipientes de comida y un botellón con chicha.
Gracias a la solidaridad de algunos ciudadanos las familias que pernoctan en las adyacencias de esta sede de la PNB, que también llegaron el 8 de enero, recibieron donativos de alimentos, colchonetas y sombrillas que han hecho que su estadía sea “más amigable”.
«La gente ha sido muy linda. Como abrieron los negocios de la zona industrial también nos han ofrecido el baño. De verdad la ayuda ha sido mucha y no deja de llegar»,
afirmó una de las que están a la espera.
No existen
Apenas vio el anuncio de las liberaciones, Nelsy Escorcia, de 56 años de edad, viajó desde el estado Zulia, a Caracas, en búsqueda de su esposo, detenido el 26 de noviembre de 2025, en su negocio de comida rápida, en Maracaibo.
«Yo agarré un avión y enseguida me fui para allá», asegura sobre la travesía qué inició desde el día de su aprehensión.
Al principio, Franklin Parra, de 58 años, estuvo privado de libertad en la sede de la PNB de La Quebradita, en Caracas. Allí, a Nelsy le negaron la presencia de su pareja hasta mediados de diciembre. Extraoficialmente conoció que el trasladado fue a Zona 7.
De acuerdo con la información que maneja, Henry fue implicado por «algo que se encontró en su celular». No sabe más.
Junto con él fue detenido Federico Marquín, de 47 años. Denuncia que sufre de epilepsia: «Debe tomar su medicamento. Su familia no tiene posibilidad de viajar, así que yo denuncio por él».
Añade que al momento de la captura, llevada a cabo por funcionarios de la PNB, en Maracaibo, fueron llevados primero a su casa en donde vecinos escucharon que estaban siendo golpeados.
En esta sede, al menos cinco personas tienen familiares que también fueron detenidos el 26 de noviembre en distintos lugares del país. Todos se mantienen en la PNB de Boleíta, donde les insisten en que no están.
La Dgcim
Golpizas, asfixia, descargas eléctricas, privación de sueño y aislamiento son algunas de las formas de tortura física descritas por quienes estuvieron presos en la Dgcim, en Boleíta.
Estas mismas denuncias fueron recogidas por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, la ONG Provea, Foro Penal y Human Rights Watch.
Entre la documentación también se recaba está la muerte bajo custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en el año 2019.
«Gracias a alguien pude saber que mi esposo está bien. Según me dijeron no le han hecho nada», dijo una mujer quien tiene a su esposo, militar, recluído en ese centro desde hace una semana.
Lamenta que la información obtenida se la haya otorgado alguien que le describió a su esposo y le dio fe de su detención allí, y no de manera oficial.
«No entiendo por qué son así. Ni a los peores criminales les prohíben que les entreguen paquetería. Yo no sé si ha podido cambiarse, si está bien. Según la persona que me habló sí le han dado comida. Pero duerme en el piso», expresa entre lágrimas.
Agrega que uno de sus mayores temores era que su esposo fuese víctima de torturas.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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